EscucharLa defensa del diputado Otto Guevara Guth y de su excuñado, un abogado de apellido Ross Araya, le pidió a la Fiscalía la devolución de los ¢41 millones que fueron decomisados, en marzo pasado, al ser hallados dentro de una caja fuerte en las oficinas del Grupo Jurídico Especializado (GJE), en Los Yoses, Montes de Oca.
La gestión la presentó el abogado Federico Campos Calderón el viernes anterior, ante la Fiscalía General de la República, dentro del proceso que el Ministerio Público sigue contra Guevara y contra otro abogado, de apellidos Ross Araya, por los presuntos delitos de legitimación de capitales y falsedad en la declaración jurada.
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Para fundamentar la solicitud, el defensor argumentó que la orden de allanamiento, emitida por los magistrados de la Sala Tercera, delimitó cuales eran los recintos que debían ser inspeccionados.
Según el documento, la fiscal general, Emilia Navas Aparicio, y el juez penal Fernando Mora Gutiérrez revisaron otras oficinas que no estaban autorizados y fue en esos lugares donde estaba la caja fuerte con el dinero, que pertenece a un cliente de la oficina.
Es decir, en criterio del abogado de los investigados, el hallazgo de dinero está viciado de ilegalidad porque se encontró en un aposento que estaba fuera de la autorización judicial.
"Se está abriendo causa penal contra mis representados Guevara Guth y Ross Araya por el supuesto delito de legitimación de capitales, cuando más bien se trata claramente de prueba ilícita o espuria que fue contaminada", dijo el defensor Campos.
Agregó: "Lo que procede es la devolución inmediata del dinero que consta en las actas de secuestro a quien se le confiscó por estar este dinero bajo los supuestos de la prueba ilícita”.
Consultada este sábado la fiscala Emilia Navas sobre este escrito, informó de que no se podía referir al tema pues desconocía la gestión de la defensa del diputado. "El viernes estuve fuera de la oficina en otras diligencias", argumentó.
Pesquisa fiscal
El allanamiento al local del GJE, realizado el 23 de marzo pasado, tenía como objetivo el decomiso de evidencias en un proceso que se le sigue al diputado y excandidato presidencial, Otto Guevara, por el delito de falsedad en una declaración jurada.
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Las acción la ejecutó Emilia Navas –por tratarse de una causa contra un miembro de un supremo poder–, y pretendía recopilar evidencia electrónica y documentación, para analizarla como parte del desarrollo de la investigación.
La pesquisa se tramita en el expediente 18-000040-033-PE y se refiere a declaraciones que Guevara presentó ante la Contraloría General de la República entre mayo del 2014 y el 2017. Supuestamente (Guevara), habría omitido reportar bienes a su nombre, así como la participación en una sociedad anónima.
Sobre esta otra causa, Federico Campos dijo que se está pidiendo la desestimación de la causa porque Otto Guevara no cometió ningún hecho ilícito.
"Omitir informar sobre bienes que son de origen lícito no es ninguna forma de falsedad, de simulación o encubrimiento (...) el delito es encubrir bienes mal habidos u obtenidos de forma ilícita que enriquecen su patrimonio" explicó.
El abogado agregó que, en el documento oficial de declaración jurada que se le facilita a los funcionarios públicos, tampoco existe "un apercibimiento expreso al declarante acerca de que ese reporte debe incluir la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y acciones societarias, bajo la advertencia expresa de que si no lo hace se estaría incurriendo en un delito por omisión".
Campos, que representa legalmente a Guevara y Ross dijo, que las dos causas deben ser desestimadas.
Paralelamente, el diputado Otto Guevara, había presentado una denuncia contra la Fiscala General de la República y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza por supuestamente haber retenido y allanado su vehículo en la calle, “sin ningún tipo de orden”, en medio del caso sobre el cemento chino.
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Dicho hecho habría ocurrido el 29 de noviembre del año anterior.
