La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri) del Ministerio Público corre para completar una serie de datos que debe remitirle a la Cancillería de México y así avanzar en el proceso de extradición del exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, señalado por presuntos delitos sexuales.

Este martes por la tarde, la Fiscalía detalló que se trata de una ampliación de los documentos que ya se entregaron desde el pasado 18 de setiembre.

“La Oatri indicó que la representación diplomática de Costa Rica en México remitió la documentación a la Cancillería de ese país, esta última solicitó ampliar una información, por lo que la Oatri se encuentra gestionando algunas diligencias para remitir lo pedido con la mayor brevedad”, explicó el ente acusador del Estado.

Sin embargo, se desconoce qué fue lo solicitado, debido a que el proceso es privado.

Por su parte, el Consulado de Costa Rica en México informó de que “los documentos ya fueron remitidos por vía diplomática, de igual forma ya se comunicó a las autoridades costarricenses acerca de la remisión de dichos documentos”.

El pasado 18 de setiembre, el abogado de Víquez en Costa Rica, Rafael Rodríguez, confirmó a La Nación que le recomendó al sacerdote que se sometiera a un proceso ordinario de extradición.

De esa forma un juez mexicano valorará “si los hechos por los cuales se le está extraditando son delito en México o se encuentran o no prescritos”, agregó el defensor.

“Revisado el expediente, para efectos de nosotros, la recomendación es que se someta al proceso de extradición en México. Esto quiere decir que no es la extradición voluntaria, sino que es la extradición de acuerdo al procedimiento que requieren los tribunales”, manifestó Rodríguez vía telefónica.

El abogado agregó que “es una valoración que se tiene que hacer, porque en la solicitud que se había generado, en relación con la orden de detención internacional, se está hablando solamente de una denuncia que tiene una fecha de prescripción el 26 de setiembre próximo”.

Los hechos

A Víquez, exvocero de la Iglesia católica en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional, se le cuestionó por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores desde octubre del año anterior.

La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós, quien ahora tiene 27 años.

Después, en la primera semana de agosto, otros tres hombres de apellidos Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares.

El religioso abandonó Costa Rica el 7 de enero, estuvo en Panamá y luego cruzó a México, donde fue detenido el domingo 18 de agosto en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía redoblaron los esfuerzos para dar con el paradero del exsacerdote en febrero; sin embargo, fue hasta el pasado 11 de abril cuando tuvieron indicios de su ubicación.

Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, afirmó en conferencia de prensa un día después de la detención, que la apertura de dos cuentas de redes sociales por parte de Víquez les permitió hacer un trabajo de inteligencia coordinado con las autoridades mexicanas.

El Código Penal establece penas de cuatro a diez años para el delito de abuso sexual, de 10 a 16 años para violación y de 12 a 18 para violación en modalidad calificada.

Colaboró el periodista Carlos Láscarez S.