Para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), las fallas en el monitoreo electrónico se deben a una sola razón: el Ministerio de Justicia tiene poco personal para dar seguimiento a los reos con tobilleras.

Según la compañía responsable de suministrar los dispositivos, la situación se agrava porque ese recurso humano no se percata o no actúa a tiempo cuando los usuarios dejan de cargar el dispositivo, o lo dañan para quitárselo o para que deje de emitir señal.

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Ellos también defienden que la tecnología que utilizan para que se siga a los reos es la apropiada y que, si se sabe usar, funciona bien.

Esta seguidilla de señalamientos trasciende un mes después de que la ESPH diera a conocer que 600 personas con tobilleras estaban desaparecidas, porque dejaron descargar la batería. Incluso el rastro de algunas de estas personas estaba perdido desde hace un año.

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En palabras de la compañía, esto denota deficiencias por parte de Justicia, que no reacciona con celeridad cuando una alerta les advertía, en el centro de monitoreo, de que el dispositivo estaba apagado.

Desde la otra acera, el Ministerio de Justicia y Paz alega que, pese a la falta de señal de algunos de los dispositivos, el monitoreo sí se realiza, puesto que los policías llaman a los beneficiarios o los visitan.

Estas acusaciones mutuas derivaron en que tanto la jerarca de Justicia y Paz como personal de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y jueces de Ejecución de la Pena tuvieran que dar explicaciones en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Los problemas deben solucionarse cuanto antes, en especial si se toma en cuenta que, al 30 de setiembre, había 1.558 monitoreados y que cada uno le cuesta al país $525 mensuales (poco más de ¢305.000).

¿Recurso suficiente?

El martes pasado, por primera vez desde febrero del 2017, cuando se implementó el sistema, las partes se reunieron y acordaron un plan de trabajo para mitigar los problemas.

En ese momento, la ESPH y sus aliados –Grupo Cesa y Geosatis Technology– insistieron en que hay poco personal y que las instalaciones del centro de monitoreo no son las óptimas.

Por motivos de confidencialidad, no ahondaron en cómo es la Unidad de Monitoreo de Justicia; lo que sí indicaron es que, para poder dar seguimiento a los portadores de tobilleras, ese centro debe tener “varias pantallas grandes: una en la que se ven las alertas, otra para ver los recorridos, otra para ver todo el mapa de la población con beneficio, entre otros”, dijo Nilson Gomes, ingeniero experto de la plataforma.

Él agregó: “No se puede monitorear con una pantalla pequeña; jamás”.

En ese sentido, hasta el consultor portugués Nuno Caiado, quien hizo un análisis del sistema de monitoreo electrónico a pedido de Justicia, señaló que la unidad “carece de personal tanto en el área de control como en el área de trabajo social”.

Esa faltante provoca, entre otras cosas, que no se resuelvan de forma diligente algunas situaciones, como cuando un reo reporta una falla en su dispositivo.

La jueza de Ejecución de la Pena de Alajuela, Odilie Robles, ejemplificó eso al decir que una persona reportó en abril que la batería no funcionaba y fue hasta julio que los policías penitenciarios llegaron a visitarla. Sin embargo, no llevaron el repuesto del dispositivo, por lo que, actualmente, continúa sin seguimiento.

La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, desmiente toda esa información y asegura de manera enérgica que están bien de personal. Sobre el equipo, no brindó detalle.

Contó que hay 14 técnicos (entre trabajadores sociales, orientadores, psicólogos, abogados y un sociólogo), quienes se encargan de las valoraciones, y 50 policías que hacen el monitoreo.

“Esto no es un sistema que pueda ser homologado a una cárcel, es un sistema donde hay una menor contención (...). No debería tenerse un control policial permanente, es un sistema distinto”, enfatizó González.

Además, insistió en que las recomendaciones que hace el experto portugués “se están manteniendo, porque él hablaba de un técnico por cada cien personas; los policías ni siquiera eran contemplados, no era el fuerte de un sistema de monitoreo”.

Lo anterior, pese a que Caiado sí habla de carencias tanto del área técnica como de la de vigilancia.

En cuanto a las instalaciones, Justicia reconoció que trabajan en mejorar la situación.

Como primer avance, pretenden que, en noviembre, puedan mover la unidad para un espacio del Viceministerio de Paz.

"La unidad, cuando empezamos, tenía una carencia enorme, había hacinamiento. Era una oficina sin condición, los brazaletes se ponían en el pasillo, no había controles.

“Lo que falta no es el equipo técnico, sino que lo que falta es el espacio y eso permitirá mejorar gestión. Tendrán hasta un espacio para que jueces de Ejecución hagan allí sus audiencias”, mencionó la jerarca González.

Además, trabajan para poner más líneas telefónicas a disposición, incluso para los reos con tobilleras, para que se puedan comunicar con el centro de monitoreo.

Actualmente, solo hay dos líneas y eso fue fuertemente criticado también por los jueces de ejecución de la pena, al asegurar que esa situación deja a los beneficiados en un estado de indefensión.

“Estamos en conversaciones para que la ESPH nos dé una central telefónica para mejorar la comunicación. (...) El personal me dice que no es necesariamente como se ha manifestado, pero acepto sugerencias o recomendaciones y la idea es solventarlo de inmediato”, apuntó la ministra.

En entrevista con La Nación, la jerarca consideró que cuando se creó el sistema de monitoreo, “se hizo con muchas falencias”, como la falta de un perfil socioeconómico previo de los posibles beneficiarios de la tobillera y la falta de recurso humano, pues se trasladaron funcionarios de la Policía Penitenciaria para atender el centro de vigilancia.

Aseveró que si bien el plan tiene muchas oportunidades de mejora, "ya hoy es exitoso”.

Justicia cuestiona la idoneidad de tecnología disponible

El Ministerio insiste en que los problemas con el programa de tobilleras no son ni de personal ni del monitoreo en sí. Para la jerarca, las fallas se originan en que la tecnología es “obsoleta” y en que, para conectar el dispositivo con la plataforma, se usa la tecnología de comunicaciones móviles GSM.

“Hay aumento en problemas de comunicación de monitoreados y se lo hicimos ver a la ESPH en abril (...). La valoración es que la tecnología GSM está perdiendo cobertura, se eliminan antenas y puede que la ESPH no tenga un contrato de tráfico preferencial y eso hace que los datos nuestros no lleguen con la rapidez que deberían”, puntualizó la jerarca de Justicia.

Sin embargo, reconoció, esas son hipótesis de la cartera. Para poder determinar si la situación es como se piensa, el martes pasado se creó una comisión que estará integrada por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y de Justicia, así como por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la ESPH.

Dicho grupo tiene hasta el 15 de noviembre próximo para dar un reporte final.

Aunque el tema está en análisis, la ESPH, en conjunto con sus dos empresas aliadas (Grupo Cesa y Geosatis Technology) defienden la elección de usar redes GSM y no otras más nuevas.

Según dijeron, los mapas de la Sutel del 2018 muestran que la señal GSM es la que tiene más cobertura a nivel nacional.

Aprovecharon para insistir en que la tecnología que usan las tobilleras funciona bien y que es de las más avanzadas en este campo.

Ese argumento es el mismo de Grupo Cesa, aliado de esa empresa en el proyecto de monitoreo. Su representante, Juan David Rothe, aseguró que no se trata de tecnología obsoleta, como afirmó la ministra ante los diputados.

“Tenemos 47 años de estar en el mercado, estamos presentes desde México hasta Panamá. La tecnología no es lo que está fallando; lo que falla es la administración del centro de monitoreo de Justicia”, apuntó.

Por su parte, Ivan Barrantes, vocero de Geosatis Technology (empresa suiza que fabrica los dispositivos), fue enfático: “Aquí hay problemas de gestión administrativa por problemas de capacidad, pero es más fácil decir que es porque la tecnología es obsoleta (...). La ministra tira cortinas de humo por el interés particular que tiene de terminar el contrato (con la ESPH)”.

Recalcó que la falla es en el monitoreo y que hasta los propios reos lo notan. “Si yo, como persona con tobillera, empiezo a ver que me salí del perímetro permitido y no me llaman; veo que tengo batería baja y no me llaman, pierdo el miedo porque no estoy siendo monitoreado y hago lo que quiero”, aseveró.

Colaboró en esta información la periodista Eillyn Jiménez