El exalcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, fue absuelto este jueves de supuestos hechos de corrupción, debido a una deficiente investigación del Ministerio Público.
Así lo dieron a conocer los jueces del Tribunal Penal de Hacienda al exonerar al exfuncionario por seis delitos de concusión, que le atribuyó la Fiscalía.
"El Ministerio Público no investigó a profundidad el destino del dinero (...). El Ministerio Público no ahonda en la investigación (...), por eso tenemos que absolver por duda, no se logró determinar si tienen responsabilidad o no en el uso de los dineros de la municipalidad", dijo Roy Jiménez Mata, presidente del Tribunal.
El juez advirtió que incluso una perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien declaró en el debate, dijo que no se pudo dar seguimiento a los dinero, pues en la municipalidad no había controles internos.
En este mismo caso también se absolvió al inspector de la municipalidad de Talamanca, Saúl Barrantes Mora, a quien se le había acusado de dos delitos de concusión.
La absolutoria la emitió el Tribunal de Juicio de Hacienda, con sede en los Tribunales de Goicoechea, al cerrar un debate que se había iniciado en octubre pasado. El miércoles el fiscal Freddy Calderón Chaves, pidió que se impusieran seis años de prisión a Morales y cuatro a Barrantes.
Luego de escuchar el fallo, el abogado Edgardo García, defensor de los imputados, dijo que durante el proceso la Fiscalía nunca tuvo una prueba sólida para buscar la condenatoria.
"El único fin que se tuvo en el momento era perseguirlo porque (Rugeli Morales) era un candidato potencial para ser diputado por Limón y ese fue el objetivo del Ministerio Público", señaló.
Asimismo, insistió en que se trató de una investigación "pésimamente mal llevada, en la cual dos personas fueron a la cárcel, les quitaron sus bienes y hoy los dejan con una absolutoria".
La Nación intentó conocer la versión de Rugeli Morales, pero el exalcalde dijo que no daría declaraciones a este medio.
Antecedentes
Los hechos que se juzgaron sucedieron entre el 2005 y el 2009, mientras Rugeli Morales se desempeñaba como alcalde de Talamanca.
De acuerdo con la acusación fiscal, el alcalde, con la presunta complicidad de dos funcionarios del ayuntamiento, Barrantes y otro de apellido Cortés, así como de un empresario de apellido Esquivel, ejecutaron un plan para que tres compañías relacionadas a este último resultaran beneficiadas con compras de repuestos y adjudicación de obras.
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A cambio, supuestamente el empresario realizaba depósitos de dinero a favor de las personas ligadas a la municipalidad.
Durante el desarrollo del proceso penal, Cortés y Esquivel recibieron un criterio de oportunidad en el cual se les excluía de cualquier persecución penal, a cambio de que se presentaran a declarar en el debate contra Morales y Barrantes.
Al inicio, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Adjunta de Limón, en aquel momento a cargo de Celso Gamboa Sánchez.
El tribunal que se encargó de este caso estuvo integrado además de Jiménez por Sergio Quesada Carranza, y Gabriela Vega Carvajal.