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La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) aprobó una pensión bruta de ¢6,3 millones al mes para la exfiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio.
La decisión la tomaron en una reunión celebrada el pasado 4 de agosto, comunicó la oficina de prensa del Poder Judicial, ante una consulta del medio digital Amelia Rueda.com, el cual el miércoles en la noche dio a conocer la noticia.
Luego de que trascendiera la cifra de la jubilación, el Poder Judicial aclaró que a ese monto se le deben aplicar varias deducciones como son el 13% del aporte obrero al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ) y un 0,50% de comisión para la junta que administra las pensiones.
Además, el 5% de seguro de enfermedad y maternidad, ¢ 3,000 para el fondo de socorro mutuo, pagar el impuesto sobre la renta según los topes definidos por el Ministerio de Hacienda y aportar la contribución solidaria de las pensiones de lujo, según niveles definidos por Ley N°. 9544 y Ley N°. 9796.
Sin embargo, no dieron a conocer de manera oficial cuál será el monto real que recibirá Navas.
Si solo se considera la contribución solidaria por pensión de lujo, se le rebajarán ¢1.872.792, por lo que, sin el resto de deducciones, le quedaría una pensión de ¢4.437.248,42.
Emilia Navas Aparicio tomó la decisión de jubilarse a partir del martes 29 de junio anterior. La decisión la comunicó mediante una nota que envió el lunes 28 de junio a la Corte Plena.
Navas tomó la determinación de alejarse del cargo de fiscala general tan solo 14 días después de los allanamientos por el Caso Cochinilla, en el que se investiga una presunta corrupción en obras viales.
A partir del día de los allanamientos, (14 de junio), la fiscala comenzó a recibir una serie de cuestionamientos ya que su compañero sentimental, Francisco José Campos Aguilar, es abogado de MECO, una de las constructoras involucradas en las aparentes irregularidades.
Navas Aparicio se inhibió tres días después, el 17 de junio, de participar en ese caso. Lo hizo hasta ese día porque anteriormente estaba de vacaciones.
La exfuncionaria fue duramente criticada por varios magistrados, en especial Roxana Chacón, de la Sala Segunda, e Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera, quienes incluso pidieron que se dejara en suspenso el pago de las prestaciones hasta tanto no se determine si ella tiene causas disciplinarias pendientes. Esa pretensión fue descartada por sus compañeros.
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Interés público
La divulgación del monto bruto de la jubilación de Emilia Navas fue dado a conocer debido a que se estima que este tipo de información es de interés público.
“Conforme a votos de la Sala Constitucional, la información del nombre del beneficiario y el monto bruto de asignación constituyen información catalogada como de interés público y existe la obligación de proveer dicha información. (ver resolución N°. 2021013200)”, determinó la Junafo.
Al precisar sobre el acuerdo la junta estimó: Por unanimidad, se acordó: 1.- Aprobar los cálculos de la jubilación de la máster Emilia Navas Aparicio, en su condición de fiscala general de la República, cuya asignación mensual bruta será de ¢ 6.310.040,14 (seis millones trescientos diez mil cuarenta colones con catorce céntimos) menos las deducciones de Ley correspondientes.
“2.- Asimismo, se previene a la máster Emilia Navas Aparicio, que debe señalar un medio personal para recibir notificaciones ante la Dirección del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, con la advertencia que de no hacerlo, las resoluciones posteriores le quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales.
“3.- Hacer este acuerdo de conocimiento del Consejo Superior. La Fiscalía General de la República, la Dirección de Gestión Humana y la dirección de la Junafo, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme”.
Asimismo, en la resolución se hace ver: " La señora Navas se jubila con las condiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior, es decir la Ley N°. 7333, por cuanto contaba con más de 30 años de servicio dentro del transitorio VI de la Ley N°. 9544, donde se establece un periodo de 18 meses para que los funcionarios activos que cumplan con los requisitos para adquirir el derecho jubilatorio, lo consoliden con las condiciones de la anterior ley”.
