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Un fiscal del Ministerio Público olvidó solicitar a tiempo la prórroga de la prisión preventiva para 14 hombres, supuestos miembros del llamado clan narco Los Lara, por lo cual 12 miembros fueron puestos en libertad.
Otros dos siguen presos porque están imputados en otros delitos.
El hecho se presentó el pasado jueves 18 de marzo cuando finalizó una audiencia en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en la cual los jueces denegaron prorrogar las medidas cautelares, por una presentación tardía en la gestión.
Los beneficiados en este caso habían sido detenidos el 11 de diciembre del 2018, en un operativo en el cual se hicieron 25 allanamientos en varios barrios al sur de San José, principalmente Sagrada Familia, en un operativo en el cual participaron cerca de 300 funcionarios judiciales, entre policías, fiscales y jueces.
Entre los excarcelados figuran, el sujeto que las autoridades señalan como cabecilla del grupo, que es un hombre de apellidos Lara Villanea, de 45 años, conocido como mechudo, colochos o el patrón; así como el segundo en mando, también de apellido Lara Villanea (hermano del líder) de 32 años, al que identifican como compadre.
Luego de trascender la resolución, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, ordenó que, de inmediato, el asunto se trasladara a las instancias disciplinarias correspondientes, para que determinen si el fiscal a cargo del caso cometió una falla en el desempeño de sus funciones.
La decisión la tomó pues desde marzo del 2020, Navas emitió una directriz dirigida a los fiscales encargados de los procesos penales, para que ocho días hábiles antes del vencimiento de una medida de prisión preventiva, solicitaran la prórroga de la misma, para evitar inconvenientes, como otros veces se habían presentado en el pasado.
Los imputados en este proceso son de apellidos: Lara Villanea (dos hermanos), González Durán, Esquivel Campos, Giusti Tellería, Picado Valenciano, Salas Quesada, Rodríguez Munguía, Ureña Quesada, Rosales Pérez, Ruiz Martínez, Vásquez Agüero, Núñez Elizondo y Hernández Castro. No fue posible conocer, de todos los antes mencionados, cuáles son los dos que permanecen presos.
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Poderoso grupo
Según las investigaciones de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en el periodo comprendido entre mayo de 2017 a diciembre del 2018, los acusados (la acusación fiscal se presentó el 20 de noviembre del 2020) conformaron una organización criminal la cual presuntamente se dedicó al tráfico de drogas.
Centraron su actividad en el sector sur de San José, fundamentalmente en Cristo Rey, Sagrada Familia, Hatillo y el cantón de Alajuelita. Luego extendieron las operaciones a Santa Ana (oeste de San José) y Garabito en Puntarenas.
Para la Fiscalía, el grupo tenía una estructura jerárquica bien definida pues cuenta con “la participación de transportistas, encargados de la custodia, almacenaje, dosificación, vendedores terminales y encargados de los dineros.
“El grupo ejecutaba las acciones que fueran necesarias para defender sus plazas de venta de drogas, respecto de otras organizaciones delictivas, por lo cual tenían vigilancia y control permanente de los sectores, empleando armas de fuego de diversos calibres para tales propósitos.
“Tiene una organización interna, gracias a la cual, cada uno de sus miembros ejecutaba diversos roles, entre los cuales se citan la custodia de la droga, la distribución y transporte de la misma a los puntos de venta, el traslado de los dineros producto de las ganancias de la venta de drogas que eran empleados en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, como prendas de oro”.
Muchas de las actividades las conocieron las autoridades porque en este caso se hicieron intervenciones telefónicas.
Asimismo, en la documentación judicial que consta en el expediente 17-010454-0042-PE, se dice que el líder y su hermano habitan en dos viviendas contiguas, una que tiene dos pisos y la otra tres plantas, ambas situadas en la conocida Calle Los Lara, en Sagrada Familia. Los inmuebles están valorados en más de ¢300 millones.
En el Registro Nacional aparece el mayor de los Lara como propietario de cuatro fincas, todas en San José, que tienen un valor fiscal aproximado a los ¢75 millones.
En este caso, el tema de la prórroga de la prisión preventiva llegó hasta el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, porque ya se había excedido el plazo ordinario para mantener a una persona detenida sin ir a juicio y que está regulado en el Código Procesal Penal (CPP).
Incluso, el 9 de diciembre pasado el Tribunal de Apelaciones había dictado una prórroga de tres meses de la prisión preventiva, que vencía el 9 de marzo, esperando que en ese lapso se realizara la audiencia preliminar, en la cual se determinara la fecha del juicio.
Dicha diligencia todavía no se ha realizado, confirmó este martes el abogado Leonel Villalobos Salazar, defensor de dos imputados en este proceso.
Los barrios del sur de San José son considerados una zona conflictiva pues diversos grupos han entrado a disputar la venta de droga, luego que cayeron los hermanos Lara y el Gordo Leo. Incluso en los últimos meses se han presentado balaceras con personas muertas, se dice que por el surgimiento de nuevos grupos.
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