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La Fiscalía Adjunta de Delitos Conexos pidió ayuda de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos por el homicidio del líder bribri Sergio Rojas.
Si alguna persona identifica a estas personas, puede llamar a la línea gratuita 800 8000 645, o presentarse en la Fiscalía más cercana. La información será manejada con confidencialidad.
El asesinato de Rojas ocurrió el 18 de marzo en su casa, en el Territorio de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.
El líder indígena, de 59 años, recibió varios impactos de bala en su abdomen, horas después de acompañar a otros dos indígenas para que presentaran una denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires, por amenazas de supuestos usurpadores de tierras.
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No obstante, el Ministerio Público no confirmó que esto hecho tuviera relación con el homicidio.
Tras el crimen, la fiscala general, Emilia Navas, ordenó la conformación de un grupo de fiscales para la investigación prioritaria del caso, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En aquel momento, Navas declaró que "durante el tiempo que sea necesario, personal de la Fiscalía y el OIJ se mantendrán realizando diligencias para obtener la prueba útil y pertinente”.
La causa se tramita bajo el expediente 19-000178-0990-PE.
Conflicto de tierras
La zona de Salitre es escenario de un conflicto de tierras desde hace décadas.
Un terreno de 11.700 hectáreas es disputado por indígenas –respaldados por la ley-–y finqueros no indígenas que aseguran tener derechos sobre parte del territorio, donde existen además disputas entre los indígenas, tanto entre etnias como facciones, además de cuestionamientos a algunos líderes.
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Sergio Rojas era beneficiario de una medida cautelar internacional interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país en el 2015. Desde ese momento, según el Ministerio Público ha implementado acciones tendientes al cumplimiento de dicha medida desde su ámbito.
No obstante , en mayo, dos meses después del asesinato, la Comisión llegó a Salitre para averiguar si el Gobierno cumple con las medidas de protección que se le exigieron hace cuatro años.
Joel Hernández, relator de la CIDH para Costa Rica, afirmó que el Estado debe acelerar la devolución de las tierras a los pueblos teribe, de Térraba, y bribri, de Salitre.
También la Defensoría de los Habitantes ha intervenido en defensa de los indígenas de la z ona, pues consideran que esa población se ha expuesto a “discriminaciones, ofensas, agresiones". A esa lista agregó el asesinato, con el crimen de Rojas.
