El propietario de la inmobiliaria Casas Vita fue aprehendido esta mañana en el aeropuerto Juan Santamaría, cuando intentaba salir del país.
El hombre, de apellido Villagra, es investigado por el presunto delito de estafa en perjuicio de al menos 150 personas, quienes compraron un proyecto habitacional de la firma constructora. Según las denuncias, pese al pago que realizaron los ofendidos, estos no han recibido la vivienda.
La información fue confirmada por la Fiscalía Adjunta de Fraudes, luego de recibir una alerta de las autoridades migratorias.
“Tras la alerta de esta mañana, se dispuso la detención para indagarlo por las denuncias nuevas que víctimas interpusieron después del 22 de mayo, día en que la Fiscalía dirigió cinco allanamientos con el objetivo de recolectar prueba”, agrega el comunicado del Ministerio Público.
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Según confirmó la Fiscalía, previo al operativo había 47 denuncias; un mes después la cifra aumentó a 125. Desde finales de junio al día de hoy, el total de denuncias presentadas son aproximadamente 150.
Villagra fue traslado al I Circuito Judicial de San José, donde los fiscales le tomarán la declaración indagatoria por los nuevos hechos y, posteriormente, lo pondrán a la orden del Juzgado Penal de San José para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva.
La causa penal se investiga en el expediente 17-000354-1220-PE.
Una escalada de denuncias
Los problemas por supuestos incumplimientos de Casas Vita se acumulan con el paso de los meses.
El 10 de noviembre del 2017, la Comisión Nacional del Consumidor (CNC) anunció que denunciaría a Casas Vita ante el Ministerio Público, por supuestamente vender proyectos sin estar inscrita en el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC).
Desde entonces, se señalaba a la constructora porque, al parecer, vendió proyectos que nunca se construyeron o que no estaban previamente autorizados por el Ministerio.
Del archivo:
La CNC, adscrita al MEIC, tomó esa resolución en el voto 741-17, luego de analizar el caso presentado por el abogado Mario Alberto Valverde Brenes, quien aseguró representar a más de 30 clientes afectados por incumplimientos de la empresa inmobiliaria.
Seis meses después, en mayo anterior, la Fiscalía allamó dos oficinas de Casas Vita, en Pozos de Santa Ana, San José, y La Guácima de Alajuela, como parte de las investigaciones por el presunto delito de estafa con la venta de propiedades en condominio.
Como imputados figuran tres hombres y una mujer, de apellidos Villagra Martínez, Vargas Ramírez, Murillo Sánchez y Solís Gómez.
Pese a que en aquel momento el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Villagra, el Juzgado Penal de San José decidió dejarlo en libertad y, aparentemente, el fiscal a cargo decidió no apelar la medida.
Por esta razón, la fiscala general, Emilia Navas, decidió separar de la investigación a Jorge Alberto Araya Jiménez y nombrar en su lugar al fiscal adjunto de la Fiscalía de Fraudes, Miguel Navarro.
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