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La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, adelantó su jubilación a partir de este martes 29 de junio.
El anunció lo hizo mediante una nota que envió este lunes a la Corte Plena, situación que generó una dura oposición, en especial de las magistradas Roxana Chacón, de la Sala Segunda, e Iris Rocío Rojas de la Sala Primera, quienes incluso pidieron que se dejara en suspenso el pago de las prestaciones hasta tanto no se determine si ella tiene causas disciplinarias pendientes.
Empero, ese último asunto quedó pendiente de resolverse.
Inicialmente, Navas había informado que dejaría su cargo, oficialmente, a partir del miércoles 25 de agosto, aunque en la práctica iba a ser el 12 de julio, pues tomaría vacaciones del 13 de julio al 24 de agosto.
Incluso en la sesión de Corte, la magistrada Chacón solicitó que no se le debían reconocer las vacaciones, pero el asunto no fue analizado por los magistrados.
El anuncio de la salida de Navas del Ministerio Público se da a 14 días de los allanamientos por el Caso Cochinilla, en el que se investiga una presunta corrupción en obras viales.
A partir de ese día, la fiscala comenzó a recibir una serie de cuestionamientos ya que su compañero sentimental, Francisco José Campos Aguilar, es abogado de MECO, una de las constructoras involucradas en las aparentes irregularidades.
Navas Aparicio se inhibió tres días después, el 17 de junio, de participar en ese caso. Lo hizo hasta ese día porque anteriormente estaba de vacaciones.
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En el comunicado difundido el pasado viernes, la jerarca precisó que tiene 32 años de laborar en el Poder Judicial. Durante ese tiempo, “he dado muestras de mi solvencia ética y moral, tanto en mi vida privada como en el ejercicio profesional”.
“Al asumir el cargo de fiscala general de la República, hace más de tres años y medio, busqué inculcar los más altos estándares de probidad, transparencia y legitimidad en las funciones propias del Ministerio Público, lo que generó nuevos y más transparentes modelos de gestión.
“El camino ha sido largo y difícil; sin embargo, estoy convencida que ha valido la pena, pues tenemos un Ministerio Público más fuerte, independiente funcionalmente y combativo de los actos de corrupción que golpean al país y afectan el bienestar común”, aseguró.
Duras críticas
La magistrada Roxana Chacón, luego de conocerse sobre el cambio en la fecha de jubilación de Emilia Navas dijo: “Antes de acogerse a la pensión hay obligaciones serias que cumplir (...) como determinar si hay posibles anomalías. (...) la ley establece que antes de que un funcionario se vaya pensionado primero hay que revisar si hay procedimientos administrativos disciplinarios contra esa persona”.
Asimismo, hizo ver que antes de retirarse los jerarcas, como el del Ministerio Público, deben rendir un informe de gestión y que en este caso Navas no lo ha presentado e insistió en que no se le aprobara el pago de sus prestaciones.
Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera, aclaró que la ley concede un plazo de 10 días a las personas que se retiran del puesto para presentar su informe de labores.
Mientras que Julia Varela, integrante de la Sala Segunda, criticó que en sesión de Corte se estuviera cuestionando el derecho de Emilia Navas a jubilarse y al respecto manifestó: “Esta es una segunda evidencia de la violencia que se está ejerciendo contra una mujer. Una violencia que fue sistemática en la sesión del lunes anterior, tratando de que ella renunciara.
“Hoy más grave todavía con lo manifestado por doña Roxana Chacón, con un desconocimiento bárbaro del tema del derecho de las personas a jubilarse cuando tienen los requisitos y ya tienen una pensión aprobada”.
Precisamente, la Junta de Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial informó de que el derecho a la jubilación de Emilia Navas fue aprobado el 21 de junio y que la fecha que ella pidió para el retiro fue el 29 de junio.
Por el momento no se tiene cuál será el monto de la pensión que devengará mensualmente Navas.
Asimismo, la Corte Plena dio la orden de que se abra el concurso para seleccionar al nuevo fiscal general de la República, que se espera pueda ser nombrado en un plazo de dos meses.
