EscucharQuince meses después de que explotara el escándalo por supuesta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad, la cual generó un déficit que inicialmente se dijo que rondaba los ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020, los abogados de los empresarios investigados en este caso cargan sus críticas a la lentitud del proceso judicial.
Según Erick Ramos, defensor del empresario de MECO Carlos Cerdas, desde el 14 de junio del 2021 a la fecha, el Ministerio Público ha desperdiciado el tiempo, no ha avanzado en la investigación y la ha debilitado.
Añade que la Fiscalía ha establecido que va a entrevistar a 208 personas y actualmente llevan ocho, es decir, un promedio de una cada dos meses, por lo que se ocuparían 400 meses para evacuar los testigos y a ese ritmo es imposible restringir la libertad de las personas, en alusión a las medidas cautelares que han cumplido los involucrados en el proceso.
También calificó como una arbitrariedad el hecho de que el Ministerio Público intentó abrir la prueba de las computadoras sin la participación de un juez y con limitada participación de la defensa, por medio de la plataforma Teams. Lo anterior, estima, hace imposible el control y por eso destacó que un juez subsanó a tiempo el defecto y detuvo esa forma de accionar.
Para su colega Erick Gatgens, abogado de la empresaria Mélida Solís, de H Solís, aunque la Fiscalía dice que está llevando a cabo las diligencias procesales necesarias para evacuar y analizar la prueba pertinente, él considera que el proceso va lento y tardará muchos años, por ser un caso tan complejo.
Ramos agrega que las actuaciones “prematuras, arbitrarias y contrarias a la ley” son las que tienen atascado el proceso de investigación por el Caso Cochinilla. Esas afirmaciones las hizo el abogado poco después de conocer que la noche de este lunes el Juzgado Penal de Hacienda ordenó eliminar la medida de casa por cárcel que pesaba contra su cliente Carlos Cerdas; lo mismo que contra Mélida Solís.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) apeló durante la audiencia la resolución dictada anoche, por lo que ahora se espera a que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública programe una nueva vista en la cual reiterarán su posición en contra de lo acordado.
El Ministerio Público había solicitado la prórroga de las medidas cautelares vigentes por seis meses más contra los investigados; sin embargo, el Juzgado Penal rechazó esa petición.
Cuestionamiento a la cifra de aparente daño al Estado
Tanto Ramos como Gatgens sostienen que este lunes, cuando se avaló un cambio en las medidas cautelares de sus representados, fue esencial la valoración que hizo el juez a cargo, donde expresamente señaló durante la audiencia que no existen pruebas para determinar que el monto del supuesto déficit del Conavi fuera por ¢78.000 millones, como lo mencionaron las autoridades judiciales a mediados del 2021.
Para Ramos, esa circunstancia es muy relevante ya que permite saber que se trató de “afirmaciones temerarias” y que años después de iniciado el proceso (2017), que tuvo la fase de operativos y arrestos el 14 de junio del 2021, no hay un solo elemento de juicio que permita al juez establecer esa circunstancia.
Según dijo, lo más importante es “que todo apunta a la inexistencia del daño”, afirmó.
Esa versión fue compartida por su colega Erick Gatgens, defensor de la empresaria Mélida Solís, al explicar que el juez a cargo, Félix Castellón Ruiz, desacreditó que hubiese un daño por ¢78.000 milllones, como el que se manejó en junio del año pasado.
Durante la audiencia verbal que transcurrió entre las 8 p. m. y casi las 11 p. m. de este lunes en los Tribunales de Goicoechea, “el juez estableció que ese monto ya está completamente desacreditado”, dijo Gatgens.
Añadió que ni siquiera el Ministerio Público ha insistido sobre ello y que no se encuentra ninguna evidencia que venga a señalar nada al respecto.
Sobre el perjuicio económico, la Fiscalía indicó que no se puede referir, ya que se trata de un tema de fondo de la investigación, el cual está cubierto por el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Opuestos a cárcel
Sobre el cambio en las medidas privativas de libertad, Erick Ramos dijo que era absolutamente innecesaria la prisión preventiva y el arresto domiciliario para su cliente. Calificó de gravosas esas medidas y dice que no había ningún elemento de juicio para establecer que Carlos Cerdas fuera a evadir la acción de la justicia.
Lo anterior, debido a que Cerdas está sometido al proceso desde el 2017 de manera voluntaria, incluso antes de que ocurrieran los allanamientos y “esa vorágine” que creó el Ministerio Público a partir del 14 de junio de 2021.
Añade que Cerdas cumplió todas las medidas, dando muestras de su interés por estar subordinado al proceso de administración de justicia.
Sobre el resto de medidas que todavía prevalecen contra su cliente, dijo que es una forma que tiene el juez para asegurar el proceso mientras la investigación continua. Cerdas tiene impedimento de salida del país, no tiene pasaporte y no se le pueden emitir nuevos, tampoco puede acercarse a testigos y sigue en pie la fianza rendida, por $10 millones.
Por su parte, Erick Gatgens, defesor de Mélida Solís, afirma que se causó un gran daño a las personas y a las empresas al dictarles penas de prisión, máxime que fueron basadas en un supuesto daño por un monto sobredimensionado.
“Siempre sostuvimos que la prisión preventiva que se dictó a mi clienta, era completamente ilegítima y arbitraria”, dijo Gatgens, quien ahora se va a centrar en aclarar otros hechos que se le atribuyen a la empresaria, tales como el pago de dádivas para el pronto pago de facturas, lo cual, según afirmó, tampoco ha quedado demostrado.
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FUENTE: GleNn Calvo, fiscal Caso Cochinilla. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
