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La Fiscalía General de la República confirmó la ejecución de tres allanamientos, dos de ellos en las empresas Holcim y Productos de Concreto, y el último en el bufete Zurcher Odio & Raven.
Con estas diligencias, en Pavas y Escazú, el Ministerio Público secuestró prueba documental en relación con la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por los que se investiga al abogado Alberto Raven Odio.
La Fiscalía indaga si existieron o no irregularidades en pagos realizados a esas empresas en el 2014, y si existe una relación con el crédito de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para la compra de una hidroeléctrica en Aguas Zarcas, San Carlos, que era propiedad de Holcim.
Los tres allanamientos se iniciaron a las 9 a. m. y solo la diligencia en Holcim, Alajuela, seguía en desarrollo avanzada la tarde.
En relación con el allanamiento en la oficina de Holcim que está en Torre Cordillera, Pavas, la empresa informó que siguen en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público, facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas.
“Nos extrañan las acciones realizadas el día de hoy en nuestras oficinas, pues durante las investigaciones que se han realizado en este sentido, la empresa siempre ha estado dispuesta a aportar cualquier información relacionada con el proceso que se requiera”, dijeron.
Añaden que siempre han actuado conforme al ordenamiento jurídico, confiando en el sistema de administración de justicia del país.
La Nación también preguntó a Alberto Raven su posición sobre lo actuado por la Fiscalía; sin embargo, no se ha tenido respuesta del correo enviado, ni de la llamada telefónica a su celular.
Los hechos
En el 2017, la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa determinó que Holcim vendió la planta de Aguas Zarcas en $35 millones, cuando un avalúo realizado por la empresa KPMG determinó que la estructura valía $22 millones.
Para obtener esa planta, Coopelesca solicitó un préstamo al Banco de Costa Rica (BCR) por $32,7 millones.
El crédito a la cooperativa se otorgó cuando Alberto Raven Odio era fiscal de la junta de Holcim y también directivo en el BCR. La transacción de compra de la planta la hizo el bufete Zurcher, Odio & Raven, del cual Raven es socio.
Productos de Concreto, entretanto, perteneció a Holcim, empresa que tuvo hasta el año 2017 sus oficinas en San Rafael de Alajuela, donde ahora funciona un centro de distribución de esa empresa y de Productos de Concreto.
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Los $32,7 millones con los que el BCR financió el proyecto, equivalían a ¢17.747 millones al tipo de cambio del día de la formalización del préstamo.
Holcim tenía reportada la obra en sus estados financieros en ¢6.121 millones ($12 millones, al tipo de cambio del 2017) y, realizadas las depreciaciones, su valor era de ¢1.384 millones ($2,7 millones).
La causa tiene relación con el expediente 17-00048-1218-PE
Pendiente investigación de Aresep a Coopelesca
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó de que no ha podido comenzar una investigación que desde el 2018 intentó abrir a Coopelesca para esclarecer dudas sobre costos y deudas ligadas a los arrendamientos operativos de sus plantas de Aguas Zarcas y La Esperanza.
La intendencia de Energía de la Aresep convocó esa vez a los administradores de la cooperativa para exponerles el caso, pero desde entonces sigue a la espera de datos.
El año pasado la Aresep denegó a Coopelesca su intención de aumentar las tarifas. Más bien la entidad reguladora busca aclarar dudas, ante varios cuestionamientos surgidos.
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Carolina Mora, vocera de la Aresep, confirmó que en lugar de un estudio ordinario con la información que siguen esperando, Coopelesca solo ha presentado liquidaciones tarifarias anuales.
“No han presentado toda la información. Es responsabilidad de los socios de esa cooperativa llamar a cuentas”, dijo Mora.
Agregó que a inicios del año pasado presentaron el último informe tarifario y no han aportado los nuevos datos, pese a que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (N.° 7593) les obliga a presentarlo al menos una vez al año.
Por su parte, Omar Miranda, gerente de Coopelesca, afirmó que todavía no han establecido una fecha para entregar la documentación que les pidió la Aresep.
Explicó que la planta de Aguas Zarcas va bien, que está generando y que ellos están cumpliendo con el préstamo del BCR.
