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La audiencia de apelación a la prórroga de medidas cautelares por el Caso Cochinilla, enfrentó problemas procesales y de conexión que impidieron a los abogados exponer sus criterios en contra de las medidas dictadas a sus clientes. Este lunes, los defensores de los empresarios Mélida Solís, de la constructora H Solís y Carlos Cerdas, de MECO, pretendían solicitar una medida alterna a la prisión preventiva.
Sin embargo, la jueza titular, Ericka Calvo, no pudo asistir por reportarse con covid-19; el segundo juez designado, Sergio Quesada, se inhibió por su relación de cercana con el abogado codefensor de Mélida Solís, Erick Gatgens y contra la tercera jueza, Ilse Pérez, se presentó una recusación porque es auxiliar judicial personal del licenciado Hugo Porter, quien fue el juez que tuvo a cargo la audiencia donde se dictaron las últimas medidas, vigentes desde octubre del 2021 y que mantienen en prisión a Solís y Cerdas.
“Es inaudito que sin la experiencia que compete para analizar este caso tan delicado y relevante, se nombre a una auxiliar judicial que además tiene conocimiento previo de todas y cada uno de las resoluciones del juez Porter”, expresaron los defensores de Mélida Solís en un comunicado. Todo eso, unido a los atrasos en la conexión a la plataforma Teams, dio al traste con la audiencia que está planeada para toda esta semana.
El primero de los abogados en exponer era Gatgens, pero no pudo hacerlo. Luego seguirían aproximadamente otros 10 defensores, así como la representación de la Fiscalía, de modo que en el transcurso de los siguientes días se esperan múltiples ponencias.
La empresaria Mélida Solís no asistirá a la audiencia, dado que por quebrantos de salud prefiere no exponerse a un eventual contagio por covid-19. El que sí asiste personalmente es el gerente de Meco, Carlos Cerdas y le acompaña su codefensor Rodrigo Arias Rojas.
Con el argumento de que han variado las condiciones iniciales por las que se ordenó prisión preventiva contra los empresarios Solís y Cerdas, sus defensores estaban listos para pedir el cambio de esa medida cautelar por otras menos gravosas en la causa que se les sigue por presunta malversación de fondos públicos, conocida como Caso Cochinilla.
Mélida Solís ingresó a prisión en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling, conocido como El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados, el 19 de julio del año pasado y tres días después correspondió el ingreso de Carlos Cerdas, al Centro de Atención Institucional San José, conocido como San Sebastián.
Cálculo errado
El asunto que los involucra se remonta al 14 de junio del año pasado cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron 57 allanamientos para detener a 30 personas por supuestos delitos cohecho, peculado, tráfico de influencias, malversación de fondos y otros relacionados con obras públicas, que habrían generado un déficit por ¢78.000 millones en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entre el 2018 y el 2021, conocido como Caso Cochinilla.
Desde finales del año pasado la defensa de los empresarios sostiene que ese déficit en el Conavi no constituye un perjuicio económico a raíz del caso investigado y que se debe más bien a que no se hizo una transferencia de fondos del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Obras Ṕúblicas y Transportes, lo cual cambia el escenario inicial sobre la magnitud del daño, razón por la cual estiman que la prórroga de medidas impuesta carece de fundamentación.
“El tema fundamental está relacionado con algo que me parece muy grave y es que sigan en prisión preventiva por un supuesto daño que el mismo perito del OIJ estableció que no se había cometido. Se habla de haber causado un daño por ¢78.000 millones y eso no se le puede seguir atribuyendo a ninguna de las empresas, pues la misma exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, señaló ante diputados que la recibieron en la Asamblea, que esos ¢78.000 millones eran el déficit presupuestario que tenía en Conavi para hacer frente a las obras que ejecutaba. Ese monto no tiene absolutamente nada que ver con el supuesto daño atribuido”, dijo Erick Gatgens, codefensor de Mélida Solís.
Los defensores de los empresarios proponen que se acepte una fianza por $3 millones que originalmente el Juzgado pedía a la empresaria Solís para garantizar su apego a la causa y de $5 millones a Carlos Cerdas, o bien otras medidas menos graves, como el monitoreo electrónico.
Fundamentación defectuosa
Rodrigo Arias Rojas, codefensor de Carlos Cerdas, informó de por respeto al juez o la jueza que tenga que conocer los recursos, y debido a que aún nadie ha expuesto, no puede brindar detalles específicos, pero en el caso de Carlos Cerdas atacarán errores y vacíos que presenta la decisión judicial del 26 de octubre del año pasado.
“La consecuencia que establece el ordenamiento jurídico nuestro para una decisión que no esté debidamente fundamentada, es que se decrete la ineficacia de lo que fue resuelto”, dijo. Lo anterior en relación con el rechazo a una serie de medidas cautelares atenuadas, diferentes a la prisión preventiva que en aquella ocasión presentó la defensa de Carlos Cerdas, entre las que se incluía el pago de la fianza, las cuales no fueron acogidas.
