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En marzo del 2016, “producto de prácticas colusorias entre las empresas MECO y H Solís, falsedades e intervención de funcionarios públicos inmersos en el proceso de contratación”, ambas firmas se repartieron los millonarios contratos de mantenimiento de la red vial nacional pavimentada.
Se trata de convenios por $250 millones anuales (¢155.000 millones a tipo de cambio actual), que se distribuyeron, casi a partes iguales, las empresas antes citadas. Con ese dinero se reparan y rehabilitan los 5.000 kilómetros de asfalto que hay en el país y se atienden los sistemas pluviales de esas mismas carreteras.
Para lograr su cometido, agrega el expediente judicial del Caso Cochinilla, las constructoras contaron con la colaboración de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que habrían promovido las adjudicaciones en detrimento de otros oferentes con precios más bajos en los concursos.
Esta es una de las acusaciones más fuertes del expediente en el que se investigan los presuntos delitos de cohecho, penalidad del corruptor, tráfico de influencias y malversación de fondos, entre otros.
Se presume que producto de un cúmulo de malos manejos, se generó un hueco de ¢78.000 millones en los fondos del Conavi entre el 2018 y los primeros trimestres del 2020.
Por esta megacausa, desde el lunes pasado hay 30 personas detenidas, entre ellas Mélida Solís y Roberto Acosta, dueños de H Solís; así como Carlos Cerdas, dueño de MECO. También hay 14 funcionarios o exfuncionarios públicos, donde destaca el anterior gerente financiero del Conavi, Carlos Solís Murillo.
Apoyo interno
De acuerdo con el expediente judicial, entre octubre del 2015 y marzo del 2016, Acosta, Solís y Cerdas, “bajo la figura prohibida de ‘colusión empresarial’, realizaron acciones amparadas en el proceso de contratación administrativa, pero persiguiendo una ventaja sobre el resto de oferentes, a fin de acaparar las adjudicaciones de las líneas 2014-LN-000017-OCVOO y 2014-LN-000018-OCVOO por altos precios”.
Al mismo tiempo, el investigado Johnny Barth Ramírez, en aquel momento gerente de Contratación de Vías y Puentes del Conavi, dirigió el proceso de contratación administrativa 2014-LN-000018-OCVOO para el mantenimiento y rehabilitación de la red vial asfaltada.
“Según las investigaciones, el encartado Barth Ramírez, aprovechando su cargo, condujo la adjudicación en favor de H Solís de la licitación 18, por una suma multimillonaria superior a la de la oferta de Grupo Orosi”.
Los contratos de conservación dividen al país en 22 regiones y, de acuerdo con el expediente, en la línea 3, las zonas 1-3, 1-7 y 1-8 eran ¢832,6 millones más costosas para los intereses de la Hacienda Pública, con respecto a la oferta presentada por Orosi. Por eso, Orosi apeló la adjudicación.
Aunque Barth en aquel momento gozaba de un permiso sin goce de salario, “se presentó al Conavi y contestó con oposición la impugnación interpuesta por Orosi ante la Contraloría. (...) por lo cual, contrario a las exigencias del cartel y el criterio utilizado en la licitación, ya que, a sabiendas de que la mezcla asfáltica no es un producto terminado y que H Solís no había desagregado este ítem en las memorias de cálculo, argumentó que Grupo Orosi incumplió al realizar tal desagregación”.
Además, sin que le correspondiera, confeccionó el informe GCTT-01-16-0765 (durante el mismo periodo sin goce de salario), en el que recomendó la readjudicación en favor de H Solís en una nota enviada a Carlos Villalta Villegas, entonces ministro de Obras Públicas y Transportes.
El documento agrega que en ese mismo periodo (octubre 2015 - marzo 2016), la entonces directora de Asuntos Jurídicos del Conavi, Gabriela Trejos Amador, tenía conocimiento de que H Solís tenía problemas con las garantías de participación que generaban su descalificación en el proceso licitatorio 2014-LN-000018-OCVOO.
El problema de esas garantías, agrega el expediente, es que tenían una serie de condicionantes para hacerse efectivas (garantías de caución), razón por la cual la funcionaria acudió a la Aseguradora Oceánica, donde ella personalmente solicitó información referente a dichas garantías.
Luego regresó a la Junta del Consejo a plantear que dichas garantías sí eran válidas y posteriormente las mismas fueron cambiadas a las convencionales, de participación, que deben ser un cheque al portador.
De estas situaciones fue informado el ministro Carlos Villalta, pero este indicó que “él no se metía en las cuestiones técnicas de las licitaciones”.
“Finalmente, como parte de contubernio entre empresas, propiamente en la licitación 2014-LN-000017-OCVOO la empresa H Solís dejó vencer intencionalmente las garantías de participación de las líneas 2, 7, 9, 13, 16,19, 20 y 21, en las cuales ofertó el precio más bajo, provocando con ello que se readjudicaran estas líneas por un precio superior en favor de MECO, generando con ello un perjuicio a la hacienda pública de ¢1.183.969.392″, agrega el expediente.
Sin experiencia en demarcación
El expediente judicial precisa que la experiencia en demarcación y señalización de vías era un requisito en los carteles antes citados y que tanto Roberto Acosta, como su esposa Mélida Solís, eran conscientes de que su empresa no cumplía con esa condición.
Por eso, agrega la investigación, habrían insertado en la oferta de la licitación 17 “información falsa que refería la subcontratación de una empresa española (Visever) que se encargaría de esas labores”.
Así las cosas, Acosta y Solís, “en fraude de ley, ofertaron en dicha licitación al amparo de la figura de la subcontratación de una empresa extranjera, con lo cual resultaron favorecidos de un resultado contrario al ordenamiento jurídico, representado por la adjudicación en favor de H Solís, la cual derivó de una ventaja indebida producto de la utilización de información falsa”.
Por último, denuncia la investigación de este caso, no consta que el fiscalizador del contrato haya verificado que Visever aportara la maquinaria y los profesionales propuestos en la oferta de H Solís, o que estuviera importando la pintura para demarcar las vías asignadas.
Posteriormente, en etapa de ejecución, consta que Edgar May Cantillano, como gerente a. i. de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, aprobó una facturación de ¢115,7 millones en favor de la empresa española Visever, aunque la misma no ejecutó dichas labores.
Esta irregularidad quedó demostrada en febrero del 2020, cuando dos investigadores acudieron a la Interamericana Sur, en el tramo entre Cartago y San Isidro de El General y en esa zona ubicaron funcionarios y maquinaria de H Solís en las labores de demarcación.
Además, uno de los trabajadores, de forma voluntaria y espontánea, reconoció que estaban demarcando con pintura de aceite, pese a que el contrato exigía pintura termoplástica (que es más resistente a las condiciones climáticas y es más cara), porque la máquina para dicho tipo de pintura se había dañado.
