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El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, Guzmán, aseguró que antes de finalizar este año se presentará la acusación contra 48 personas sospechosas de haber cometido irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza 1856.
El anuncio lo hizo este jueves durante una comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde fue llamado para que se refiriera a la lentitud en el avance de investigaciones en casos de corrupción.
De acuerdo con Chavarría, se esperaba que para este mes de setiembre estuviera lista la acusación, pero no se pudo, pero prevé que será en octubre o antes de que termine el 2016.
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"Tenemos 48 imputados al día de hoy. Por eso es tan lento este caso, pero les garantizo que vamos para juicio", le manifestó el fiscal a los diputados de ese foro legislativo.
La acusación recaería sobre funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y proveedores de maquinaria contratados por esa institución.
Entre los imputados figurarían el exdirector del Conavi, Carlos Acosta, así como los funcionarios que se encargaron del proyecto por parte de esa entidad: Miguel Ramírez y Manuel Serrano.También figuran los contratistas David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz.
De acuerdo con la información que brindó el ente acusador del Estado a los diputados, en esta causa hay un legajo de 23 tomos, 350 expedientes de facturas de cobro, 40 cajas de evidencia con información bancaria, documentación relacionada con 58 allanamientos, 9 cajas de evidencia secuestradas al Conavi y un total de 250 testigos.
La trocha 1856, que se extiende a lo largo de 160 kilómetros en forma paralela a la frontera con Nicaragua, fue un proyecto impulsado por la administración de Laura Chinchilla en respuesta a la invasión del gobierno de Daniel Ortega a isla Calero, Pococí, ocurrida en el 2010.
Con un costo de más de ¢20.000 millones, la obra se inició en diciembre del 2010 de manera confidencial, sin que mediaran concursos en la contratación de empresas.
Luego, en mayo del 2012, la expresidenta Chinchilla denunció públicamente que funcionarios del Conavi habrían recibido dádivas de empresarios de construcción a cambio de beneficios en las obras de la trocha fronteriza.
En ese mismo mes empezó la investigación por parte de la Fiscalía. Los delitos indagados son: peculado, influencia contra la Hacienda Pública y cohecho.
Lentitud. Chavarría le dijo a los diputados que él es el primer interesado en que las causas de corrupción avancen con prontitud, pero el sistema judicial actual limita eso, al tener un proceso formalizado en la apertura de prueba.
Tenemos 280 cajas repletas de documentos. Hay que pedirle a un juez permiso para abrir esas cajas. Si no lo pide, los jueces anulan esa prueba.
"Esos son procedimientos que inventaron los jueces (...). Es mentira que tenemos un sistema procesal moderno, es un martirio llevar un caso de estos", enfatizó Chavarría.
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Otro aspecto que cuestionó Chavarría es el hecho de que fiscales de peso en casos de corrupción ya no están en el Ministerio Público, porque la misma corte los ha contratado en otros puestos.
Algunos de los que llevaron casos de expresidentes ahora son jueces, aseveró Chavarría.
Asimismo, el fiscal que llevaba el caso de la trocha ahora es letrado del magistrado de la Sala Tercera José Manuel Arroyo y eso implica que el nuevo fiscal haya tenido que estudiar de nuevo el expediente, recriminó Chavarría.
El fiscal general urgió a los diputados sobre la necesidad de crear una policía especializada en casos de corrupción, pues asegura que muchos de los casos actuales los llevan agentes de la sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
"El Estado de derecho es como un jardín, si no se cuida se vuelve en un matorral", le dijo el fiscal a los diputados.
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