Dos de los 14 imputados por presunto narcotráfico y lavado de dinero en el caso Pancho Villa pidieron a los jueces someterse a un proceso abreviado y así evitar el juicio. De aceptar la solicitud, los hombres podrían recibir una condena menor a cambio de aceptar la acusación del Ministerio Público.
Las peticiones fueron presentadas en el primer día del juicio, este lunes, en el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada, en el Primer Circuito Judicial de San José, por parte de los defensores de los imputados apellidados Estribí Angulo y quien era agente judicial, Concepción Quiel.
Concepción es acusado por procuración de impunidad, tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita; mientras que Estribí por tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita.
El Tribunal, compuesto por las juezas Ligia Lacayo, Ana Patricia Mora y Anayancie Umaña, así como el cuarto juez Mauricio Jiménez, resolverá este martes en audiencia privada dichas solicitudes.
El Código Procesal Penal establece que en procesos abreviados, el mínimo de la pena prevista en el tipo penal podrá disminuirse hasta en un tercio, pero tiene que estar de acuerdo el Ministerio Público.
Los abogados Edwin Duarte y Juan Gonzalo Forero, representantes de Concepción y Estribí, respectivamente, presentaron actividades procesales defectuosas, es decir, consideraron que se cometió algún error a lo largo del proceso penal, que en este caso evitó que gestionaran el proceso abreviado antes del inicio del juicio.
Duarte la presentó porque la Fiscalía no le ofreció a Concepción la opción del abreviado en la etapa preliminar, mientras que Forero argumentó que Estribí cambió de abogado cuatro veces, por lo que se violentó su derecho de defensa.
El Tribunal acogió ambas actividades procesales defectuosas y, para corregir los errores, le dio la oportunidad a ambos imputados de presentar sus solicitudes de proceso abreviado este martes a las 9 a. m.
Inicio dilatado
Luego de que cuatro imputados olvidaran sus cédulas, lo que motivó un llamado de atención del Tribunal, en las primeras horas del juicio los jueces se dedicaron a resolver las acciones presentadas por los abogados defensores.
Celso Gamboa, el defensor del empresario y presunto líder del grupo criminal, Darwin González Hernández y de su esposa Jiménez Araya, solicitó sin éxito la excusa de los jueces Jiménez y Umaña. Según él, no podían seguir en el juicio porque conocieron asuntos de fondo del juicio en la etapa preliminar cuando no les correspondía, por lo que habían perdido su imparcialidad.
Gamboa aseguró que esto ocurrió en diciembre del 2023, cuando él ofreció fincas valoradas en ¢1.800 millones como fianza para González, lo cual fue rechazado. Igualmente, este lunes, las otras dos juezas consideraron que la solicitud de excusa no procedía luego de que Jiménez, Umaña y el fiscal Esteban Chavarría expusieran sus argumentos.
La jueza Lacayo explicó que la solicitud de Gamboa no cumplió con los requisitos para que un juez tenga que excusarse y señaló que en la audiencia preliminar solo se discutieron aspectos procesales y no del fondo de la causa.
Enseguida, Duarte y Forero presentaron sus respectivas actividades procesales defectuosas, luego acogidas por el Tribunal, que suspendió el juicio cerca de las 2 p. m., para reanudar el jueves a la 1:30 p. m. El debate está programado para terminar el 20 de setiembre, con participación de 101 testigos.
Además de Darwin González, Concepción y Estribí, los otros imputados son: Jiménez Araya (esposa de González), tres hermanos de ella con mismos apellidos, Méndez Mora, Ramírez Zeledón, Santos Madrigal, Quirós Salazar, Chavarría Hernández (presidente municipal de Corredores), Gómez Arroyo y Campos Jiménez.
Al parecer, estas personas están vinculadas a un grupo que introdujo cocaína al país a través de Golfito, Puerto Jiménez y Zancudo, en el Pacífico Sur, entre diciembre del 2018 y abril del 2021.
Según la Fiscalía, Chavarría, miembro del Partido Liberación Nacional (PLN), organizó reuniones con González, conocido como Pancho Villa y reconocido empresario de palma aceitera, junto a otros individuos con el fin de establecer empresas destinadas a legitimar las ganancias ilícitas.
González Hernández también estaba incursionando en el negocio del embotellado de agua y disponía de un quebrador de piedra para extraer materiales como arena y piedras cuarta y quinta, especializados en la construcción.
El empresario y su esposa fueron arrestados el 6 de abril del 2021 en San Joaquín de Flores, Heredia. Poseían una quinta en La Palma de La Cuesta de Corredores, que contaba con numerosos lujos, como un lago, helipuerto y área para animales silvestres.
Al parecer, la banda usaba una vagoneta, manejada por Ramírez Zeledón, para transportar una tonelada de cocaína cada dos meses, con la complicidad de los agentes judiciales Concepción y Campos, quienes enfrentarán cargos por procuración de la impunidad, tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación ilícita.
Luego de la audiencia, Gamboa aseguró a la prensa que “todo lo que el OIJ dice que es comprado con dinero del narcotráfico, nosotros tenemos cómo acreditar que fue heredado (a Darwin González) producto de su abuelo”.