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La maestra de primaria, investigada porque en apariencia habría grabado audios que incitaban a la violencia contra el presidente y los medios, acumula varios expedientes en el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Solo este año, la funcionaria, quien se identifica como educadora con 22 años de experiencia, registra un proceso disciplinario por ausencias injustificadas y otro más por una supuesta agresión verbal. En este último caso no trascendió si el hecho se habría cometido contra un menor o contra una persona mayor de edad.
Además, se suma el proceso que abrió de oficio el Ministerio por amenaza e incumplimiento de deberes, después de que circularan este fin de semana audios en los que una voz femenina sugiere que hay que pegarle un balazo en la cabeza al presidente de la República y colocar explosivos en medios como La Nación o Canal 7.
Por último, este mismo lunes ingresó una denuncia de una madre de familia, que cuestionó el accionar de la educadora, luego de que circularan las grabaciones.
Estos datos constan en una respuesta escrita suministrada por el MEP ante consultas de La Nación.
Ese despacho dispuso que la maestra sea reubicada en un puesto administrativo, mientras avanza la pesquisa para determinar si su voz corresponde con los audios que incitan a la violencia.
Al respecto, la ministra de Educación, Guiselle Cruz, hizo público su “repudio a toda forma de discriminación o llamado a la violencia.
"La labor del sistema educativo es formar de manera integral sobre el resguardo a la vida, a la institucionalidad y la democracia, en un marco de inclusión, y en esa dirección apunta el trabajo desde las sedes administrativas, las direcciones regionales y los centros educativos”, declaró.
Otros procesos
En el 2017, esta profesora de 58 años, oriunda de Puntarenas, también fue suspendida sin goce de salario en un periodo que corrió del 28 de agosto al 4 de setiembre, por ausencias injustificadas.
Por esta misma causa se había autorizado aplicar el despido sin responsabilidad patronal en el 2010, pero un fallo de la Sala IV ordenó la reinstalación de la funcionaria.
En aquel momento, el Servicio Civil avaló la gestión de despido del MEP, luego de comprobar las ausencias sin justificación, pero la señora apeló la medida ante el Tribunal de Trabajo.
El MEP ejecutó el despido de la funcionaria sin esperar a que se resolviera esta última gestión administrativa, por lo que los magistrados de la Sala IV consideraron que se lesionaron los derechos fundamentales de la recurrente y ordenaron reinstalarla.
