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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) mostró su disconformidad con la decisión de la jueza Carolina Lizano de imponer una fianza a los dueños de las constructoras MECO y H Solís para que puedan salir en libertad.
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Por ello, apeló el fallo de este sábado 26 de junio, del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el que se indicó que Mélida Solís Vargas (H Solís) y Carlos Cerdas Araya (MECO), deben pagar $3 millones y $5 millones, respectivamente, para quedar libres con medidas cautelares.
Para el Ministerio Público, lo correspondiente hubiese sido imponerles prisión preventiva por un año, tal cual se había solicitado desde un inicio.
Pero, la apelación de la Fiscalía no solo va en contra de lo resuelto para los empresarios, sino también para otros 11 imputados, para quienes también había pedido un encierro preventivo.
Se trata de:
1. Abel González Carballo (Gerente general de MECO).
2. Alejandro Bolaños Salazar (Representante legal de MECO).
3. Óscar Martínez Martínez (Presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S. A.).
4. Carlos Solís Murillo (Exgerente financiero del Conavi).
5. Tobías Arce Alpízar (Labora para MECO).
6. Carmen Madrigal Rímola (Directora de Proveeduría del Conavi).
7. Hugo Fallas Zúñiga (Labora en Conavi, en gerencia de Conservación de Vías y Puentes).
8. William Herrera Chacón (Gerente general de Constructora Herrera, de San Carlos).
9. Alister Cervantes Morales (Gerente de Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles, Diccoc).
10. Elsie Carmona Rivas (Funcionaria del Conavi).
11. Harold Mora Obando (Dirección de Costos de Vías y Puentes, Conavi).
De momento, lo que corresponde es que el Tribunal Penal de Goicoechea, quien estará a cargo de resolver la audiencia de apelación, fije fecha para esa nueva diligencia.
Se presume que esa gestión se realice en los próximos días.
Mientras eso ocurre, Érick Gatgens, abogado de Mélida Solís, aseguró que, a primera hora de la mañana de este lunes, presentarán los papeles para tramitar la hipoteca a favor del Poder Judicial por uno o más bienes que estén valorados en el monto que solicitan.
De esta manera, su representada quedaría en libertad.
