Un privado de libertad lideraba desde su celda, en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, una banda dedicada a cometer estafas, la cual invertía sus ganancias en vehículos, lujosas joyas y productos financieros.

Se trata de un hombre de apellidos Quirós Lara, quien descuenta una pena por homicidio y se alió con otro recluso, apellidado Cordero Largaespada, para conformar una organización.

Dentro del grupo había familiares de ambos sujetos, contadores públicos y privados, reclutadores de personas que se convirtieron en cuentas destino, así como una mujer que se encargaba de analizar el perfil de potenciales víctimas.

Mediante una investigación de ocho meses, entre abril y diciembre del 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró establecer que cada acción empleada por el grupo obedecía a una orden de Quirós.

Asimismo, se determinó que todas las llamadas para estafar a la población eran realizadas por Cordero, quien a pesar de estar tras las rejas contaba con todas las facilidades para contactar telefónicamente a los ofendidos y hacerse pasar por un funcionario público o bancario a diversas personas.

Según los datos facilitados por la Policía Judicial este miércoles, después de 17 allanamientos para desarticular a la organización, se estima que en el periodo de investigación la banda estafó por más de ¢300 millones.

En total, además de trasladar al Ministerio Público a los dos reos, se capturó a otras 14 personas, quienes quedaron a las órdenes de esa institución para establecer su situación jurídica.

“Estos dos sujetos (Quirós y Cordero) lograron la construcción de una estructura criminal que les permitió operar durante los meses de estudio y que, además, tenía estratos de trabajo, evidentemente ilegales, que sirvieron para obtener los fines que ellos pretendían, esencialmente sacar dinero de las cuentas de las víctimas”, manifestó Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ.

Agregó que fuera de prisión había una parte de la agrupación dedicada a reclutar personas que prestaran sus cuentas corrientes o que, en su defecto, las abrieran con la presunta ayuda de un contador público, de apellidos Mora Álvarez (65 años), o a uno privado, apellidado Vega Ramírez (70), quienes, al parecer, falsificaban certificaciones para que la apertura de las cuentas se hiciera sin problemas.

Miguel Ramírez López, fiscal adjunto de Fraudes y Cibercrimen, llamó la atención de los profesionales y dijo que irán tras aquellas personas que acepten colaborar con grupos delictivos.

“Estamos ingresando a un mundo donde no solo hablamos de una simple llamada o de delincuentes comunes, sino que hay profesionales que se están involucrando en este modo de operar, esto es una llamada de atención a los profesionales porque el Ministerio Público va a estar muy pendiente de este tipo de funcionarios que realicen esa actividad”, recalcó Ramírez.

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Método aleatorio

El jerarca también aseguró que una mujer de apellidos Ramírez Mayorga, de 32 años, recibía un salario mensual por “detectar e identificar a posibles víctimas”.

Para ello, buscaba nombres en el Registro Civil y después, en apariencia, acudía a un método aleatorio para determinar la existencia de cuentas bancarias. No obstante, Espinoza no precisó cómo verificaba si la persona era o no cliente de una entidad específica.

Una vez con los datos en mano, Ramírez daba cuentas a Quirós, quien determinaba cuándo y cómo Cordero debía abordar a las víctimas.

Para los últimos meses de la investigación, aparentemente, el bloqueo celular ya estaba implementado en La Reforma.

El Ministerio de Justicia y Paz aseguró que para el 31 de diciembre anterior la totalidad de los 20 centros estaban con el bloqueo.

Legitimación

De acuerdo con las autoridades, después de obtener el dinero de las víctimas y sacarlo de las cuentas destinos, dos familiares del cabecilla se encargaban de legitimar el dinero mediante la inversión en productos financieros, carros y joyas.

“Dos hermanos de Quirós Lara invertían el dinero en la adquisición de vehículos, productos financieros a nombre de testaferros o terceros que también facilitaban su nombre, guardaban también dinero en efectivo y, además, una parte la invertían en joyas de alto nivel económico”, aseguró Espinoza.

Durante las diligencias, realizadas en Moravia, Goicoechea, Pavas, Cristo Rey, León XIII, Puntarenas, Orotina, Pococí, Grecia, Atenas y Poás, así como en el centro penal, se decomisaron diversas evidencias, que serán incorporadas al expediente del caso, entre estas tarjetas de recarga, libros con la contabilidad de las ganancias, tres vehículos y más de ¢2 millones en efectivo.

Según la causa 20–00800–060–PE, a los detenidos se les vincula con el presunto delito de estafa informática en modalidad de ingeniería social.

Tanto Espinoza como Ramírez hicieron un llamado a la población para que estén conscientes de que ningún funcionario les pedirá información sensible por teléfono o correo electrónico, por lo que ante estas situaciones deben cortar la llamada o borrar la comunicación electrónica.