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Abogados defensores de los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís participan desde este miércoles en una audiencia en la que solicitan modificar la medida cautelar de prisión preventiva, que afrontan ambos investigados por el Caso Cochinilla.
La audiencia privada se desarrolla en el tercer piso del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea y según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, únicamente las partes del proceso tienen acceso. La misma continuará este jueves a la 1:30 p. m.
Ambos empresarios permanecen tras las rejas, luego de que el 14 de junio se les detuvo como parte de los 57 allanamientos realizados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntas irregularidades en contratos viales.
Dichas anomalías habrían provocado entre el 2018 y el primer trimestre del 2021 un déficit de ¢78.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad.
Al cumplirse tres meses del arresto, los partes tienen derecho de solicitar una revisión a las medidas impuestas y así lo solicitaron los abogados defensores, que se oponen a la prisión de sus clientes.
De acuerdo con el abogado Erick Ramos, defensor de Cerdas, todavía no se puede referir al proceso por respeto a las partes.
“No puedo dar detalles porque no ha terminado y por la etapa en que nos encontramos”, agregó.
Sobre su cliente, afirmó que se encuentra bien de salud y a la expectativa de lo que acontezca.
La defensa de Mélida Solís también había presentado la semana pasada un incidente de enfermedad, por lo que el Juzgado decidió citarla para ver ambas gestiones en la misma audiencia.
Cerdas, de 61 años y Solís, de la misma edad, estuvieron desde las 10 a. m. y hasta las 4:30 p. m. en tribunales.
Una vez que los defensores expongan sus alegatos y el juez escuche también la posición de la Fiscalía, determinará si acoge o rechaza la petición de los abogados.
Recuento del proceso
Mélida Solís estuvo los primeros días (en junio) en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fue hasta el 19 de julio cuando ingresó al centro de Atención Institucional Vilma Curling, más conocido como El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados.
Por su parte, Carlos Cerdas ingresó el 22 de julio a prisión en La Reforma, en San Rafael de Alajuela, debido a que tuvo que esperar espacio en las saturadas cárceles del sistema penitenciario.
Luego de cumplir el periodo de aislamiento por medidas sanitarias de covid-19 en máxima seguridad, fue trasladado al Centro de Atención Institucional San José, anteriormente conocido como San Sebastián.
Ambos habían otorgado inicialmente una fianza para no ir a la cárcel, que originalmente fue admitida por la jueza Carolina Lizano, pero en una audiencia de apelación planteada por la Fiscalía, el juez Hugo Porter derogó esa fianza en la resolución N.° 249-2021, al declarar como “no adecuadas” las medidas y ambos tuvieron que ir a prisión.
El Juzgado Penal de Hacienda dictó contra ellos cuatro meses de prisión preventiva el 19 de julio y ordenó su envío a prisión. Cerdas fue detenido ese día en las cercanías de Multiplaza de Escazú, mientras que a Solís la arrestaron al presentarse a los Tribunales de Goicoechea.
En total, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indagó a 75 personas relacionadas con presunta corrupción en obras viales del Caso Cochinilla, pero solo contra ellos dos se dictó cárcel.
Se trata de funcionarios públicos y privados, así como personas particulares sin vinculación a empresas. También se llamó a declarar a los representantes de 12 empresas privadas cuya vinculación con el caso investiga la Fiscalía.
Según la investigación del OIJ unos 36 funcionarios del Conavi y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habrían recibido al menos 100 dádivas entre noviembre del 2019 y julio del 2020.
A lo largo de esos 21 meses, los aparentes sobornos fueron otorgados por 33 personeros de empresas constructoras y firmas de inspección de proyectos viales, a cambio de que se les pagaran facturas de forma expedita, o bien, obtener ventajas como la exclusión de firmas competidoras en licitaciones de obra pública.
