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El exdirector de La Reforma, investigado desde noviembre pasado por supuestos nexos con un reo que estafó ¢500 millones, estuvo casi medio año de vacaciones y, en cuanto regresó a laborar el pasado 28 de abril, fue reubicado en otro alto puesto.
Según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz ante una consulta de La Nación, el funcionario, de apellidos Pérez Montero, pasó a ser, de forma temporal, el director del Centro de Atención Integral (CAI) San José, conocido como cárcel de San Sebastián.
Al justificar la decisión de colocar a Pérez en el puesto más alto de otra prisión, teniendo una investigación abierta, la cartera indicó: “Atenderá esas funciones en razón de su plaza”.
Para entender el contexto, es necesario indicar que ese funcionario está, interinamente, en la clase de puesto Profesional Jefe de Servicio Civil 2, director de centro, desde el 16 de febrero de 2020, expuso Justicia en noviembre pasado.
Entonces, si se quiere reubicar a alguien que tenga ese puesto, la única posibilidad que dice tener esa cartera es nombrarlo como director de otro centro penal.
“De conformidad con la normativa laboral vigente, se hizo un reacomodo horizontal a otro puesto en el que cumplirá las funciones conforme a su nombramiento”, recalcó la oficina de prensa de esa entidad.
Así las cosas, ese traslado será de forma temporal, en el tanto la investigación administrativa así como la pesquisa penal en su contra avanzan.
Sobre la primera, Justicia mencionó que no podía dar detalles de su avance por tratarse de un tema privado.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen informó de que el caso, que se tramita bajo el expediente 19-017027-0042-PE, está en proceso de recolección y análisis de prueba.
A Montero se le vincula porque, en apariencia, le habría facilitado comodidades al preso, de apellido Tencio, para la comisión de los delitos. Incluso, el reo podía moverse de ámbito en ámbito, cada vez que no se sentía cómodo en alguno, o cada vez que se sentía vigilado de más por algún policía penitenciario.
La Fiscalía confirmó que Pérez continúa siendo investigado por este asunto; pero hasta el momento no se le ha tomado la declaración indagatoria.
Acumulación de periodos de vacaciones
Un día después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticulara esa banda, liderada por el recluso Edwin Alexis Tencio Rodríguez, el Ministerio de Justicia salió al paso e indicó que, ante la investigación que se llevaba en contra de Pérez, se tomó la decisión de otorgarle el saldo total de sus vacaciones.
Así las cosas, el funcionario, quien arrastra sanciones por negar la requisa de su auto y acoso laboral, estuvo fuera de labores casi medio año. Su descanso comprendió desde el 12 de noviembre del 2020 y hasta el pasado 27 de abril, confirmó la cartera.
Llama la atención la cantidad de vacaciones acumuladas que tenía Pérez para su disfrute, sobre todo porque tanto el Reglamento de Estatuto de Servicio Civil, así como el Código de Trabajo, recalcan la prohibición de acumular tantos días libres.
De hecho, señalan que, en casos muy puntuales, se permite únicamente la acumulación de dos períodos, cantidad de tiempo que dependerá de la antigüedad del funcionario en la institución.
En el caso de Pérez Montero, quien tiene 32 años de trabajar para esa cartera, cada periodo corresponde a un mes, lo cual es equivalente a 26 días hábiles. Es decir, él tenía la posibilidad de acumular, como máximo, 52 días hábiles para su disfrute.
No obstante, él gozó de 114 días, cifra que excluye tanto los fines de semana como los feriados por ley. Ese número se convierte en casi cuatro períodos y medio.
Se le consultó al Ministerio sobre esta situación en particular para entender porqué tenía tantos meses de vacaciones, pero solo se limitó a responder lo siguiente:
“De acuerdo con nuestro departamento de Recursos Humanos, obedece en razón de antigüedad y la naturaleza de su cargo”.
La Dirección General de Servicio Civil (DGSC), por su parte, indicó que, si bien no se puede referir a casos en concreto, en la generalidad se busca que tanto el patrono como el trabajador hagan valer el derecho a vacaciones, pues, primero, se trata de una necesidad física y, segundo, acumular días libres significa un eventual recargo en otro funcionario cuando el primero se acoja a su derecho.
“En el caso de directores de un centro penitenciario, por la naturaleza de sus funciones, y la necesidad institucional de que sus servicios sean prestados ininterrumpidamente es probable que se diera la necesidad de acumular periodos”.
“No obstante lo anterior, es responsabilidad del jerarca respectivo velar porque esta situación no exceda los límites razonables, pero esto se trata de un tema de resorte interno de cada institución que debe valorar cada caso específico”, apuntó Servicio Civil en respuesta a este medio.
Recordó, además, que hasta hay fallos de la Sala Constitucional en la que se habla de la necesidad imperativa de que los empleadores estén pendientes de que sus subalternos tomen sus respectivos tiempos de descanso.
La sentencia número 016621-2014, de ese alto Tribunal, puntualizó: “Es facultad de patrono fijar el disfrute de las vacaciones de los trabajadores, (...) por lo cual el disfrute del mismo no queda a discreción del trabajador. (...) Existen disposiciones legales y una norma de control interno que obligan al patrono a hacer efectivo ese disfrute, lo cual aunado a la necesidad física y profiláctica al descanso por parte del funcionario, se convierte en un imperativo administrativo e institucional”.
Estafaban y luego buscaban legitimar dinero
El caso con el cual se vincula a este funcionario penitenciario tiene que ver con una banda liderada por Edwin Alexis Tencio Rodríguez, quien descuenta 43 años de cárcel por diversos delitos.
Ni esa condena tan fuerte fue obstáculo para que el privado de libertad, de 29 años, montara su propia banda dedicada a hacer estafas telefónicas desde la cárcel.
Pese a que no trascendió desde hace cuánto operaba este grupo, las autoridades estimaron el perjuicio económico en ¢500 millones.
Según indicó el OIJ en su momento, Tencio lograba su cometido gracias a la supuesta estrecha relación que tenía tanto con Pérez, como con una mujer de apellido Bocam, quien era la directora del módulo donde pernoctaba, y con un policía penitenciario, apellidado Irigoyen Cruz.
Entonces, gracias a esas supuestas comodidades es que fue reclutando gente, la cual en su mayoría son familiares suyos.
El trabajo de los miembros era estudiar todo sobre sus víctimas para, cuando se hiciera el contacto, poder generar empatía con ellos y así hacerlos caer en el engaño.
Una vez que obtenían el dinero, lo trasladaban a cuentas destino, las cuales pertenecían a terceras personas que, según la investigación, conocían de la ilicitud del movimiento.
Luego, una parte de ese efectivo lo intentaban legitimar al comprar bienes muebles e inmuebles, los cuales ponían a nombre de sociedades anónimas o bien de otros familiares del cabecilla. Para ello, contaban con la supuesta ayuda de un notario, cuya oficina quedaba en Grecia, Alajuela.
Entre lo adquirido por la organización criminal destacan joyas, 180 cabezas de ganado (valoradas en ¢50 millones) y dos vehículos lujosos.
También compraron una gran finca en Katira de Guatuso, en la cual supuestamente iba a vivir el líder, una vez que saliera de prisión, dijo el OIJ.
La otra parte de ese dinero la mantenían oculta en distintas propiedades.
¿Qué pasó con el policía y la directora de módulo?
La mujer de apellido Bocam, quien era directora de un módulo de ese centro penal, también fue enviada a vacaciones de manera forzada, pero regresó a trabajar en enero.
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En su caso, “se le hizo un traslado administrativo a la Unidad de Repatriaciones mientras tienen lugar las pesquisas, tal como dicta el ordenamiento jurídico”, apuntó Justicia en un correo electrónico.
Por su parte, al policía, un juez le ordenó mantener domicilio fijo, impedimento de salida del país y reubicación en un puesto que no sea laborable dentro de una prisión.
