EscucharOcho integrantes de la banda narcotraficante conocida como Los Lara fueron condenados a un total de 95 años de prisión, la mañana de este lunes en los Tribunales de San José.
Los jueces impusieron 16 y 15 años de cárcel para los líderes del grupo, los hermanos Julio César y Juan Lara Villanea, respectivamente, por el delito de tráfico de drogas. Las otras condenas fueron contra Gary Hernández Castro (11 años), Natán Perlaza Varela (12 años y tres meses por evasión), Michael Ruiz Martínez (nueve años), Rudiguer Salas Mesén (12 años), Diego González Durán (nueve años) y Mario Alberto Salas Quesada (10 años).
El imputado Vásquez Agüero quedó absuelto por venta de droga y no enfrentará ninguna pena, mientras que los condenados Julio Lara y Salas Mesén fueron absueltos por legitimación de capitales.
Tres actividades procesales defectuosas solicitadas por abogados defensores fueron denegadas, una de las cuales relacionada con una prórroga de una intervención telefónica durante la investigación, pues la resolución del Juzgado Penal de Hatillo que ordenaba dicha prórroga, en noviembre del 2017, no se encontró en el expediente penal.
Los jueces luego consideraron que la resolución sí existió y por lo tanto sí era válido que la Fiscalía usara la información obtenida en esas intervenciones telefónicas. Debido a este asunto, el Tribunal incluso fue recusado, gestión que fue rechazada.
Este debate empezó el pasado 25 de enero y tuvo como jueces a Eduardo Rojas Saenz, Yanán Chacón Mena y Simón Guillén Solano, miembros del Tribunal Penal de Pavas. El juicio se realizó en el Primer Circuito Judicial de San José por cuestiones de seguridad y espacio.
Mientras el juez Rojas explicaba la sentencia, cinco de los procesados fueron sacados de la sala luego de reclamar a gritos que ya no querían seguir allí, y el juicio se suspendió temporalmente después de un breve forcejeo con los oficiales.
Una vez reanudado, sin la presencia de ocho imputados, el juez Chacón explicó que con “la prueba que ha sido evacuada a lo largo de estos cuatro meses, ha sido posible determinar como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante información confidencial, inició labores propias de vigilancia y seguimiento, estas labores permitieron al OIJ llegar a contar con insumos suficientes para solicitar al Ministerio Público una gestión de intervención”.
Por medio de estas intervenciones, los investigadores descubrieron que el grupo estaba comercializando diferentes tipos de drogas ilícitas en el sur de la capital y en Garabito de Puntarenas, como marihuana, cocaína, crack y ketamina.
En el caso de Julio Lara, el Tribunal indicó que no se encontraron comunicaciones propias de él que revelaran su papel en la organización, pero en diferentes conversaciones de otros miembros del grupo se logró determinar su rol de organizador del grupo.
La banda fue descrita por el Tribunal como una organización piramidal, que manejaba grandes cantidades de dinero y como uno de los mayores grupos narco del sur de San José.
También se determinó que los miembros usaban armas de fuego de diferentes calibres para cometer actos violentos y defender su territorio. Esas armas era provistas por Salas Quesada, e incluso integrantes del grupo mostraron preocupación luego de que arrestaron a Salas, pues tenían que buscar otro proveedor de armas para proteger su territorio.
En cuanto a la legitimación de capitales, Chacón explicó que Julio Lara y Salas Mesén fueron absueltos porque no se comprobó que ellos ingresaran dinero ilícito a la corriente económica legal.
Viejos conocidos
Desde el 2017, este clan estaba en la mira de las autoridades. Los sospechosos fueron capturados el 11 de diciembre del 2018, en un operativo en el cual se hicieron 25 allanamientos en varios barrios al sur de San José, principalmente Sagrada Familia.
A finales de marzo del 2021, La Nación dio a conocer que el olvido de un fiscal del Ministerio Público para solicitar a tiempo la prórroga de la prisión preventiva hizo que 12 de los supuestos miembros del grupo quedaran libres.
Después de que trascendió el aparente olvido, la entonces fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, ordenó que, de inmediato, el asunto se trasladara a las instancias disciplinarias correspondientes, para que determinen si el funcionario a cargo del caso cometió una falla en el desempeño de sus funciones.
Posteriormente, en mayo del 2021, se ordenó el juicio en contra de estos sujetos. Uno de esos imputados, de apellidos Giusti Tellería, había aceptado someterse a un proceso abreviado.
Además, en mayo del año anterior, las autoridades detuvieron a 11 sospechosos de pertenecer al clan Los Lara, señalados por tráfico de drogas. Los 300 agentes que participaron en el operativo decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo y dosis de droga listas para la venta.
