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Carlo Israel Díaz Sánchez no había asumido como fiscal general de la República, cuando hizo un barrido por la realidad del Ministerio Público y detectó el enorme rezago en la tramitación de expedientes, la rotación de personal que impide el avance de casos urgentes y las falencias que hay en instancias vitales como la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
En la entrevista de preselección realizada por los magistrados de la Corte Plena, Díaz, de 49 años, y con casi 25 años de experiencia en la Fiscalía, promovió una reorganización interna del Ministerio Público, mejorar el rendimiento de algunas dependencias y la coordinación con autoridades judiciales.
Él compitió con otras 19 personas por el cargo y fue juramentado el 31 de octubre pasado como fiscal general, luego de que, desde el 25 de junio del 2021, Emilia Navas Aparicio renunciara a esa posición. Díaz aún no ha dado entrevistas a la prensa. La Nación gestionó un encuentro con él, pero, alegó que requiere tiempo para asentarse en el puesto y conocer la dinámica. Por esa razón, este medio recurrió a la entrevista previa que sostuvo con magistrados para conocer sus puntos de vista y propuestas.
“Soy bastante crítico y reitero que esta Fiscalía (Probidad) no está dando la talla, tiene que mejorar mucho, tiene que documentar sus investigaciones y el estudio, porque hay movilidad”, expresó en respuesta a una pregunta del magistrado Fernando Cruz. Por eso propone un sistema de seguimiento y control que mida el avance de las causas, en especial aquellas complejas y voluminosas.
Afirmó que la rotación de personal es uno de los aspectos que más afecta el progreso de los expedientes. A veces llegan fiscales sin experiencia en investigación. También ocurre que las personas que están a cargo de una fiscalía suelen pedir un funcionario experimentado, pero en ciertas ocasiones no hay voluntad para atender esa solicitud.
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Añadió que la movilidad tan alta del personal hace que a veces un fiscal que se ha leído 1.000 o más folios, es trasladado a otra dependencia y ese trabajo se diluye. Por eso, ahora exigirá que quede documentado ese avance, para que cuando llegue otro fiscal no tenga que empezar a leer de nuevo.
Afirmó que va a reorganizar el Ministerio Público, pues del 2014 al 2021 se duplicó el circulante y actualmente hay casi 80.000 expedientes, así como 24 fiscalías del país en números rojos. Lo anterior redunda en que el Poder Judicial no logre materializar el principio constitucional de justicia pronta y cumplida.
Para llegar a esas conclusiones utilizó los datos del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial, denominado Sigma, así como datos del Observatorio Judicial.
Carlo Díaz se graduó en Derecho en la Universidad de Costa Rica en 1997 y comenzó a laborar en el Poder Judicial el 1.° de enero de 1998. Tiene un máster en Derecho Penal y se egresó de la maestría en Criminología. Su promesa fue ejercer “un liderazgo ajeno a cualquier presión indebida”.
Expedientes varados
Algunas de las fiscalías con números rojos están en los 10 cantones más poblados del país, tales como Desamparados, Alajuela, Heredia y Puntarenas, las cuales no pueden salir adelante con los recursos que tienen.
Solo entre el 2015 y el 2021, el fiscal explicó que hay 14.891 causas rezagadas, es decir, que tienen más de dos años en la Fiscalía y de ellas 5.626 tienen más de tres años y algunas hasta siete años.
Para solucionar ese exceso de casos pendientes, planea crear una fiscalía itinerante, de modo que con personal subutilizado de otras fiscalías se pueda ayudar a las que están más rezagadas o con causas prontas a prescribir.
Se trata de reunir personal de élite, con capacidad en resolución y análisis de casos. “Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Hay muchas fiscalías que pasan desapercibidas. Nadie las controla, los jerarcas no saben la estadística del Ministerio Público y eso tiene que cambiar con mediciones mes a mes, para tomar decisiones”, dijo.
Llamó a buscar a los fiscales que no resuelven y ponerles un plan remedial aparejado con el sistema de evaluación del desempeño, para que cumplan con los rendimientos medios.
Otros de los problemas lo constituyen, por ejemplo, los 13.379 casos que por diferentes situaciones los Tribunales devolvieron a la Fiscalía entre el 2015 y el 2021, los cuales se suman a los casos pendientes.
En delitos sexuales, Díaz llamó a profundizar la sensibilización y capacitación del personal, así como que sea atendido por personas más empáticas.
Sobre la fiscalía especializada de asuntos indígenas también fue crítico. Sostuvo que la acción penal queda debiendo, pues existe una resolución de casos sumamente baja. Agrega que requiere ser intervenida para que aumente su rendimiento. Según Díaz, quien estuvo al frente de esa unidad, falta involucrarse más en la recuperación de las tierras ancestrales, pues desde 1977 se implementó la Ley Indígena de Costa Rica (N.º 6172), sin que hasta ahora las tierras hayan pasado a manos de esa minoría.
En cuanto a la rendición de cuentas, afirmó estar dispuesto a hacerlo ante la ciudadanía y en la Corte Plena, a sabiendas de que el artículo 295 del Código Procesal Penal no permite entrar en detalles, pero sí decir como avanza la investigación y cómo se va a resolver un asunto, sin que eso deba verse como una intromisión. “Es un ejercicio democrático, sin detalles que afecten la investigación o la personalidad de las personas involucradas”, puntualizó.
Atención rápida al OIJ
Ya al mando de su despacho, el fiscal general se reunió la semana pasada con el director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga; el subdirector, Michael Soto, y otros funcionarios judiciales, para coordinar acciones que permitan mejorar el desempeño en la investigación de delitos.
A lo interno también se ha reunido con funcionarios de distintas fiscalías del Ministerio Público. Dentro de estas primeras semanas de gestión, el jerarca ha realizado algunos nombramientos prioritarios de personas en distintos cargos, dijo la Fiscalía, sin precisar los nombres.
Díaz tiene claro que el trabajo conjunto con el OIJ es fundamental y por eso estima que urge mejorar los lazos con ese y otros cuerpos policiales. Según narró, siempre debe haber fiscales disponibles para el OIJ de manera que ese ente policial encuentre respuesta inmediata cuando presenta alguna gestión.
“Yo he hablado con oficiales del OIJ y, prácticamente, para ellos acercarse al Ministerio Público es una traba, eso tiene que cambiar”, dijo Díaz en la entrevista de preselección, donde afirmó que se debe reactivar la desaparecida oficina de atención inmediata para oficiales del OIJ y así evitar que deban agendar citas con los fiscales, como ocurre en la actualidad, las cuales a veces llegan a darse una semana o 15 días después.
Recordó que la Ley Orgánica del Ministerio Público le da al fiscal general la posibilidad de priorizar cuando se trata de casos grandes, máxime cuando se trata de asuntos que lesionan la institucionalidad y el estado de Derecho de nuestro país, de modo que busca agilizar el sistema.
