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“La Corte Plena tiene que responder (...) y tiene que dejar de tener un discurso y tomar decisiones, que efectivamente solucione el problema de la falta de la sección que investigue los delitos de corrupción”.
Con esa frase, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, urgió este jueves a los magistrados aportar los fondos económicos necesarios para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cree un grupo especializado para la investigación pro el presunto mal uso de los recursos públicos.
Empero, la funcionaria fue un poco más allá y advirtió: “no es solo dar las plazas, sino que hay que capacitarlos para que sus análisis sean los adecuados".
De esta forma, Navas se unió a los expresado el viernes anterior por el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, cuando se quejó por la falta de recursos para contratar más personal y desarrollar las estrategias que se requieren para crear una oficina especializada en casos de corrupción.
“El resultado final es terrible. No le dieron nada a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial tampoco”, reclamó Espinoza.
Agregó que las esperanzas se esfumaron, al tiempo que hizo un llamado a la Corte Plena para que reconsideren dar los fondos necesarios a la policía y la Fiscalía que les permitan luchar contra los delitos de cuello blanco, como la legitimación de capitales, que por su naturaleza requiere una investigación muy meticulosa para encarcelar a los responsables.
Estas reacciones se dieron luego de que la Dirección de Planificación del Poder Judicial presentó un informe a la Corte Plena en el cual expuso tres diferentes costos de lo que significaría reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.
En un primer escenario, en el cual se crearían 90 plazas extraordinarias, significaría una erogación de anual de ¢3.875 millones. Una segunda opción que sería de 54 plazas extraordinarias tendrá un gasto de ¢2.605 millones y la tercera que es crear 11 plazas costará ¢596 millones.
“Las magistradas y magistrados que integran Corte Plena reiteraron el interés por emprender acciones ante la corrupción”, detalló un comunicado de prensa enviado por el Poder Judicial, en el cual se informó de que el asunto será discutido en una próxima sesión de magistrados.
Crecieron las denuncias
Emilia Navas dijo este jueves que hace muchos años los casos de corrupción se presentaban de forma exporádica y cuando se terminaba uno, venía otro, lo que permitía a la Policía Judicial realizar las investigaciones. Sin embargo, dijo que la situación varió y en la actualidad hay muchos casos que estan siendo investigados al mismo tiempo.
"Este miércoles brindé a la Corte números estadísticos en los cuales se refleja que la ciudadanía y la población confían en la tarea del OIJ y del Ministerio Público y están denunciando enormemente muchos hechos de corrupción.
"Les estoy haciendo ver que la Corte debe tomar decisión, ver como distribuye los recursos que tiene para la creación de esa sección porque si bien es cierto tengo claro que el presupuesto del Poder Judicial ha sido restringido (...) pero del dinero que hay tiene que establecerse una prioridad y en este momento la prioridad es esa sección de delitos de corrupción del OIJ.
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“En este momento, por mas que nos organicemos y que yo establezca prioridades (...), definitivamente no hay músculo para investigar esos casos y menos si el OIJ no tiene una sección especializada que nos ayude en la investigación”, advirtió.
Cifras proporcionadas por el Ministerio Público revelaron que para el mes de diciembre del año 2018 solo en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en San José, se recibieron y valoraron 50 denuncias penales de delitos de corrupción y hasta finales de abril del 2019, se han valorado 206 denuncias penales.
