EscucharEn 1996, el tipo de cambio del dólar empezaba a superar los ¢200, la población de Costa Rica era de 3,5 millones de habitantes, Claudia Poll ganaba su medalla de oro olímpica y el presidente era José María Figueres Olsen.
Desde aquella época, la empresa privada Hidroflorencia S. A. demandó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por incumplir un acuerdo de generación hidroeléctrica, proceso que terminó apenas el 21 de junio pasado, luego de casi 26 años, cuando condenaron al ICE a pagar ¢10.000 millones.
La extrema duración de ese caso, tramitado dentro del expediente 96-000418-0177-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo, llamó la atención de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en dos sesiones de julio buscaron soluciones para evitar que las personas queden atrapadas en procesos judiciales que pueden sentirse interminables.
El magistrado de Sala Constitucional, Fernando Cruz, fue quien llevó a discusión este expediente y el 05-000002-0621-PE, en el que es procesado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y otros imputados por presunto peculado en perjuicio de los deberes de la función pública, debido a supuestos sobornos a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, que habrían sido realizados por la reaseguradora londinense PWS.
Estos hechos se empezaron a investigar desde el 2001 y la causa contra el exmandatario se abrió en el 2005, por lo que el caso acumula 22 años en estrados judiciales.
Para atender estos casos de mora extrema, Nacira Valverde Bermúdez, directora de Planificación del Poder Judicial, presentó nueve recomendaciones a la Corte Plena el 17 de julio, las cuales fueron enviadas por los magistrados a una comisión especial liderada por el magistrado de Sala Segunda, Jorge Olaso, la cual estudiará cada propuesta.
Las principales recomendaciones consisten en incluir un profesional en administración de la Dirección de Planificación en cada circuito del Poder Judicial, para mejorar el rendimiento de cada despacho. Esta Dirección también planea darle seguimiento y atención a los expedientes con mayor tiempo de duración, por medio de distintas herramientas tecnológicas.
Valverde propuso, además, darle prioridad a un proyecto que ayudaría a automatizar procesos y analizar el rezago judicial. La elaboración de este proyecto incluye talleres con el Colegio de Abogados para estudiar cuáles reformas legales son necesarias para evitar que un expediente se extienda por demasiado tiempo.
¿Por qué duraron tanto estos procesos?
El 10 de julio, Dixon Li Morales, de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, expuso a los magistrados en sesión de Corte cada una de las fases en las que se trabaron los dos expedientes estudiados.
En el caso Hidroflorencia vs. ICE, el expediente entró al Juzgado Contencioso Administrativo, la primera instancia en demandas contra el Estado. Solo en esa etapa, el expediente permaneció nueve años y ocho meses, entre 1996 y 2006. En ese periodo, por el Juzgado rotaron 15 jueces, lo que provocó que cada vez que llegaba un juez nuevo, el caso debía estudiarse desde el principio.
En la segunda instancia, en el Tribunal Contencioso Administrativo, el caso tardó tres años, incluyendo ocho meses de lo que Li llamó “tiempo ocioso”, que fue un periodo de inactividad del expediente luego de que saliera del Juzgado.
Luego, fue elevado a Sala Primera, donde tardó cuatro años y ocho meses. De allí, en el 2014, la demanda fue enviada al Tribunal Contencioso para su etapa de ejecución, es decir, donde se debía determinar el monto a pagar por parte del ICE.
En esta fase, se tardó tres años y cuatro meses, en parte porque la jueza ejecutora no atendió el proceso durante dos años, y enviaba diferentes justificaciones de la demora, como que no había podido concluir con el estudio y preparación de la sentencia. Así lo consignó la Sala Constitucional en un recurso de amparo del 2019, en el que socios de Hidroflorencia reclamaron por el rezago. En el recurso se ordenó al Tribunal Contencioso resolver con prontitud.
Posteriormente, se pasó al Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo, donde tras 11 meses se anuló la sentencia del Tribunal de Ejecución, por lo que el expediente fue devuelto al mismo, que tardó cuatro años más en emitir una segunda sentencia que condenó al ICE a pagar ¢8.637 millones por indemnización, más ¢1.470 millones por las costas del proceso.
Ambas partes presentaron apelaciones, que fueron rechazadas en cuestión de 70 días, y luego presentaron sendos recursos de casación ante la Sala Primera, en la última instancia posible. El proceso concluyó finalmente el 21 de junio, cuando la Sala Primera rechazó las dos casaciones y dejó en firme lo decidido por el Tribunal Contencioso.
El caso Rodríguez
En cuanto al expediente de Rodríguez, solo en la etapa preparatoria, en el Juzgado Penal, se tardó 12 años y siete meses desde que ingresó la primera causa, en el 2001. Una segunda causa entró en el 2005, por lo que ambas fueron acumuladas en el 2013. En ese año el caso pasó a su etapa intermedia, donde hubo una primera audiencia preliminar en el Juzgado que dictó sobreseimiento en favor del expresidente.
Tras una apelación del Ministerio Público, se realizó una segunda audiencia en el 2015, que fue declarada ineficaz por parte del Tribunal Penal de Hacienda y obligó a la realización de una tercera audiencia en el 2017. Toda esta etapa intermedia demoró cinco años y cuatro meses.
Hasta el 2019 se dio un señalamiento a juicio, para enero del 2021; sin embargo, dicho señalamiento quedó sin efecto en diciembre del 2020 porque se debían traducir 4.800 documentos para la evidencia y además no había una sala adecuada para realizar el debate con las medidas sanitarias por covid-19.
En noviembre pasado, el Tribunal Penal de Hacienda declaró viciado el proceso de investigación en contra de Rodríguez; el expresidente ejecutivo del INS, Cristóbal Zawadzki Wojtasiak; el exjefe de reaseguros del INS, Álvaro Antonio Acuña Prado, exfuncionarios del ICE y la esposa de Zawadzki, Gilda Montes de Oca, cuya causa prescribió por su fallecimiento en febrero del 2022.
Los jueces le habían dado la razón a Christian Arguedas, abogado del expresidente, quien alegó que la extensa duración del proceso lesionó el principio de justicia pronta y cumplida. Rodríguez también había presentado un recurso ante la Sala Constitucional, la cual el 18 de febrero del año anterior reconoció que el exmandatario, por ser adulto mayor, merecía un tratamiento judicial diferenciado.
La Sala determinó que “no puede atribuir el problema a una sola de las autoridades recurridas, sino que la situación trasciende un despacho o una persona; se relaciona, más bien, con las acciones que ha tomado el Poder Judicial a fin de implementar de manera efectiva las disposiciones convencionales e institucionales que garantizan a las personas adultas mayores un trato diferenciado”.
A pesar de estos criterios judiciales, la Fiscalía había anunciado el 11 de noviembre del 2022 que insistiría en llevar el caso a juicio, por lo que el expediente no se ha cerrado.
‘La demora es excepcional’
Ante consulta de La Nación, la oficina de prensa del Poder Judicial indicó que “la demora registrada en estos dos casos concretos es excepcional; es decir, no es un reflejo de la duración de los procesos que se tramitan en el Poder Judicial; en vista de esa excepcionalidad es, precisamente, que dichos expedientes han sido objeto de discusión, estudio y análisis por la Corte”.
La entidad señaló que se han puesto en marcha acciones para combatir el rezago judicial, lo que ha llevado a que de diciembre del 2020 a diciembre del 2022 se registrara una disminución del 9% en la cantidad de expedientes pendientes de resolución, 75.712 casos en números absolutos.
Además, la cantidad de expedientes resueltos en primera instancia jurisdiccional pasó de 281.687 a 301.167 entre el primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2022; lo que representó un incremento de un 7%.
“Lo anterior se ha logrado a partir de la sistematización de un proceso articulado que forma parte de una estrategia institucional. Esto se basa en un modelo de análisis integral de circuitos mediante el cual se evalúa, monitorea, brinda soporte y se implementan planes de mejora en aquellos despachos judiciales que presentan mayor rezago”, detalló el Poder Judicial.
