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Dos vecinos de Alajuela serán las primeras personas en ser juzgadas por cometer un delito en contra de un animal.
El pasado 15 de marzo, el Juzgado Penal de Alajuela elevó el caso a juicio, luego de que no se conciliara en una audiencia preliminar.
A los sospechosos, de apellidos Espinoza Leslie y Zúñiga Palladino, se les acusa de matar a un perro dentro de una vivienda de Rincón de Herrera de La Guácima, Alajuela, en setiembre del 2017.
Los hombres eran los dueños del can y, aparentemente, lo amarraron con una correa a una ventana, pero este no alcanzaba a tocar el piso y murió ahorcado.
“Ambos habrían matado a un perro en calle La Unión, en Rincón de Herrera”, informó el Ministerio Público.
El departamento de prensa del Poder Judicial indicó que en esta causa figura como denunciante Juan Carlos Peralta Víquez, presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA).
Este caso se tramita bajo el expediente 17-0004378-305-PE por el delito de muerte de animal.
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Según el artículo 279 ter de la Ley de Bienestar de los Animales, la muerte de un animal será sancionada con una pena de prisión de tres meses a dos años.
“Se sancionará con pena de prisión de tres meses a dos años, a quien dolosamente, de forma directa o por interpósita persona, cause la muerte de un animal doméstico o domesticado; la misma pena se aplicará cuando la muerte de este sea consecuencia de las conductas descritas en los artículos 279 bis y 279 quinquies (quinto agregado) de esta ley (crueldad animal y peleas de animales)”, precisa el artículo.
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Para Peralta el hecho de que el caso vaya a juicio es importante, tomando en cuenta que actualmente una de las principales falencias que existen es que la ciudadanía denuncia los delitos contra los animales por redes sociales y no ante la Fiscalía o el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como debería ser.
Ante eso, han apostado por capacitaciones con el objetivo de que las personas tengan las herramientas necesarias para acudir a las autoridades judiciales.
En el caso de las organizaciones, estas deben estar inscritas ante el Registro Judicial para interponer la denuncia, mientras que las personas físicas no deben cumplir con ningún requisito, solo deben brindar detalles lo más exactos posibles para que se investigue el caso.
Hasta el pasado 28 de marzo estaban inscritas en ese registro cinco agrupaciones no gubernamentales, que pueden representar los intereses difusos de los animales afectados por algún delito en su contra.
Esos grupos son: Asociación Voluntarios de Corazón de San Pedro de Montes de Oca Sociedad Civil, Asociación Valientes por Siempre, Asociación Cinológica Autónoma Nacional de Costa Rica, Asociación Telemaratón Canina y ABAA.
Luis Marín Schumacher, coordinador regional de la organización Preserve Planet, destacó que cuando se impulsó la ley el objetivo era detener la crueldad contra los animales, pero están conscientes que aún hay camino que recorrer para que la aplicación de la legislación sea la óptima.
“No hemos detectado que se hayan logrado los resultados que se esperaban y eso es básicamente por dos factores, el primero que los cuerpos judiciales no cuenten con el presupuesto necesario, pese a que ya hay procesos de juicio, y el segundo es que se denuncia en redes sociales y no ante las autoridades competentes”, manifestó Marín.
