Fiscales y agentes del OIJ se presentaron esta mañana en las oficinas de BAC Pensiones, en San José, en busca de la información contenida en las computadoras de los dos funcionarios de esa entidad involucrados en el hackeo del sistema de planillas de la CCSS.
Celso Gamboa, fiscal adjunto, informó de que la diligencia comenzó a las 9 a.m. con la intención de obtener un respaldo de todos los datos que guardaban las dos personas investigados por el supuesto sabotaje informático de los registros del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social.
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El fiscal señaló que esta diligencia no se realizó contra la entidad bancaria, pues la intención es únicamente aclarar acciones de las dos personas implicadas.
Según Gamboa, esta evidencia será analizada para determinar si los funcionarios investigados realmente incurrieron en algún delito al acceder a los datos de unos 522.000 trabajadores del país. El hecho ocurrió en marzo y mayo, pero fue denunciado por la Caja hasta el 14 de agosto.
La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que los agentes sacaron de las oficinas computadoras y discos duros.
Los dos trabajadores de BAC Pensiones se encuentran suspendidos de sus labores desde la semana pasada, pero contra ellos no existe ninguna medida cautelar.
Según Luis Ávila, subdirector del OIJ, los dos funcionarios bancarios tenía autorización para acceder a la base de datos en Sicere de los clientes de la Operadora de Pensiones para la cual trabajan, pero en determinado momento se detectaron más accesos de lo normal. Fue esta situación la que encendió la alerta de una aparente irregularidad.
"Entre marzo y mayo se dieron picos altos, o sea se consultó más de lo que normalmente se venía haciendo, esto llama la atención a los funcionarios de la Caja, por lo que solicitan la investigación para saber qué tipo de información extrajeron y para qué fines", explicó el jefe policial.
Este martes, mediante un comunicado, el BAC aseguró que tomaron las medidas pertinentes para investigar lo ocurrido y proteger la información. Asimismo, insistieron en que sus dos trabajadores permanecerán separados del puesto mientras se realizan las pesquisas.
"Según nuestra política corporativa, no promovemos ni aceptamos acciones que vayan en contra de nuestros valores éticos. En este caso concreto, la empresa sentará las responsabilidades y tomará las medidas internas en el momento en que corresponda", comunicó la entidad.
Al parecer, los sospechosos utilizaron un software para violentar las barreras de seguridad informática del sistema de la institución.
El Sicere registra las aportaciones de los trabajadores y de los patronos como los aportes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como por Seguro de Enfermedad y Maternidad, además de las pensiones complementarias.