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La Fiscalía desistió de acusar a dos personas en un caso en el cual se investigaron las llamadas telefónicas hechas por dos exdiputados a la expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) Vanessa Rosales, para que adjudicara al empresario del cemento, Juan Carlos Bolaños, diversas obras.
El hecho lo confirmó este viernes la oficina de prensa del Ministerio Público la cual aseguró que “la acusación se realizó únicamente en contra de una persona. En cuanto al resto de personas que fueron investigadas, este despacho formuló el requerimiento conclusivo correspondiente, según la prueba valorada”.
El requerimiento conclusivo, que puede ser acusación, desestimación, sobreseimiento y archivo, fue presentado ante el Juzgado Penal de Hacienda, con sede en los Tribunales de Goicoechea.
El comunicado de prensa añadió: “debido a que el expediente sigue siendo privado, no es posible brindar las identidades de las personas que corresponden a cada resolución de la Fiscalía, ya que esto se dará a conocer durante la audiencia preliminar. Esta disposición se apega al artículo 295 del Código Procesal Penal”.
El Ministerio Público tampoco divulgó la fecha en la que presentó el requerimiento conclusivo.
La audiencia esta programada para realizarse el 28 de febrero, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.
En este asunto los investigados fueron los exdiputados Wálter Céspedes Salazar (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC) y Víctor Hugo Víquez (Partido Liberación Nacional, PLN).
Asimismo, figuraron el empresario Juan Carlos Bolaños, el exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) Mariano Figueres Olsen y a Guido Antonio Marín Quirós, exproveedor de la CNE. Sin embargo, Figueres falleció el 25 de setiembre del año pasado y Marín, el 11 de enero de este año.
La pesquisa es por el delito de tráfico de influencias, que castiga a la persona que directa o por medio de otra persona influya en un servidor público para la adjudicación de un contrato.
Fuentes judiciales citaron que en este caso el único acusado es Víctor Hugo Víquez.
Sobre el hecho, el exlegislador, quien dijo estar fuera del país, alegó desconocer sobre la acusación. “No puedo decir nada. Solo puedo decirle que no he cometido delito de absolutamente nada. Sí se que tengo que ir a una audiencia el 28 de febrero”, manifestó. Víquez, en el proceso, es representado por una defensora pública.
Paralelamente, la Procuraduría General de la República informó de que en este proceso, participa únicamente como actor civil “solicitando el resarcimiento del daño social ocasionado, en las acciones imputadas por el Ministerio Público en la causa 17-000082-1218-PE seguida contra Víctor Hugo Víquez Chaverri, por el delito de tráfico de influencias”.
Asimismo, se conoció que a favor de Juan Carlos Bolaños se pediría un desistimiento. Su abogado Fernando Vargas dijo que en este expediente su representado nunca fue indagado y que, por tanto, es lo único que puede pedir el Ministerio Público.
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Recuento del hecho
Esta pesquisa se abrió en el expediente 17-000082-1218-PE el 21 de diciembre del 2017 cuando la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, dijo que los exdiputados Viquez y Céspedes (2010-2014), presuntamente aprovechándose de sus puestos en la Asamblea Legislativa, intercedieron en favor de los negocios de Juan Carlos Bolaños ante la Comisión Nacional de Emergencias.
“En resumen, él personalmente (Juan Carlos Bolaños) y sus empresas fueron beneficiados o se intentó que se beneficiaran en licitaciones con la intervención de dos señores exdiputados (...). En una sí se logró y en las otras no, quedó en tentativa porque la señora Vanessa Rosales no accedió a los trámites que hicieron las personas sospechosas de cometer presuntamente estos ilícitos”, dijo Emilia Navas, en diciembre del 2017 cuando dirigió un allanamiento en la casa de los exdiputados Wálter Céspedes y Víctor Hugo Víquez.
Las influencias supuestamente habrían ocurrido en relación con los proyectos que la CNE sacó a concurso para desarrollar las obras en las rutas Ciudad Colón -El Rodeo y Bribrí-Sixaola y así como el dique de Nosara.
Este expediente es uno de varias causas que se siguen en el llamado caso del cemento chino, en el cual el principal implicado es el empresario Juan Carlos Bolaños.
Bolaños, además, es investigado por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito. Fue capturado el 3 de noviembre del 2017 en Atenas y actualmente goza del beneficio de casa por cárcel y usa tobillera electrónica.
El caso de Bolaños tiene su origen en el otorgamiento, por parte del BCR, de dos dudosas líneas de crédito hasta por $30 millones, a la compañía Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento chino.
