EscucharCinco estructuras levantadas en terrenos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) fueron demolidas este martes debido a que eran utilizadas para presuntas actividades del narcotráfico.
La Fiscalía abrió investigaciones por usurpación de bienes públicos en las cercanías del río Moín, Limón. Aunque no se han identificado personas, las pesquisas continúan.
Una de las estructuras demolidas, conocida como “El Castillo”, está vinculada a un sujeto de apellido Brautigan, detenido en Estados Unidos, según la Fiscalía.
La destrucción fue ordenada por el Ministerio Público de Limón, con el apoyo de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la sección especializada en Delitos Medioambientales y Bienestar Animal, así como el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fuerza Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las labores comenzaron por la mañana y una vez retirados los escombros, los terrenos volverán a estar bajo el control del ICT.
No se brindaron detalles sobre el valor de las estructuras, su fecha de construcción ni si contaban con permisos de la Municipalidad de Limón u otras entidades públicas.
Las investigaciones por la usurpación de terrenos se llevan a cabo en los expedientes 23-000567-0472-PE; 23-000570-0472-PE; 23-000572-0472-PE; 23-000571-0472-PE y 23-000568-0472-PE.
Con bienes estatales
En febrero las autoridades demolieron otra propiedad cercana a las derribadas este martes, las cuales también eran propiedad del ICT y se usaban como almacén del narcotráfico. En esa ocasión, 200 agentes del OIJ ejecutaron 10 órdenes de demolición y desalojo de propiedades ubicadas en la zona marítimo-terrestre.
Se identificaron a nueve sospechosos de apellidos González Cabezas, Ocampo Bustos, González Ocampo, Bravo Rodríguez, Lazo Suazo, Viales López, Mora Segura, Godínez Walcott y González Martinez.
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Otro caso similar ocurrió en el 2021, cuando un juez ordenó demoler un enclave portuario en Portete, Limón, construido de manera ilegal durante las noches y fines de semana entre el 2014 y 2015, en un área de 22.000 metros cuadrados.
Tras una denuncia presentada por un oficial de la policía administrativa, la Fiscalía Adjunta de Limón y el OIJ abrieron una investigación por posibles delitos ambientales y el 18 de agosto del 2015 allanaron el sitio.
En el lugar había un muelle de cemento de 55 metros de largo, en un área de 712 metros cuadrados y que permitía el atraque de embarcaciones de gran tamaño.
Además, otros seis atracaderos más pequeños. También tenía siete bodegas de cemento con techo reforzado y puertas de hierro, taller mecánico, fábrica de hielo, estación de combustible y un astillero.
Una parte del área de los muelles estaba bordeada con tapias y tenía al menos cinco entradas con portones eléctricos fabricados con láminas de hierro y vigilado con cámaras de seguridad.
