El delantero del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández Campanioni, sabrá el próximo viernes 7 de agosto si deberá afrontar un juicio por cuatro acusaciones de violación.
De acuerdo con el departamento de prensa del Poder Judicial, el Juzgado Penal de Cartago informó de que la diligencia arrancará a las 8:30 a. m.
Inicialmente, esta audiencia preliminar estaba prevista para el 10 de julio anterior, pero la confirmación de un caso positivo de covid-19 en la familia de uno de los jugadores del equipo de la Vieja Metrópoli obligó a su postergación.
La nueva fecha para realizar la vista se da a conocer en medio de una serie de rumores sobre el futuro futbolístico del atacante, los cuales fueron catalogados como “infundados” por el presidente del cuadro blanquiazul, Leonardo Vargas.
En los últimos días trascendió que el Deportivo Saprissa tenía interés en el ariete cubano; sin embargo, el conjunto tibaseño no confirmó ni descartó su interés.
La cláusula de rescisión para que Hernández juegue en otro equipo es de ¢88 millones.
El delantero, de 31 años, llegó a las filas blanquiazules para el Torneo de Apertura 2018 y es una de las principales figuras del club.
Los hechos
Marcel Hernández fue acusado por la Fiscalía de cuatro delitos de violación en perjuicio de una menor de edad.
Según la acusación, presentada en noviembre del 2019, el futbolista habría cometido los delitos en agosto del 2018, cuando la víctima tenía 16 años.
No obstante, no fue hasta el 3 de octubre de ese mismo año que la ofendida lo denunció. Por ello, las autoridades hicieron un allanamiento en la casa del jugador, en barrio Asís de Cartago.
Ese día, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró recabar evidencia para incluir al expediente 18-002837-0345-PE.
Luego de conocer que la Fiscalía pidió elevar su caso a juicio, el jugador aseguró a La Nación que confiaba salir bien librado de la situación.
“Soy inocente y creo que los jueces costarricenses me harán justicia”, afirmó en aquella ocasión.
Actualmente Hernández tiene impedimento de salida del país, debe firmar una vez al mes, mantener un domicilio fijo y prohibición de acercarse a la víctima o testigos del caso.
El año pasado, cuando se ratificaron las medidas cautelares, el abogado del atacante, Raymundo Pérez Castillo, sostuvo que su defendido no es responsable de violación y que todo apunta “a una relación romántica o voluntaria, aunque impropia”.
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