La exfiscala subrogante, Berenice Smith Bonilla, rechazó este jueves huber favorecido de manera intencional a algún funcionario durante su gestión en ese alto cargo del Ministerio Público.
Ese fue su principal argumento al ser indagada en la causa que se le sigue por el delito de tráfico de influencias. En ese mismo asunto también está implicado el alcalde de San José, Johnny Araya Monge.
Smith declaró durante más de una hora en la Fiscalía General de la República, ante la fiscala Angélica Velásquez.
El origen del caso es una petición que hizo Araya Monge, en diciembre del 2015, para que su nombre fuera borrado del expediente 12-000096-0621-PE, de la investigación por influencia contra la hacienda pública que se le seguía.
En aquel momento, en una nota que Araya dirigió a Berenice Smith, quien era fiscala adjunta de Probidad, le pidió certificar que en el mencionado expediente no figuraba como imputado.
La nota fue respondida por la fiscala Natalia Rojas Méndez, quien precisó que, "siguiendo instrucciones superiores", aclararaba que Araya estaba como denunciado y no como imputado en ese legajo.
Federico Campos Calderón, abogado defensor del Berenice Smith, manifestó que no están claros los cargos.
"Me parece que la Fiscalía General está haciendo suposiciones de indicios que no apuntan directamente a ningún delito.
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"En mi criterio, los hechos que se le atribuyen son atípicos, porque no hay indicio de que ella favoreciera dolosamente a nadie (...) En todo caso, no estuvo vinculada directamente con la eliminación del nombre de Johnny Araya en el sistema de gestión como imputado", dijo.
La declaración de la exfiscala subrogante era el último elemento que faltaba en la investigación por el delito de tráfico de influencias, que se sigue contra Smith y Araya.
Inicialmente, en este mismo asunto figuró como imputado el magistrado Celso Gamboa Sánchez, pero su caso fue separado, pues él tiene inmunidad, en razón de su cargo. Actualmente él está suspendido.
Este jueves, Gamboa también acudió a la Fiscalía a observar el expediente que se sigue en su contra, confirmó el Ministerio Público.
Alcalde ya declaró
Johnny Araya declaró por este caso el pasado 11 de diciembre. Según manifestó después a los medios, dejó "claramente establecido" que su actuación se produjo en el legítimo derecho de cualquier ciudadano de saber el estado de un expediente en el que figura como investigado.
La ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito castiga el delito de tráfico de influencias con una pena de entre dos y cinco años de prisión. Esta puede elevarse a un máximo de seis años y medio, cuando involucra a miembros de los supremos poderes.
Berenice Smith dejó el cargo en octubre pasado. Luego fue designada como fiscala adjunta de Cartago, pero fue incapacitada hasta el próximo 14 de marzo.