EscucharDos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas fueron detenidos la mañana del miércoles anterior, por orden de la Fiscalía Adjunta de Liberia, por un supuesto allanamiento ilegal y abuso de autoridad.
Sin embargo, al día siguiente el Juzgado Penal de Cañas, en una audiencia que se realizó durante la tarde, ordenó ponerlos en libertad, sin ningún tipo de medida, al considerar que los oficiales actuaron conforme a lo que establece la legislación y que no había delito que perseguir.
La captura y la liberación de los policías fue confirmada este viernes en la tarde por la oficina de prensa del Ministerio Público, que agregó que el caso se tramita en el expediente 17-2249-0396-PE y es contra dos agentes de apellidos Jiménez y Carvajal.
Asimismo, la Fiscalía detalló que apelaron la resolución del juez, por lo que ahora el expediente será conocido por el Tribunal Penal de Hacienda con sede en Goicoechea, San José. Hasta este sábado se desconoce el día y la hora de la audiencia.
Estos son los hechos
De acuerdo con la información judicial, el hecho que generó este proceso penal ocurrió el martes 19 de diciembre, cuando los dos agentes destacados en la oficina de Cañas realizaban una investigación referente al robo de viviendas en la comunidad de Quebrada Azul, en Tilarán.
Los policías, tras recibir una información proporcionada por una víctima, en el sentido de que un vecino estaba vendiendo un equipo de sonido robado, llegaron hasta la vivienda del sospechoso, que está en la misma comunidad de Quebrada Azul.
En la vivienda los agentes se identificaron como policías y pidieron hablar con el presunto implicado, pero la esposa les informó de que no estaba.
Desde afuera, los policías observaron un equipo de sonido sobre el refrigerador, por lo cual solicitaron a la mujer el permiso para revisar el artículo.
En la documentación judicial consta que los agentes y la mujer firmaron una acta de consentimiento para entrar a la casa y proceder con la revisión.
Cuando se encontraban en esa diligencia, el sospechoso –que se había escondido en el baño de la casa– salió y dijo a los oficiales que iba a entregar todos los objetos que no eran de él, pues estaba arrepentido, según declaró el mismo imputado a la Fiscalía.
Los agentes, tras comunicar todo lo ocurrido a los superiores, decomisaron los artículos que correspondían no solo al robo de la vivienda que investigaban, sino de otros casos.
Debido a que los agentes no tenían pruebas para achacar al poseedor de los bienes el delito de robo agravado, se le abrió un proceso por receptación de cosas de procedencia sospechosa cuya pena, según el artículo 331 del Código Penal, es de seis meses a cuatro años de prisión.
Debido a la baja pena del delito, los oficiales le dieron al implicado una citación para que se presentara al OIJ de Cañas par proceder con su identificación.
Sin embargo, de acuerdo con la documentación judicial, el sospechoso pidió a los agentes que lo llevaran en el vehículo oficial pues no tenía dinero para ir posteriormente hasta el OIJ. Los agentes accedieron a la petición y de una vez lo identificaron cuando estaban en la oficina.
El jefe del OIJ de Cañas, tras conocer toda la información del caso, estimó que podría haberse incurrido en un hecho delictivo, por lo cual elevó el asunto ante la Fiscalía de Liberia, que les abrió el proceso penal por allanamiento ilegal y abuso de autoridad.
En este caso el Ministerio Público había solicitado al juzgado penal que mientras continuaba la investigación se trasladara a los funcionarios a otra delegación del OIJ, se les asignaran trabajos administrativos y se les quitaran sus armas de reglamento.
Sin embargo, ninguna de estas medidas fue acogida por el juez, quien ordenó que los agentes se reintegraran a sus labores de forma normal.
