“Hay un rezago en los Tribunales de Juicio y eso provoca que los debates se realicen mucho tiempo después del hecho (...)
“Entonces, ni los testigos ni las víctimas se presentan a la audiencia o (también ocurre que) los testigos y las víctimas olvidan con el paso del tiempo lo ocurrido y eso crea duda de la responsabilidad que tuvo la persona investigada en el hecho”.
Con esas palabras, la fiscala general, Emilia Navas, explicó que la lentitud de los Tribunales en programar los debates durante el 2019 provocó que la prueba testimonial fundamental no se pudiera aportar, lo cual ocasionó que varios juicios concluyeran con una sentencia absolutoria.
En total, el año pasado, los jueces exculparon a los imputados en un 32% de los casos que llegaron a etapa de juicio, según dijo Navas en una rendición de cuentas virtual que se realizó la mañana de este martes.
De esa cifra, “un grupo considerable” de sentencias fueron impugnadas, señaló la fiscala sin dar el detalle.
No obstante, reconoció, en otro porcentaje (sin decir la cifra), no procedió la apelación, debido a que no se logró comprobar el delito gracias a la expuesta ausencia tanto de víctimas, como de testigos en las audiencias.
En términos generales, la fiscala apuntó que, el año pasado, registraron un aumento del 12% en el ingreso de denuncias con respecto al 2018. En el 2019 hubo 302.135 expedientes, mientras que en el año trasanterior la cifra era de 270.613.
Sobre los casos del año pasado, un 75% (226.601) fueron concluidos: un 11% (24.562) terminó en acusación y solicitud de apertura de juicio, un 34% (77.152) en desestimación, un 23% (59.528) en archivos fiscales (no se logró determinar la identidad del sospechoso) y un 6% (13.877) en sobreseimiento definitivo.
Un 26% (51.482), por su parte, terminó por otros motivos, entre los cuales figura la aplicación de medidas alternas.
Sobre los casos que fueron a juicio, la fiscala apuntó que, además del 32% de casos que terminó con sentencia absolutoria, un 64% concluyó con una condena y un 4% correspondió a juicios en los que se condenó a algunos imputados pero se absolvió a otros.
Trabajan en bajar circulante
Según indicó Emilia Navas Aparicio, durante el 2019 existió un rezago de unos 9.000 casos, aproximadamente. Bajar dicho circulante, afirmó, es complicado porque “así como se resuelven unos, entran otros”, señaló.
Ejemplificó que un caso urgente el año anterior era la Fiscalía de Pavas, porque tenía 5.707 expedientes. Tras la intervención, ese circulante se redujo a 3.754.
Eso sí, ese trabajo implicó contar con el apoyo de la Fiscalía General, de Capacitación, de Fiscalías Especializadas que colaboraron con casos complejos. “También fue un asunto de reorganizar recursos y talento humano de la Fiscalía General para poder dotar 11 plazas más a Pavas”, dijo Navas, quien recalcó que dicho plan dio resultados a mediados del 2019.
Para inicios de 2020, los esfuerzos se enfocaron en la Fiscalía Adjunta de San José y la de Heredia. Por este mes, están concentrados en el despacho de Fraudes.
“Tiene número más alto de rezago en la capital. Eso sí, hay que valorar que son expedientes muy complejos, pero lo que buscamos es que se resuelvan cuando están listos, que se pida prueba útil y pertinente para no estar a la espera de prueba que no será de utilidad en el caso”, apuntó Navas.
Para los últimos meses del año, se buscará la mejora de las Fiscalías de Puriscal, Desamparados y Cartago.