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El 3 de noviembre del 2017 una noticia sacudió al país. Ese día fue capturado el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas y seis altos funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR), por sospechas de corrupción con el otorgamiento de créditos bancarios.
Año y medio después de ese golpe judicial, el denominado caso del cemento chino mantiene a 19 personas bajo investigación. De ellas, solo Bolaños, presunto gestor de la sustracción de bienes públicos, permanece en prisión preventiva.
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A esta causa le siguieron 10 investigaciones paralelas que directa o indirectamente se les relaciona con el caso del cemento chino y sus protagonistas.
No obstante, como aclaró el Ministerio Público ante solicitud de este diario, solo tres expedientes se desprenden de aquellas acciones que iniciaron el 3 de noviembre contra Bolaños y los directivos bancarios.
Todas esas causas están en proceso de investigación, es decir, en la etapa de recolección de evidencias, aún distantes de una acusación formal.
El legajo principal (16-000013-0033-PE) involucra a ocho personas. Ellos son Juan Carlos Bolaños, presidente de la empresa Sinocem Costa Rica y Mario Barrenechea Coto, exgerente del BCR,
También Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Gilberth Barrantes Campos, gerente Corporativo de Riesgos; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito y Paola Mora Tumminelli, expresidenta de la junta directiva, todos del BCR.
A ellos se les investiga por el delito de peculado (sustracción o distracción de bienes públicos), que el Código Penal castiga con prisión de tres a 12 años de prisión.
La Fiscalía los señala como responsables de facilitar, presuntamente de manera irregular, que el BCR financiara con $30 millones a Bolaños, en representación de Sinocem, para importar cemento desde China. El hecho ocurrió entre el 2015 al 2017.
En un segundo expediente (17-000013-0033-PE) se analiza otro préstamo de $5 millones, pero otorgado por el Banco Popular en el 2015, también a empresas de Bolaños para la importación de cemento.
Aquí figuran nueve personas, igualmente por peculado.
Se trata de Juan Carlos Bolaños, dos gerentes de Sinocem de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga. Hay seis funcionarios del Popular, Bogantes Brenes, analista de crédito; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos; Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa; Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial, Arias Silesky un perito, y Thompson Camacho, analista de crédito.
Esta pesquisa también alcanzó a Ana Laura Suárez Aguiar, esposa de Bolaños.
Finalmente se tramita el expediente 15-000022-0033-PE en el cual figuran como imputados los exdiputados Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, quien llegó al Congreso en la papeleta del Partido Acción Ciudadana (PAC).
A ellos se les vincula con el delito de tráfico de influencias pues, al parecer, habrían realizado gestiones desde sus cargos de legisladores para favorecer la importación de cemento.
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Negocio del cemento
El caso del cemento chino trascendió en junio del 2017 cuando el diario digital CRHoy divulgó supuestas anomalías con los préstamos bancarios hechos a la empresa Sinocem Costa Rica para la importación de cemento desde China. El caso se fundamentaba en denuncias que presentaron directivos bancarios del BCR en sesiones de la Junta Directiva.
El 19 de julio de ese mismo año, ante el escándalo que se había generado, la Asamblea Legislativa integró una comisión especial de investigación para analizar las presuntas irregularidades con los créditos otorgados.
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Precisamente, en esa comisión fue donde comenzaron a trascender hechos conexos sobre la presunta influencia de Bolaños sobre políticos y funcionarios judiciales.
Esa cadena de vínculos generó que en octubre del 2017 la Corte Plena separara al fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, por considerar que, presuntamente, incumplió con su trabajo luego de que en el 2015 recibió denuncias sobre supuesto tráfico de influencias entre Guevara, Morales y Bolaños.
Asimismo, los diputados destituyeron al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, por los nexos con Bolaños y otros dos altos jueces de esa sala, Carlos Chinchilla Sandí y Doris Arias Madrigal, se acogieron a la pensión, luego de ser sancionados por desestimar una causa penal contra los exdiputados Guevara y Morales.
Es así como la entonces fiscala general interina, Emilia Navas Aparicio, nombrada a mediados de octubre del año 2017, quien ordenó el 3 de noviembre de ese mismo año la captura de Bolaños, así como de los jerarcas del BCR.
‘Jamás es actividad delictiva’
Para el abogado José Miguel Villalobos Umaña, defensor de Juan Carlos Bolaños, el caso del cemento chino “jamás implicaría una actividad delictiva". Para él, lo más grave que podría considerarse sería "un incumplimiento contractual”.
La manifestación la hizo durante un entrevista con La Nación. El siguiente es un extracto de la conversación:
– ¿ Qué ha pasado en año y cinco meses de investigación?
–Que el Ministerio Público modificó su línea investigativa. Cuando empezó, estableció que se trataba de un peculado de sustracción. Es decir que había personas en una estructura asociativa para apropiarse de millones de dólares, 20 o 25.
“Conforme avanzó la causa, fiscales,en una audiencia de prórroga de medidas, indicaron que ahora era peculado de distracción. Es decir, determinadas personas habían utilizado un dinero prestado para la actividad A en la actividad B. Eso no se le hizo saber al país”.
–¿Eso qué significa?
–Un cambio sustancial, porque ya no nos encontramos ante un enriquecimiento o apropiación de fondos sino que ahora el Ministerio Público dice que una persona con la complacencia de funcionarios bancarios saca dinero para utilizarlo en A y lo utiliza en B. Lo que se dice es que el dinero se sacaba para traer cemento y luego no se traía, pero se pagaba la operación. Eso jamás implicaría una actividad delictiva, sino a lo más, un incumplimiento contractual.
– ¿Usted como defensor lo planteó?
–La Fiscalía recibió una explicación clarísima de la regulación de la importación de cemento y lo que pasó para entorpecer la importación de cemento de China, pero eso no le ha merecido interés, pese a ser una prueba de que no se perdió nada, que lo que ocurrió fue que el BCR, de una forma irresponsable dejó de girar dineros. También se presentó prueba de que había un directivo del BCR, en connivencia con empresas cementeras, dirigido a destruir la competencia.
–¿Por qué no logra excarcelar a Bolaños?
–Es inexplicable. No se observa peligro de fuga, ni peligro de obstaculización de la prueba. Para fundamentar el peligro de fuga, utilizan una hoja de una supuesta libreta donde está la lista de países, que dice la Fiscalía, son países donde no hay tratado de extradición. Miente la Fiscalía, esa hoja no dice eso. Inclusive, si existiera esa libreta hubieran decomisado la libreta y lo que hicieron fue tomar una foto a una hoja, sin asegurar de dónde viene.
–¿Cuándo vence la prisión preventiva?
–A mediados de este año. En noviembre cumple dos años de arresto y el delito de peculado tiene una pena de tres a 12 años y hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que nadie puede estar detenido preventivamente más de dos tercios del límite mínimo de la pena del delito. Es decir en noviembre, Juan Carlos debería estar en libertad porque ya habría cumplido dos tercios del límite mínimo de la pena.
–¿Defiende a alguien más en este proceso?
–A Paola Mora.
–¿En qué situación está ella?
–La han tratado de perseguir. Le han inventado causas como el famoso crédito a un equipo de fútbol y el tema del colegio (supuesta compra de un colegio privado) y usted se da cuenta de que nada de eso tiene la más mínima base. Le han dicho al país que hay un sinnúmero de llamadas entre imputados, sin decir que más de la mitad de esas llamadas son de cero segundos. Es realmente vergonzoso.
Proceso comprometió a Sala III
Dos magistrados (uno titular y una suplente), así como dos exmagistrados todos de la Sala Tercera de la Corte, enfrentan una investigación penal por desestimar, en primera instancia, la causa penal contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales.
Se trata de Jesús Ramírez Quirós, María Elena Gómez Cortés, Carlos Chinchilla Sandí (expresidente de la Corte y de la Sala Tercera) y Doris Arias Madrigal.
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A ellos, el Ministerio Público los investiga por el delito de prevaricato, esto es, dictar resoluciones contrarias a la ley. La pesquisa contra Ramírez y Gómez se lleva en el expediente 17-000017-0033-PE y está a cargo de la fiscala Emilia Navas, pues ambas personas son miembros de un supremo poder.
En tanto, el caso contra Chinchilla y Arias se maneja en el legajo 18-000198-033-TP a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Esta pesquisa se inició luego de que la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) los denunciara, pues el gremio consideró que los implicados, el 20 de febrero del 2017, omitieron analizar un informe de llamadas telefónicas que hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y desestimaron abrir un proceso penal a los exdiputados.
Dicho documento reseñó que entre Otto Guevara y Juan Carlos Bolaños se dieron 608 registros telefónicos entre el 1.° de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Víctor Zapata y Bolaños fueron 184 en el mismo período.
La denuncia original indicaba que, supuestamente, Guevara y Morales se habían aliado para que el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera reformara el Reglamento Técnico de Cemento, que limitaba la importación de cemento extranjero y así favorecer al empresario Juan Carlos Bolaños, para traer el material desde China.
La fiscala subrogante, Berenice Smith Bonilla, quien presentó el resultado de la investigación a los magistrados, indicó que no halló pruebas contra los excongresistas y por tal motivo pidió desestimar la causa.
Este mismo hecho generó un proceso administrativo el cual derivó en que se sancionara a los integrantes de la Sala Tercera con dos meses de suspensión sin goce de salario.
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Ramírez y Gómez cumplieron el castigo pero Carlos Chinchilla y Doris Arias se acogieron a la jubilación y se retiraron del Poder Judicial.
El caso penal sigue en investigación, confirmó el Ministerio Público.
