EscucharCerca de diez denuncias por difusión de pornografía infantil ingresaron al Ministerio Público cada semana durante los primeros tres meses del 2022, según datos de la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género.
Las estadísticas de los últimos tres años muestran un aumento considerable en los casos denunciados en lo que va del año, pues en el 2019 la institución recibió 251 denuncias en total, 230 en el 2020, 207 en el 2021 y 136 en el primer trimestre del 2022. Es decir, solo entre enero y marzo pasados la Fiscalía tramitó lo equivalente a un 54% de las denuncias tramitadas en todo el 2019.
Gabriela Alfaro Zúñiga, fiscala adjunta de Asuntos de Género, explicó que estos datos son “un reflejo de que las personas están comprendiendo la importancia de proteger los derechos de los menores de edad, que están dentro de las poblaciones más vulnerables, y que estar expuestos a este tipo de conductas altera todo su desarrollo, no solo sexual sino psicológico y emocional”.
Este tipo de delito se suele dar por medio de redes sociales, cuando sujetos detrás de perfiles falsos intentan generar una relación de confianza con su víctima, al punto de pedirle imágenes o videos pornográficos con fines de difusión en sitios web o incluso para coaccionar, en cuyo caso al delito de difusión de pornografía se le suma el de coacción.
También es usual, explicó la fiscala a La Nación, que el delito lo cometa un estudiante de colegio contra una compañera o conocida de su edad. En estos casos, cuando el denunciado es menor de edad, el proceso lo lleva la Fiscalía Adjunta de Penal Juvenil.
Para los mayores de edad, el Código Penal impone penas que pueden ir de los cinco a nueve años de cárcel “a quien exhiba, difunda, distribuya, financie o comercialice, por cualquier medio y cualquier título, material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz, o Io posea para estos fines”.
Estas penas fueron incrementadas el año anterior, como parte de una ley para combatir el acoso y corrupción de menores de edad por medios electrónicos o virtuales, conocido como grooming.
Alfaro recordó que todas las personas que envíen este tipo de material (no solo quien lo filtró inicialmente) se exponen a enfrentar un proceso judicial, lo que ha llevado a que en una mismo causa haya hasta más de 100 denunciados.
De igual forma, solo poseer contenido pornográfico de menores de edad puede acarrear penas de prisión que van de los dos a los cinco años, según el artículo 173 bis del Código Penal.
Alfaro indicó que el Ministerio Público, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se ha enfocado en generar conciencia entre la población, pues aún hay camino por recorrer para educar a las personas sobre las implicaciones de que menores de edad empiecen a usar Internet en etapas tempranas.
“El acceso que las personas menores de edad tiene a todos los aparatos electrónicos que permiten el acceso a redes sociales y medios de comunicación ha aumentado con el tiempo. Muchas personas menores de edad, a muy corta edad, ya tienen acceso a medios de comunicación, sea por aparatos móviles o por cualquier otro aparato, que incluso en los centros educativos son obligatorios, como tabletas o computadoras personales”, explicó Alfaro.
Asimismo, la fiscala afirmó que muchas víctimas se inhiben de denunciar por sentimientos de culpa al haber enviado imágenes o videos a otras personas. Muchas veces, quienes terminan denunciando son padres de familia o tutores de la víctima que descubren lo sucedido.
Alfaro enfatizó en que el Ministerio Público cuenta con unidades dedicadas a la asistencia de víctimas durante un proceso penal, como el Departamento de Trabajo Social y Psicología, que incluye el Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil.
“Desde el primer momento del inicio del proceso, al recibir la correspondiente denuncia, vamos a hacer la referencia a este programa, y dentro de las personas profesionales se encuentran trabajadores sociales y psicólogos que le van a dar mayor abordaje, a nivel no terapéutico, pero sí de acompañamiento durante todo el proceso para que la víctima conozoca cuáles son sus derechos y cuál va a ser la dinámica dentro de las etapas del proceso penal”, detalló la fiscala.
Casos recientes
En los últimos meses han trascendido diversos casos de difusión de pornografía infantil en Internet.
El pasado 23 de junio, un ‘gamer’ de 29 años, de apellidos Hamilton Cascante, fue capturado en barrio San Juan de Limón, como sospechoso de compartir pornografía infantil con otros usuarios por medio de un sitio web.
Según el reporte del OIJ, se realizó una pesquisa en la que participaron agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen y autoridades estadounidenses, en la que se detectó que un usuario de una plataforma de videojuegos en línea habría compartido material con contenido sexual infantil.
Asimismo, el 5 de mayo, en Puriscal, trascendió que un hombre de apellidos Montenegro Aguilar fue detenido como sospechoso de amenazar a varias personas, entre ellas funcionarios judiciales, que tuvieron a cargo alguna diligencia durante un proceso de investigación que se le sigue por presunta difusión de pornografía infantil.
El OIJ había señalado que, al parecer, desde un mismo perfil de Facebook el sujeto había enviado mensajes amenazantes a una psicóloga del sistema penitenciario, varios miembros del Poder Judicial, así como el hombre que lo denunció el año pasado por el envío de material pornográfico de menores de edad.
