EscucharSin contar con el necesario aval de un juez, la directora de Máxima Seguridad, Maribel Mora Campos, permitió que un peligroso reo, de apellidos Alfaro Bustamante y alias Press, saliera de su celda, en marzo del 2020, hacia una clínica privada a realizarse una operación no urgente. El recluso permaneció en ese centro médico durante 18 días y después regresó al centro penal.
Por esos hechos que se conocieron dos semanas después de la intervención quirúrgica, el Ministerio de Justicia abrió una investigación administrativa para determinar bajo cuáles condiciones se dio la salida del reo, a quien se le identifica como un violento y poderoso líder narco de Cahuita, Limón.
Tras varios meses de estudio, la Asesoría Jurídica concluyó que Mora, quien fue devuelta a su puesto de trabajadora social como medida cautelar, incurrió en una falta grave al autorizar ese egreso, por lo que fue suspendida una semana sin goce de salario. La sanción la cumplió en noviembre, según confirmó Justicia ante una consulta de La Nación.
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“La investigación emprendida por el Departamento de Asesoría Jurídica determinó que la funcionaria incurrió en una falta, debido a que el 9 de marzo de 2020, tuvo lugar una salida médica de un privado de libertad de apellido Alfaro al hospital CIMA, sin solicitar previa autorización al Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica (...). En el caso de las salidas médicas de personas sometidas a procesos legales en calidad de indiciados, corresponde a los juzgados emitir las debidas autorizaciones”, justificó la entidad.
Actualmente, la funcionaria de apellido Mora se desempeña como trabajadora social en el Centro de Atención Integral (CAI) Adulto Mayor, mientras que la dirección del Centro Nacional de Atención Específica (CNAE), antigua Máxima Seguridad, está en manos de Antonio Barrantes.
Este hecho no solo quedó en manos administrativas, sino que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos también abrió de oficio una investigación para determinar cómo se gestionó el permiso en el Ministerio de Justicia y determinar si se incurrió en el delito de favorecimiento de evasión.
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Pese a que Justicia determinó a lo interno que sí hubo una falta grave por parte de la funcionaria, el Ministerio Público confirmó a este diario que, tras las pesquisas, no se pudo individualizar a algún sospechoso; es decir, se tramitó contra ignorado. Por ello, el 21 de julio pasado pidió la desestimación de la causa N.° 20-000081-0622-PE ante el Juzgado Penal de Alajuela. La oficina de prensa del Poder Judicial indicó que el despacho acogió la solicitud fiscal el 9 de setiembre pasado.
¿Qué se investigó?
Según indicó el Ministerio de Justicia y Paz en abril del 2020, el centro médico privado giró una orden de admisión y notificó sobre la operación a la clínica de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, la cual da atención a Máxima Seguridad. Trascendió que la intervención quirúrgica no era considerada urgente, porque era de rodillas y de hombros, pero no se obtuvo mayor detalle.
“El personal médico penitenciario constató la existencia de las lesiones (de las que no podríamos ahondar por un tema de derecho a la confidencialidad) y certificó que no podían ser tratadas en el centro médico del penal”, detalló esa cartera.
La salida estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia de la Policía Penitenciaria, la cual se encargó de la logística del traslado, así como de la custodia en la clínica, indicó el departamento de prensa de la institución en aquel momento. “Por motivos de seguridad, no sería posible ofrecer más detalles”, señaló Justicia, pese a que, cuando otros reos de Máxima Seguridad han tenido que salir por situaciones excepcionales, ese ministerio siempre ha brindado el dato de cuántos oficiales participaron en el operativo.
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Una vez que fue intervenido, el reo quedó en recuperación posoperatoria en esa clínica privada y, según Justicia, fue el mismo Juzgado Penal de Limón el que solicitó, durante una audiencia, el 20 de marzo del 2020, que Alfaro se mantuviera en ese centro médico hasta que fuera valorado por Medicatura Forense.
Siete días después, Justicia decidió que, una vez que la persona saliera del centro de salud, “continuará su proceso de recuperación en la clínica del complejo penitenciario de La Reforma”. Justo ese mismo 27 de marzo, Alfaro fue llevado a “una instalación dentro del Complejo Occidente (antigua Reforma)”.
Y Agregó: “Allí se le habilitó un espacio para que pueda recibir atención médica durante su proceso de recuperación”.
Trascendió que, en medio de la recuperación de Alfaro en el hospital, su defensor, cuya identidad se desconoce, pidió cambiar la medida cautelar por otra menos gravosa. Al parecer, él habría pedido que le permitieran a su cliente recuperarse en su casa.
Ante lo cual, el Poder Judicial determinó: “El miércoles 1.° de abril (del 2020) se realizó una audiencia de apelación de medidas cautelares en el Tribunal de Juicio de Limón, en la cual se declaró sin lugar el recurso planteado por el defensor y se mantienen las medidas”.
Un lujoso pescador
Alfaro Bustamante mantenía, como fachada, que era un pescador; sin embargo, según la Policía, lideraba un grupo que tenía su base de operaciones en Talamanca. Al parecer, su banda traía cocaína de Suramérica, la cual canjeaba por marihuana en Jamaica. Esta última droga la introducía al mercado nacional.
Dichas actividades ilícitas, entonces, le permitían vivir rodeado de lujos en el distrito de Cahuita, en Talamanca. Precisamente, cuando lo detuvieron, allanaron varios sitios entre los cuales se encontraban dos viviendas de Alfaro, una en Manzanillo y otra en Hone Creek. En las imágenes de las autoridades se aprecian muebles de lujo y gran cantidad de joyas. Una de estas casas está rodeada de senderos, para disfrutar del área verde.
Durante la acción policial se confiscaron cuatro vehículos: dos Toyota Prado, un Mercedes Benz y un Volkswagen Amarok. Este último es blindado, el cual supuestamente, era utilizado por el líder para movilizarse. También había varias lanchas.
