La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios allanó las oficinas de Movistar para recaudar información en torno a un presunto fraude que supera los ¢1.250 millones.

El registro y secuestro, avalado por un juez, tuvo lugar entre a las 8 a. m. y las 2 p. m. de este martes en la empresa Telefónica de Costa Rica TC S. A., en San Rafael de Escazú; la compañía filial Tejisa, el Bufete Zurcher Odio & Raven y en la empresa de asesoría fiscal KPMG. Ahí se buscan libros contables, computadoras, facturas y otros.

La Fiscalía informó de que los allanamientos también abarcaron dos bodegas guardadocumentos de Telefónica de Costa Rica en La Uruca y en el Parque Comercial Lindora, en Pozos de Santa Ana.

Por este caso se investigan seis personas, de apellidos Neggelli, Torres, Arroyo, Donato, López y Mena; sin embargo, contra ninguno se solicitó medida alguna pues no eran el objetivo en esta etapa.

Según la Policía de Control Fiscal (PCF), dos de los investigados registraron su domicilio en el bufete y en la empresa de asesoría fiscal; el resto son trabajadores de la telefónica.

Las autoridades de Hacienda presentaron la denuncia el 14 de diciembre pasado, lo que motivó la apertura del expediente 18-000135-0621-PE por el supuesto delito de fraude en contra de la hacienda pública, informó la Fiscalía.

“Según la queja, al parecer existieron maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial para que, posteriormente, Telefónica vendiera a esta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal”, indica el ente acusador en un comunicado.

Agrega que, para ello, ambas compañías firmaron un contrato de compraventa financiada de activos en diciembre del 2017, en la cual Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la empresa filial, puesto que esta no tenía la solvencia económica para comprarlo.

Además, se presume que, en paralelo, se hizo otro contrato de arrendamiento entre ambas compañías, lo que habría permitido a “Telefónica deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco costarricense por bienes que nunca dejaron de pertenecerle”, cita el Ministerio Público.

Por ello, indica la Fiscalía, el país dejó de recibir más de ¢1.250 millones por concepto de impuesto sobre las utilidades en el periodo 2017.

También informaron de que la prueba documental y electrónica decomisada está en manos de la Policía de Control Fiscal, que elaborará un informe para adjuntarlo a la prueba y remitir todo a la Fiscalía.

Estimación mayor

Carlos Vargas, director de Tributación, mencionó que, según sus investigaciones, el perjuicio es por más de ¢3.000 millones. Sin embargo, la denuncia la interpusieron por ¢1.251 millones porque es lo que tienen confirmado que se evadió con esa maniobra particular.

El resto de millones es por otros ajustes que "el juez tendrá que valorar”, agregó Vargas en una conferencia de prensa.

Nogui Acosta, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, mencionó que el allanamiento de hoy es prueba de que harán uso de las herramientas necesarias para “el cobro efectivo” de los tributos.

En un comunicado, Movistar manifestó que está “colaborando" con las autoridades “en lo relativo del tema a fin de esclarecer dicha situación”.

Érick Ramos, socio del bufete Zurcher Odio & Raven, por su parte, manifestó: “Es una circunstancia que se investiga en torno a una empresa que fue cliente de la oficina”.

Dicho bufete envió un comunicado donde añade “No fuimos los estructuradores tributarios en la materia investigada”.

Igualmente, aseguran que brindaron la colaboración a las autoridades en estas etapas iniciales de la investigación.

Por su parte Alfonso Amén, socio director de KPMG en Costa Rica, dijo que ellos no están imputados en dicho proceso judicial, sino que las autoridades tributarias les solicitaron un informe en relación con la empresa Telefónica de Costa Rica TC S. A., que es cliente de ellos.

“Esta información fue suministrada de forma rápida y oportuna, con el objetivo de contribuir a una adecuada resolución de la indagación”, indicó.

Despertó sospechas

El director de Tributación explicó que la empresa denunciada había declarado pérdidas, lo que constituye uno de los criterios de riesgo para investigarla, lo que se inició desde el primer semestre del 2018 y a finales de ese año se interpuso la denuncia que generó los allanamientos de este martes.

Se determinó que hubo posibles maniobras fraudulentas que involucran la venta de activos, la interposición de sociedades y la obtención de algunos créditos para generar escudos fiscales, afirmó Vargas.

Irvin Malespín, director de la Policía de Control Fiscal (PCF), explicó que el objetivo fue obtener toda la prueba posible para sustentar la acusación.

Afirmó que los activos negociados solo se trasladaron jurídicamente de un lugar a otro y no físicamente.

“Una empresa constituye una sociedad paralela, si se puede decir así, donde el único accionista es la empresa hermana, posteriormente la empresa A le vende a la empresa B activos que harían imposible su continuidad de servicio porque son indispensables”, dijo.

Malespín afirmó que los activos o insumos nunca salieron de la esfera de poder de la primera empresa.

También dijo que el capital social, al constituirse la segunda empresa, era de solo ¢12.000 y luego de una asamblea extraordinaria pasó a ¢48.000 millones, que fue el monto por el que se pactó la compraventa de activos.

De momento se tienen investigaciones contra otras empresas y será el proceso de inspección el que determine si proceden más denuncias, pues no toda diferencia de impuestos genera una denuncia penal, solo cuando existe algún dolo por el que se deja de pagar impuestos por al menos ¢200 millones, que es el umbral establecido por el Código Tributario para contribuyentes grandes.

El Ministerio de Hacienda ha presentado en los últimos diez años ante el Ministerio Público unas 20 denuncias contra diferentes contribuyentes, sin que hasta ahora exista alguna sentencia condenatoria en firme en torno a ellos, pues dos casos que han llegado al final del proceso fueron recurridos.

Carlos Vargas explicó algunas denuncias han sido hasta por más de ¢3.000 millones y que algunas empresas se han acogido al beneficio de la reparación integral del daño y pagaron la totalidad de los impuestos que adeudaban al fisco.