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El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, afirmó este martes que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, “se está sacando de la manga” su interpretación legal para recortar ¢2.000 millones que el OIJ pretendía usar para construir un edificio nuevo en barrio Los Ángeles, en San José.
Zúñiga manifestó, en conferencia de prensa junto al fiscal general, Carlo Díaz, que el OIJ sí cumplió con los criterios de la Ley 10.419, aprobada por el Congreso para variar el uso de las partidas del 2023, y publicada en La Gaceta el 1.° de noviembre.
La intención del Organismo era utilizar el dinero obtenido este año al ahorrar en partidas como horas extra y traslados. No obstante, en respuesta a las afirmaciones de Zúñiga de este lunes, el Ministerio de Hacienda indicó que el cambio de destino de recursos que solicita el OIJ modifica “completamente” el objetivo de la ley, que consiste en disponerlos para acciones inmediatas contra el crimen.
“La incapacidad de ejecución del OIJ, es lo que le impide invertir ¢2.000 millones en los programas para la atención inmediata de la criminalidad, fin último para los que fueron asignados”, indicó Hacienda.
El ministro Acosta aseguró a la prensa este martes que para ejecutar el traslado que pretende el OIJ, se necesitaría de un presupuesto extraordinario, el cual Hacienda ya no tiene tiempo para elaborar y presentar. Añadió que con ese dinero, el Organismo podría comprar armas y hacer más operativos, pero no moverlo al fideicomiso del nuevo edificio.
Al no poder construir el edificio, el cual sería usado para oficinas de investigación y espacios de actividad física, Zúñiga indicó que el OIJ deberá seguir gastando en alquileres, rubro que les cuesta ¢135 millones al mes.
Toda esta disputa ocurre en momentos en los que la Policía Judicial está en la primera línea de combate ante la histórica ola de homicidios, con más de 845 casos en un mismo año calendario, muchos asociados a crimen organizado y narco.
La discordia
El artículo 5 de la Ley 10.419 fue el punto de discordia mencionado por Zúñiga este martes. Dicho artículo modificó las Normas de Ejecución Presupuestaria del 2023, para que las instituciones no puedan destinar los montos producidos en cuatro partidas, una de ellas la de salarios.
El OIJ intenta utilizar el dinero ahorrado en salarios con el argumento de que, ese mismo artículo, señala que la norma no será de aplicación para el Servicio de Investigación Judicial, es decir, empleados del OIJ. Tampoco será de aplicación empleados del Ministerio Público, Defensa Pública y Protección de Víctimas y Testigos.
“Yo quiero poner aquí la gravedad del asunto, no es posible que ya la misma Asamblea Legislativa está haciendo consciencia de la necesidad de cambiar las reglas tan estrictas que ha habido en su momento y que tanto han afectado al país, hasta llegar a la situación en la cual se hace casi imposible tener una lucha de tú a tú con la criminalidad”, dijo el jerarca.
Zúñiga agregó que él ya “tiene por perdidos” los ¢2.000 millones, y teme que en los próximos años ocurra una situación similar, con aún más dinero involucrado.
Manifestó también que, a pesar de estas fricciones, el OIJ mantiene buenas relaciones con entidades del Gobierno como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. “Pero de ahí a que nos den más plata, no, ¿qué nos quiten? Muy probablemente sí”, aseveró.
El fiscal Carlo Díaz, por su parte, indicó que al Ministerio Público no se le permitió trasladar ¢125 millones, y en el caso de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD) fue de ¢911 millones.
“No se nos ha dado presupuesto extraordinario, tenemos una situación excepcional en el país, la situación más alarmante que vive el país en toda su historia, y aun así no tenemos recursos adicionales”, señaló Díaz.
Asimismo, el jefe de la OAPVD, José Ángel Peñaranda, exhortó al Poder Ejecutivo a “que entiendan que no es caprichoso de nuestra parte el querer disponer de estos dineros”. Además, señaló que la oficina ya no tiene contenido presupuestario en varios rubros para proteger a testigos y víctimas, los cuales planeaban solventar gracias a la Ley 10.419.
