EscucharLa Defensoría de los Habitantes consultó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) si existía un expediente abierto de la niña de 13 años que tuvo una bebé, la cual le fue arrebatada el pasado domingo en Alvarado de Cartago, y es buscada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Para la Defensoría es importante conocer si existe en el PANI un expediente sobre las personas que debían dar protección a la persona menor de edad, y si conocía de referencias que pudieron derivar las distintas instancias que están obligadas a reportar la violación en personas menores de 13 años y las relaciones impropias de personas mayores de 13 años”, señaló la institución este miércoles en un comunicado de prensa.
La entidad mencionó al Ministerio de Educación Pública (MEP), al hospital donde nació la bebé de nueve meses o a trabajadores sociales como las posibles instancias que pudieron denunciar ante el PANI.
De igual forma, la Defensoría consultó si existe un expediente administrativo que permita conocer cuáles medidas especiales de protección sobre la menor de 13 años existían antes y después del suceso del domingo, así como si había un seguimiento a su hogar, y un plan de intervención que debía ser seguido por los miembros de la familia.
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La sustracción de la bebé fue reportada cerca del mediodía de este domingo 9 de abril. Fotografía suministrada por el OIJ.
El PANI también fue instado a entregar una copia de las acciones adoptadas, y de la denuncia penal interpuesta por el delito de violación, pues la niña tenía 12 años cuando tuvo a su bebé, Keibril Amira García Amador. El Código Penal establece que cualquier relación sexual con una persona menor de 13 años se tipifica como violación.
La Defensoría, además, pidió conocer en cuál alternativa de protección se encuentra la adolescente, luego de que la presidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, afirmara que la menor se encuentra protegida.
La institución buscó “también indicar si es el PANI la entidad que solicitó el proceso de identificación de paternidad del supuesto agresor sexual, o si es parte del proceso que realiza el Ministerio Público”.
Lista de requerimientos
Asimismo, pidió un informe sobre los programas con que cuenta la Dirección Regional de Cartago del PANI para atender la problemática del embarazo adolescente, relaciones impropias y violencia basada en género contra las mujeres, además de los planes de acompañamiento para garantizar la permanencia educativa de las personas adolescentes, programas de atención en salud sexual y reproductiva, y salud mental.
Finalmente, la Defensoría consultó al Ministerio de Seguridad Pública si las delegaciones policiales cercanas a la casa de la adolescente recibieron alertas sobre violencia doméstica en ese lugar.
Este miércoles, en la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chaves, López Fuscaldo fue consultada sobre si la entidad ya había abordado este caso antes del domingo; sin embargo, la jerarca evitó referirse al tema.
“Hemos tenido toda clase de solicitudes de información, pero ustedes entenderán, señores y señoras periodistas, que yo no puedo bajo ningún concepto, estando en etapa de investigación clave, poner en riesgo esta investigación”, declaró López.
El reporte de la sustracción de la bebé llegó a las autoridades cerca del mediodía del domingo, cuando la joven de 13 años caminaba en vía pública con su hija en el coche.
El padrastro de la adolescente, un hombre de 33 años de apellido Casasola, fue detenido como el principal sospechoso y cumple seis meses de prisión preventiva. A Casasola se le realizó una prueba de ADN para determinar si es el papá de la bebé, y de ser así, enfrentaría un proceso por el delito de violación, por el cual podría recibir hasta 18 años de cárcel.
Este miércoles, el OIJ trasladó su operativo de la búsqueda de la bebé hasta el cauce de un río en Pacayas de Alvarado, Cartago, luego de tres días de búsqueda en una finca en Juan Viñas de Jiménez.
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