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Un vigilante privado de una empresa de cítricos en la zona norte trabajó 26 años y siete meses con una jornada de dos días en jornada diurna (de 6 a.m. a 6 p.m.), dos días en horario nocturno (de 6 p.m. a 6 a.m.) y dos días libres y así sucesivamente, hasta completar el mes.
La firma le pagó de forma puntual hasta el 20 de abril del 2015, cuando el guarda de 57 años y vecino del poblado los Chiles, en el distrito de Aguas Zarcas, cantón de San Carlos, fue despedido con responsabilidad patronal.
Sin embargo, este vigilante demandó a su antiguo patrón. Le solicitó el pago de 12.728 horas extras diurnas y 19.012 horas extras nocturnas, pues alegó que esos rubros se los dejaron de pagar desde el 20 de setiembre de 1988 hasta el día de su despido.
El 6 de noviembre del año pasado, el Juzgado Civil y de Trabajo de Goicoechea en la sentencia 325-2017, le dio la razón al trabajador y condenó a la empresa a pagarle ¢63 millones.
Este caso, que está en apelación en el Tribunal de Trabajo de Goicoechea, es solo un ejemplo de una avalancha de acciones legales que emprendieron los oficiales de seguridad privada contra los empleadores porque no les pagaron las horas extras.
Proceso de cambio
Eric Koberg Herrera, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES) dijo que esa corriente de acciones judiciales se acrecentó muchísimo cuando entró en funcionamiento la Reforma Procesal Laboral (el 25 de julio del 2017).
“Esa ley abrió nuevas posibilidades de demanda por las discriminaciones (...); también se generó un negocio para algunos abogados que se dedicaron a buscar agentes de seguridad y a comprarles las demandas (...). Las cinco empresas más grandes enfrentan unas 1.500 demandas que deben rondar los ¢20.123 millones”, manifestó.
En su criterio, el sector empresarial dedicado a la seguridad está en proceso de cambio y de formalización, lo cual calificó como muy acertado. Sin embargo, dijo que le preocupa que surjan empresas informales, que podrían operar con precios bajos pero al margen de las regulaciones.
Roberto Méndez Retana, director de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, admitió que la nueva legislación obligó a las compañías a ajustar los horarios a ocho horas diarias y al pago de las jornadas extraordinarias.
“A mediados del año anterior, seis empresas pequeñas nos informaron de que no podían continuar con las nuevas regulaciones. El daño colateral fue mínimo porque ellos liquidaron a los empleados y les pagaron todas las cargas sociales”, agregó.
Empero, hizo ver que en diciembre pasado, las firmas Seguridad Delta y Seguridad Universal cerraron y quedaron debiendo a sus empleados la primera quincena de noviembre, el aguinaldo, el preaviso y la cesantía. Se estima que esa decisión afectó a cerca de 800 empleados.
Freddy Aikman Espinoza, juez coordinador del Juzgado de Trabajo de San José, confirmó que en ese despacho “se presentaron 325 demandas contra una empresa de seguridad que cerró un contrato de trabajo con su proveedor. Además, existen aproximadamente otros 300 expedientes contra otra empresa de seguridad”.
La Nación intentó localizar al representante legal y presidente de ambas compañías, un hombre de apellidos Mora Mayorga, pero no respondió los teléfonos que aparecen a su nombre. También el sitio web de la compañía fue cerrado.
Incobrables
Según el abogado Rafael Rodríguez Salazar, presidente de la Asociación Costarricense de Guardas y Vigilantes de Seguridad, durante años el oficio de vigilante privado fue objeto de abusos laborales y fue hasta pocos meses antes de que entrara en vigor la ley procesal, que los empleadores de estos oficiales comenzaron a ponerse a derecho.
Señaló que en los últimos dos años presentó más de 1.000 demandas tanto contra firmas de seguridad como contra compañías independientes, porque la mayoría no pagó las horas extras a esos trabajadores.
“Después de la publicación de la ley de reforma procesal, estoy planteando a los juzgados un promedio de 20 demandas mensuales, pero el problema de las demandas laborales no es presentarlas sino poder cobrarlas”, relató.
Rodríguez precisó que contra Delta tenía 15 demandas que “estaban en proceso de ejecución y ahora no tenemos forma de cobrar”, pues advirtió de que la firma, en este momento, no tiene “absolutamente nada”.
Para tomar en cuenta
¿Por qué surgen las demandas?
Durante 17 años se mantuvo el horario denominado 2 x 2 x 2, en el cual el oficial trabajaba dos días en jornada diurna, dos días de noche y luego tenía dos días libres. Eran turnos de 12 horas y no se reconocían las horas extras.
¿Cuál es el salario de un guarda privado?
El salario mínimo para el 2018 es de ¢323.028.00. La hora extra diurna tiene un valor de de ¢2.018,91; la hora extra nocturna, de ¢2.691,89 y la mixta, de ¢2.307,33.
¿Cuánto tiempo tardan los procesos laborales?
La notificación a la empresa demandada se hace en un promedio de 15 días. Esperando fecha de juicio, pasan unos siete meses. Luego del debate, suelen pasar cinco días para conocer sentencia. Después, la apelación puede tardar año y medio.
Aparte de la empresa de seguridad, ¿hay otros responsables?
El Código de Trabajo, en el artículo 3, establece que en caso de una demanda judicial, el intermediario o la persona que contrata los servicios es solidariamente responsable. Los abogados están acudiendo a esta figura en las últimas demandas.
Fuente: Juzgado de Trabajo de San José y abogado Rafael Rodríguez
Empresas se 'mudan'
Cambiar el nombre de la compañía usando otra razón social con nuevos socios, pero utilizando los mismos equipos y personal, es uno de los métodos que usan las compañías de seguridad para evadir sus responsabilidades sociales y judiciales.
El hecho lo dio a conocer Roberto Méndez Retana, director de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, quien agregó que ese método es conocido como “mudar las empresas”.
El funcionario precisó que perdieron el rastro de 16 firmas luego de que estas dejaran deudas por ¢1.200 millones a la seguridad social. Ese dinero lo debía recaudar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Méndez dijo que debido a esas situaciones, se incrementaron las labores de control y fiscalización, pero reconoció que cuando detectan anomalías, las sanciones que pueden imponer “son multas ridículas”.
En tanto, Eric Koberg Herrera, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), admitió que "hay un grupo de empresas que se están informalizando".
Explicó que esa "informalización" es cuando las empresas solo reportan a la Caja el pago del salario mínimo, pues las extras se las pagan a los servidores en efectivo.
“Eso lo hacen con la venia del empleado que lo quiere es la plata. El empleado no se está dando cuenta de que se están viendo afectados el ROP (Fondo de Pensión Obligatoria) y el FCL (Fondo de Capacitación Laboral). Es plata que no se reporta, que el día en que los despidan, no se lo van a pagar en su liquidación ni en su aguinaldo. Y los empleados, por temor a que los despidan, no denuncian”, dijo Eric Koberg.
Para el abogado Rafael Rodríguez, los cambios de nombres de las empresas no son un hecho nuevo. Él lo atribuyó a la falta de control por parte de Seguridad Pública.
"Las empresas se creaban con una persona jurídica que se llenaba de deudas y demandas y cuando la situación era incontrolable, creaban otra empresa. Eran los mismos funcionarios y el mismo personal, que lo trasladaban. Si tenían un contrato, se lo cedían a las nuevas empresas
"Funcionan con una máscara diferente, con un dueño que está escondido para no tener la responsabilidad de las deudas", concluyó el litigante.
