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Los empleados judiciales de diversas oficinas del país suspendieron este lunes la prestación de servicios, en protesta por los cambios realizados al proyecto de ley que reforma el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Recientemente, la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones al texto, entre ellas que las pensiones de los funcionarios de la Corte ya no se calcularían sobre los últimos 24 mejores salarios, como se hace actualmente, sino sobre todos los salarios recibidos a lo largo de la vida laboral.
Los cambios pretenden reducir un hueco de ¢5,3 billones en el régimen, provocado por las grandes ventajas que ofrece a los funcionarios judiciales, en comparación con las que recibe el resto de la población.
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Adriana Orocú, presidenta de la Asociación de Jueces, dijo que a la protesta se unieron los 24 gremios del Poder Judicial, pero aseguró de que se mantuvo la atención de los servicios más sensibles como son violencia doméstica, pensiones y resolución en casos de personas detenidas.
Desde las 10 a. m. los funcionarios judiciales se concentraron en el bulevar que hay entre los edificios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el de Tribunales en San José. Al mediodía cerraron los tres inmuebles capitalinos y a las 2 p. m. realizaron una marcha hacia la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones gremiales informaron de que al movimiento se sumó personal de todas las oficinas del país.
Incluso, diversos despachos de Puntarenas, Guápiles, Ciudad Quesada, Nandayure y Osa, entre otros lugares, cerraron desde horas de la mañana.
Este conflicto surgió desde el miércoles anterior, cuando la Comisión Especial de Pensiones acogió un nuevo proyecto de ley más severo, que también varía la edad mínima para pensionarse, el monto máximo de jubilación que recibirán los trabajadores y una contribución solidaria adicional que pagarían todos los amparados, para darle sostenibilidad al régimen.
Petición
Durante la tarde, cerca de 3.000 empleados judiciales se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para solicitarle a la Comisión Especial de Pensiones que retire el proyecto que regula las jubilaciones en el Poder judicial.
Los trabajadores que se ubicaron frente a la entrada principal del Congreso lanzaron consignas en contra de los diputados y de Álvaro Ramos, superintendente de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
El juez Jorge Morales, del gremio de la judicatura, dijo que el jueves anterior presentaron un recurso de amparo para que se retire el nuevo plan. Argumentan, para tal gestión, que la iniciativa no fue consultada con los gremios.
Adriana Orocú sostuvo que la protesta no es para defender un régimen de privilegio, "sino que estamos defendiendo un sistema de pensiones que siga siendo sostenible. El fondo necesita restructurarse pero tiene que ser acorde con el sistema".
El diputado Jorge Arguedas, quien salió para conversar con los empleados, aseguró que este martes presentará un moción para que el plan quede fuera de la corriente legislativa hasta julio próximo. La idea, agregó, es esperar que se presente un estudio actuarial sobre el tema que hará la Universidad de Costa Rica.
Los dirigentes gremiales dijeron que continuarán en la lucha y no descartaron ir a una huelga en los próximos días.
