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La Fiscalía General de la República allanó este miércoles un bufete de abogados en Liberia, Guanacaste, el cual pertenece a la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Aida Montiel Héctor.
Esta diligencia es dirigida por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, por tratarse de una persona que forma parte de un poder de la República.
De acuerdo con el Ministerio Público, el operativo inició a las 9:50 a. m. y forma parte de una investigación que se sigue por los presuntos delitos de falsedad ideológica y estafa mayor.
Sobre esto, la congresista dijo que se pone a las órdenes de las autoridades y destacó que siempre se ha apegado “a los más altos valores éticos y morales”.
Los hechos que se indagan se registraron entre agosto y diciembre del 2020, cuando, presuntamente, “se ejecutaron acciones para la inscripción de un bien inmueble objeto de un proceso de ejecución hipotecaria”.
“La diligencia la dirige la fiscala general Emilia Navas Aparicio, por estar de esa manera establecido en la Ley para la tramitación de casos donde se investigue a una persona con inmunidad. El allanamiento fue autorizado por la Sala de Casación Penal”, precisó el ente acusador del Estado.
El caso se tramita dentro del expediente 21–000041–0396–PE.
Según su perfil profesional, que consta en la página de la Asamblea Legislativa, Montiel Héctor es una abogada y notaria de 76 años.
Pasadas las 2 p. m., la legisladora verdiblanca, por medio de su asesor de prensa, compartió a La Nación un comunicado sobre la diligencia judicial.
El documento asegura que, al parecer, el operativo tiene como objetivo recabar pruebas documentales sobre “la inscripción de un bien inmueble objeto de un proceso de ejecución hipotecaria”.
“Toda mi vida siempre mis actuaciones han sido correctas. En mi ejercicio profesional como abogada y notaria he brindado mis servicios a entidades bancarias durante muchos años y desde hace más de año y medio ya no los estoy ofreciendo.
“Desconozco los alcances y el contenido de los hechos denunciados e investigados, pero reitero que mis actos personales y profesionales siempre se han ajustado a los más altos valores éticos y morales.
“Dado que este tema se encuentra judicializado, no daré más declaraciones al respecto y me pongo a la disposición de la Fiscalía General para lo que considere oportuno en el marco de esta investigación”, manifestó Montiel.
El artículo 367 del Código Penal establece penas de uno a seis años por falsedad ideológica, que ocurre cuando se inserta o se hace insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
Mientras que por estafa mayor, el apartado 216 estipula castigos carcelarios de dos meses a tres años “si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base” o de seis meses a 10 años “si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base”.
Información actualizada a las 2:16 p. m. con declaraciones de Aida Montiel.
