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La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) presuntamente ocultó comunicar al juzgado y al Ministerio Público que había recibido $1,1 millones (¢715 millones) por el arreglo que hizo el expresidente de ese órgano deportivo, Eduardo Li Sánchez, con la justicia de Estados Unidos por casos de corrupción relacionados con la FIFA.
El alegato lo presentaron los abogados defensores tanto de Eduardo Li, como de Rafael Vargas Brenes durante la audiencia preliminar que se realizó en el Juzgado Penal de San José, en la cual se decidiría si la acusación planteada contra Li y Vargas por una presunta administración fraudulenta debía ser elevada a juicio. El caso tiene que ver con la compra ficticia de balones y uniformes en el año 2014.
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Tanto los defensores de Li, Róger Guevara Vega y José Luis Campos Vargas; como el representante legal de Vargas, Edgardo García Vargas, consideraron como una deslealtad jurídica la acción de la Fedefútbol.
En criterio de los litigantes, eso significa que la Federación ya fue resarcida en relación con cualquier daño o perjuicio económico, por lo que no tiene derecho a reclamar dos veces la reparación de un perjuicio ya satisfecho.
Además, estimaron que el reclamo que ahora hace la Fedefútbol ya fue discutido judicialmente en Estados Unidos, donde Eduardo Li asumió responsabilidad y fue sentenciado, por lo que con base en el principio de cosa juzgada material (non bis in idem) sería inconstitucional juzgarlo nuevamente en Costa Rica.
Edgardo García, dijo a La Nación, que ante esa situación solicitó un sobreseimiento provisional a favor de los investigados.
La gestión fue acogida por el juez Fabián Serrano, quien además ordenó al Ministerio Público que por medio de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri), pida a las autoridades judiciales estadounidenses información sobre la sentencia en el caso Li.
En especial, si en el arreglo económico están contempladas las facturas que son objeto de reclamo aquí. La respuesta anterior permitirá al juzgador conocer si los hechos acusados en nuestro país fueron o no juzgados en Estados Unidos.
También pidió aclarar si los montos reclamados por la Fedefútbol realmente pertenecen a ellos o si por el contrario son de la FIFA o la Concacaf.
Igualmente, se solicitó determinar con exactitud el lugar donde se hicieron los pagos, pues existen dudas sobre cuál jurisdicción judicial debe tramitar el asunto, pues la Fedefútbol tiene dependencias en el proyecto deportivo Gol en Alajuela y por tanto, la demanda debería dilucidarse en Alajuela y no en San José, como hasta ahora.
Tanto la Fiscalía como la Fedefútbol tienen un plazo de un año para evacuar las dudas. En caso de no responder, se podría declarar extinguida la acción penal en beneficio de Li y Vargas.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía confirmó que el Juzgado Penal les pidió “ampliar las indagaciones respecto a la sentencia emitida en Estados Unidos contra Li, para obtener de ella una serie de evidencias adicionales a las aportadas. Por lo anterior, la Fiscalía se abocará a reunir la prueba solicitada, ordenando las diligencias de investigación necesarias para ese fin”.
Por su parte, el abogado Víctor Herrera Flores, uno de los representantes de la Fedefútbol en el proceso, negó que se haya ocultado información como lo alegan los defensores.
“Lo que yo hago es que aporto que ellos pagaron $1,1 millones pero que ahí no se cubre lo de la compra ficticia de balones y uniformes. Lo que aportamos es que ese dinero es por derechos televisivos y por partidos amistosos y nada más.
“Aporto eso para demostrar que lo que dice la defensa es mentira, que nunca se ha pagado nada de los $172.000 que estamos acusando (...) el juez dice que esto es muy confuso, que no le queda claro y que entonces va a aclarar todo antes de ir a juicio”, añadió el abogado.
Víctor Herrera agregó: “Sí debe quedar clarísimo es que en la audiencia don Eduardo acepta haber cometido ese delito y sostiene que ya lo pagó. Si la cosa juzgada no le pega es una persona confesa”.
Recuento del caso
Esta causa judicial tiene su origen el 21 de octubre del 2016, cuando Rodolfo Villalobos, actual jerarca de la Fedefútbol, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Eduardo Li y Rafael Vargas, por presuntamente cometer el delito de administración fraudulenta.
La acusación corresponde a la supuesta compra en el 2013 de 8.000 balones y 5.000 uniformes que nunca fueron vistos en la Fedefútbol. La firma del entonces secretario Rafael Vargas aparecía en la orden de compra; asimismo, junto a la de Eduardo Li, en documentos que autorizaban las transferencias bancarias desde cuentas de la Federación por el supuesto pago de los implementos.
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Una investigación de la Sección de Delitos Económicos y Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) corroboró que los implementos deportivos nunca ingresaron al país y que, en cambio, sí hubo transferencias de dinero por la supuesta compra.
El propio Li había admitido ante la justicia norteamericana haberse apropiado, mediante facturas falsas, de dineros correspondientes al Mundial Infantil Femenino, realizado en Costa Rica en el 2014.
Aquel torneo, organizado con dineros de FIFA y del Estado costarricense, estuvo rodeado de nebulosas, anomalías y deficientes controles, no solo en lo actuado por Li, sino en torno a la contratación y pago de proveedores, según denunció en su momento La Nación.
El tema que reclama la Fedefútbol tiene que ver con dos facturas de la empresa Forward Sports International Management Inc. que Eduardo Li y Rafael Vargas Brenes autorizaron transferir. Se trata de $80.000 (el 29 de agosto) y $92.000 (el 12 de septiembre del 2013). Curiosamente, la orden de compra que motivó los pagos tiene fecha del 23 de setiembre del 2013, muchos días después de que ya se habían realizado las transferencias por medio de un banco.
Las facturas eran por la supuesta compra de 8.000 balones y 5.000 uniformes que nunca ingresaron a la Federación ni fueron usados durante el Mundial femenino en el 2014.
Las irregularidades quedaron documentadas en una auditoría encargada por FIFA, de la empresa Ernst & Young.
Eduardo Li había sido detenido en la ciudad suiza de Zúrich en mayo de 2015 en el marco de una gran operación policial en vísperas de un congreso de la FIFA y posteriormente extraditado a Estados Unidos en diciembre de ese año.
El exjerarca se declaró culpable en octubre del 2016 de tres delitos de los 14 que fue acusado en principio por la Fiscalía estadounidense. Las tres infracciones que aceptó fueron: asociación para delinquir, transferencias bancarias fraudulentas y conspiración para cometer un fraude bancario.
En noviembre del 2018, la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York determinó en su sentencia que el costarricense quedaba en libertad supervisada durante un período de dos años y podía volver al país. Eduardo Li retornó a Costa Rica el 9 de diciembre del 2018.
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En un comunicado enviado por los abogados Guevara y Campos señalan: “Eduardo Li se encuentra tranquilo, seguro de haber respondido por sus actos y confiado en el actuar de las instituciones judiciales costarricenses”.
La FIFA, mientras tanto, había anunciado en abril de 2017 una sanción a perpetuidad contra Li, inhabilitándole para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol nacional e internacional.
