La Fiscalía General apelará el próximo lunes 4 de junio la medida cautelar de arresto domiciliario con tobillera electrónica impuesta al exgerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea.
Así lo dio a conocer este sábado por la mañana la fiscala Emilia Navas, quien aseguró que "el Juzgado hizo una valoración equivocada de todos los presupuestos legales que permiten mantener la prisión preventiva".
"El próximo lunes se presenta el recurso de apelación por escrito (...). Los peligros procesales no fueron valorados atinadamente por parte del Juzgado", manifestó Navas.
La jerarca del Ministerio Público agregó que la decisión "es por todos los presupuestos que existen".
El pasado miércoles, Barrenechea salió del Centro de Atención Institucional (CAI) Adulto Mayor, en San Rafael de Alajuela, donde descontaba prisión preventiva desde la tarde del lunes 6 de noviembre.
De ahí, fue trasladado al edificio de la Policía Penitenciaria, en San José centro, sitio en el que le colocaron el dispositivo de vigilancia. Posteriormente, el exfuncionario bancario se movilizó por sus propios medios a su casa de habitación, en Santa Ana.
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Además del arresto domiciliario con monitoreo, Barrenechea tiene impedimento de salida del país, tuvo que entregar su pasaporte al Juzgado, debe asistir a cualquier llamamiento que le realicen las autoridades y tiene prohibición de comunicarse por sí mismo o por medio de terceras personas con funcionarios del BCR y testigos.
Según la versión brindada por el Juzgado Penal de Goicoechea el miércoles, el cambio de medida cautelar se autorizó porque "variaron los grados de peligro, que anteriormente se tuvieron por acreditados", posición que no comparte la Fiscalía.
Al exfuncionario bancario y a otros cinco miembros de alta gerencia del BCR el Ministerio Público les atribuye un aparente delito de peculado, bajo el supuesto de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con el financiamiento de $30 millones otorgados al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien está en prisión preventiva por el mismo caso.
La medida cautelar del empresario, quien se encuentra en la cárcel de San Sebastián, vence en agosto. A él también se le investiga por los supuestos delitos de tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
Los otros involucrados con este caso son Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgos; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito, y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.
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Acuña y Víquez quedaron en libertad en marzo de este año, mientras que Corrales, Ramírez y Barrantes salieron en febrero. Los cinco cumplen con otras medidas cautelares, entre las que está el arresto domiciliario, la prohibición de comunicarse con testigos y atender llamamientos de las autoridades.