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Este martes fue extraditado de Estados Unidos el médico y empresario Lorenzo Castaño Suárez, vinculado con una estafa de cerca de $2 millones en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El arribo del individuo se produjo a las 11:45 a. m. en un vuelo procedente de Miami, confirmaron las oficinas de prensa del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las autoridades le atribuyen a Castaño cobrar facturas por venta de insumos de ortopedia en las que se habrían incluido nombres de fallecidos para abultar las cifras.
Él salió del país en marzo del 2018, poco tiempo después de que la Fiscalía abriera la causa judicial.
A el médico se le atribuyen al menos 100 delitos de estafa en concurso material con 100 delitos de falsedad ideológica, todos cometidos en perjuicio de la CCSS.
La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público confirmó que Castaño, de 51 años, se encontraba en Estados Unidos, donde fue ubicado por las autoridades migratorias de ese país, por lo que se detuvo y se coordinó su traslado hacia Costa Rica.
En tanto, el OIJ comunicó que el procedimiento se hizo por medio de la Interpol, luego de que el Juzgado de San José emitiera una orden de captura internacional. Fue localizado en enero pasado en Miami. Desde ese momento permanecía detenido en espera de completar la extradicción.
Lorenzo Ramón Castaño es un médico costarricense nacido en La Habana, Cuba. Fue gerente general de la empresa Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda, y aparentemente el responsable de la firma de contratos, licitaciones y adjudicaciones para compras de insumos de ortopedia a la Caja.
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Cinco años de pesquisas
El llamado ‘caso Synthes’ trascendió en enero del 2014, cuando médicos del Hospital Calderón Guardia detectaron anomalías en la tramitación de un importante grupo de facturas por la compra para insumos utilizados en operaciones de ortopedia, desde clavos hasta prótesis de cadera. Esas adquisiciones se hicieron entre el 2009 al 2011.
Ese año, se estimó que el intento de estafa rondaba los $2,3 millones.
La empresa, aparentemente, no solo recurrió al uso de personas fallecidas para llenar estas facturas, sino también a pacientes de otras especialidades como Oftalmología y Urología, donde no se necesitan este tipo de insumos.
Además del hospital Calderón, se descubrieron facturas presuntamente irregulares en los hospitales México y San Juan de Dios, en San José, y el Max Peralta, en Cartago.
Junto a Castaño, en la causa judicial también aparece como coimputado el enfermero Edwar Aguilar Alcócer, quien fue jefe de ventas del Área de Trauma de la empresa, subalterno de Castaño, y responsable de revisar, verificar y gestionar las ventas de insumos ortopédicos mediante facturas que su personal de ventas tramitaba ante la CCSS.
En este caso, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual presentó la acusación en febrero pasado y se tramita bajo el expediente 14-000049-612-PE.
