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Emilia Navas Aparicio, fiscala general, dirigió un allanamiento este viernes por la mañana en las oficinas del Grupo Jurídico Especializado, vinculado al legislador libertario Otto Guevara.
La diligencia se realiza en busca de prueba para una causa que se le sigue al diputado y excandidato presidencial, por la supuesta entrega de información falsa a la Contraloría General de la República.
"Las acciones operativas están a cargo de la fiscala general, Emilia Navas –por tratarse de una causa contra un miembro de un supremo poder–, y pretenden recopilar evidencia electrónica y documentación, una vez que la Fiscalía tenga en su poder este tipo de prueba, procederá a analizarla como parte del desarrollo de la investigación", precisó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
La Fiscalía informó de que se indaga la posible comisión del delito de falsedad en una declaración jurada.
La investigación se agrupa bajo el expediente 18-000040-033-PE y se refiere a declaraciones que Guevara presentó ante la Contraloría entre mayo del 2014 y el 2017.
"Supuestamente (Otto Guevara) habría omitido reportar bienes a su nombre, así como la participación en una sociedad anónima”, precisó la Fiscalía.
Como Guevara ocupa un cargo en un supremo poder de la República, la fiscala Navas estuvo presente en la diligencia que se realizó en Los Yoses, de Montes de Oca, San José.
Mientras se realizaban los acciones, el legislador participaba en la sesión de la comisión del Congreso que investiga créditos bancarios.
Al salir de este foro, Guevara afirmó estar "tranquilo" porque cuando le correspondió dar sus declaraciones juradas, detalló todos los activos y pasivos que tiene.
"No sé exactamente qué es lo que está buscando la fiscala, pero yo estoy muy tranquilo (...). Los activos que yo tengo son conocidos por todos, es más, eso está en los registros públicos, la gente sabe dónde vivo, el tipo de carro que tengo (...) y no ha habido un incremento patrimonial en estos cuatro años, todo lo contrario", explicó Guevara.
Además, el congresista calificó de "exceso" el proceder de la jefa del Ministerio Público.
"Mi tesis o hipótesis es que la fiscala no está muy contenta con la denuncia penal que yo presenté contra ella y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (Wálter Espinoza)", añadió Guevara.
El diputado libertario agregó que desconocía el origen de la denuncia y, que si hubiese alguna sociedad en la que aparece como accionista y no hizo la declaración, requiere el nombre.
"Como abogado, que me he especializado en el tema corporativo, he participado en la conformación de muchísimas sociedades a lo largo de mi vida profesional, entonces no sé de que sociedad se está refiriendo (...). No sé si habrá participación accionaria en una sociedad de papel, no sé si puede haber algo en esas condiciones, pero no hay enriquecimiento de un año para otro", sentenció Guevara.
Declaración de bienes
Otto Guevara presenta una declaración de bienes por la obligación que establece el artículo 34 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y, en diciembre del 2017 la Contraloría trasladó el caso a la Fiscalía al detectar inconsistencias en las situaciones patrimoniales.
"Como parte de ese proceso de verificación, se realizó un cruce de información entre el contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes (DJB) y los datos que constan en diferentes bases de datos públicas, considerando también la de algunos miembros del núcleo familiar de esos funcionarios.
"Producto de ese estudio, se encontraron diversas inconsistencias en las situaciones patrimoniales, por lo que en virtud del alcance de nuestras competencias en esta materia y de la investigación que tiene en curso el Ministerio Público, se le trasladó en diciembre del 2017 al Ministerio Público la información como insumo para lo que estimaran pertinente", detalló la Contraloría en un comunicado de prensa.
Se estima que unos 20.000 trabajadores públicos deben presentar su declaración, entre ellos, los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
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Esas declaraciones se presentan ante la Contraloría, la cual realiza verificaciones al cruzar datos con bases de datos públicas, que incluyen, por ejemplo, información de miembros de la familia de los obligados.
En caso de encontrar inconsistencias en cuento a los bienes reportados, el caso se traslada al Ministerio Público, situación que ocurrió con Guevara.
Información actualizada a las 4:26 p. m. con más datos del caso.
