"Algunas personas dejan el celular en el bus o simplemente no lo encuentran en su casa y, aunque saben que eso no es un delito, vienen al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a presentar la denuncia pensando que nosotros se lo vamos a localizar”.

El caso anterior fue expuesto por el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, quien detalló que ante situaciones de ese tipo es que la Fiscalía archivará o desestimará las denuncias por extravío, hurto, apropiación irregular o apropiación indebida de celular.

La medida rige desde mayo del 2018, luego de que las autoridades concluyeron que los recursos humanos y materiales destinados a la atención esas situaciones podían ocuparse de delitos de mayor relevancia para el país.

Sin embargo, las personas pueden seguir presentando sus denuncias y cada caso será analizado para determinar si procede o no una investigación, según consta en la circular 06-ADM 2018 Addendum 2019.

“Los delitos de carácter patrimonial implicaban mucho desgaste para el OIJ, ya que en el caso de los celulares las personas pretendían que la Policía se los recuperara cuando lo extraviaban, lo dejaban olvidado o era sustraído sin violencia. Eso, generalmente, no sucedía, pero el investigador debía elaborar un informe para pasarlo a la Fiscalía.

"Ahora, con esta directriz trasladamos el caso directamente a la Fiscalía para una valoración inmediata que permita definir si el asunto se va investigar, se va a archivar o se va a desestimar. Eso ha servido mucho y ha permitido que nos desembaracemos de una gran cantidad de asuntos que no constituyen un delito y que están motivados por el ánimo de ubicación”, explicó Espinoza.

La Fiscalía, por su parte, recalcó que los casos en los que media violencia seguirán siendo investigados y que el principal objetivo de la medida es priorizar los recursos, tomando en cuenta que la situación fiscal del país ha reducido el presupuesto de la institución y seguirá así para el 2020.

Para ellos es primordial atender situaciones complejas que causen daño a la población y evitar la destinación de recursos a hechos difíciles de comprobar.

No obstante, pese a que los fiscales ordenen el archivo fiscal o sustenten una desestimación y le comuniquen a la víctima sobre la decisión, el caso puede ser reabierto si se obtiene una nueva prueba de importancia.

Valoraciones

Tanto el OIJ como el Ministerio Público coinciden en que la principal limitación en casos de este tipo es investigar el destino del bien y comprobar con certeza si existió mala intención de parte de quien cometió el delito.

Además, consideran que en ocasiones la denuncia se pone con el objetivo de recuperar el celular o para cobrar un seguro.

“La experiencia nos ha dicho que en la mayoría de ocasiones la persona compra de manera inmediata otro teléfono celular, con el afán de satisfacer su necesidad”, destaca la circular emitida por la Fiscalía.

Precisamente, una de las valoraciones hechas es que el celular dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica, que hace que la cantidad de personas suscriptoras al servicio de telefonía móvil pasara de 8,3 millones en el 2016 a 8,8 millones en el 2017, cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) realizó su último informe estadístico.

Los números reflejan que el 94,6% de la población costarricense utiliza un teléfono celular.

Las autoridades judiciales insistieron en que el principal beneficio de la directriz es para el país. “Se emplean los recursos que existen en la atención de casos con resultados más graves para las víctimas, como el robo mismo de celulares, pero con violencia, y la atención de casos de corrupción, estafas, delitos económicos, homicidios y otros tipos penales graves”, precisó la Fiscalía mediante su oficina de prensa.

En tanto, Espinoza aseguró que la medida ha permitido enfilar los esfuerzos investigativos y enfocarse en casos en los que hay mayores posibilidades objetivas de resolución.

Agregó que en San José, por ejemplo, la Sección de Investigaciones Criminales ha podido maximizar los recursos, aunque no ahondó con cifras.

“La medida nos ha dado frutos importantes, nos ha ayudado a reducir circulante y también a dirigir los recursos que tenemos para la atención de casos de más envergadura, de más importancia y de más trascendencia”, sostuvo el jerarca judicial.

Informe a las operadoras telefónicas

Las autoridades destacaron que cuando una persona es víctima de hurto, apropiación irregular, apropiación indebida o extravío celular puede reportar el caso a su operadora telefónica para que se suspenda el servicio y se bloquee el dispositivo a través del IMEI en 48 horas.

Esa medida permite también colocar el celular en una lista negra, con el fin de evitar el uso fraudulento del dispositivo o de la tarjeta SIM.

Cada línea tiene teléfonos para reportes diferentes. En el caso de Claro se puede llamar al 800-2725276, Movistar al 1693, Kölbi al 1193, Full móvil 1555 o 2287 0200 y Tuyo móvil al 1718.

Diferencia entre delitos

Cada uno de los delitos que ahora son sometidos a análisis tienen diferencias conceptuales.

De acuerdo con la Fiscalía, el extravío ocurre al dejarse perdido el teléfono celular en algún lugar público. El hurto cuando, por ejemplo, una persona va en el bus y, sin darse cuenta, le sacan el móvil del bolso.

En tanto, la apropiación irregular se presenta en aquellas situaciones en las que una persona encuentra un bien, no lo reporta y se lo deja.

Finalmente, la apropiación indebida hace referencia a la entrega de un bien a alguien con la obligación de que se le devuelva posteriormente y esto no sucede.