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La Fiscalía detuvo a una técnica judicial, de apellidos Núñez Quintero, por una presunta participación en un cobro a un empresario investigado por una supuesta tala ilegal en Golfito.
La mujer fue capturada la tarde del viernes después de que, en la mañana, fue detenido un fiscal de apellidos Romero Ruiz bajo el cargo de haber cobrado $5.000 al empresario para extraer prueba en su contra, que estaba en el expediente judicial sobre la tala.
Según informó el Poder Judicial, gracias a la difusión de la noticia por parte de medios de comunicación, el mismo día entró una denuncia que involucra a la técnica judicial.
El Juzgado Penal de Golfito dictó medidas cautelares para los dos detenidos, en la madrugada de este sábado. Por seis meses, no podrán salir del país ni ejercer sus cargos, según informó el Ministerio Público.
El fiscal auxiliar y la técnica judicial, asignados a la Fiscalía Ambiental de Golfito, tampoco podrán acercarse o ingresar a los tribunales ni tener contacto con los testigos del caso; además, deberán presentarse a firmar de manera periódica. El caso se investiga bajo el expediente 23-000083-1218-PE.
El Ministerio Público procesará al fiscal y a la técnica judicial como sospechosos de concusión, delito que comete “el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”, según el artículo 355 del Código Penal, que también estipula una sanción que oscila entre dos y ocho años de prisión.
Además, los empleados públicos enfrentarán un proceso disciplinario en la Inspección Judicial, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Mediante un comunicado, la Fiscalía General resaltó la robustez del sistema de justicia costarricense, el cual “logró detectar y actuar ante supuestos actos de corrupción interna”. Asimismo, reafirmó su compromiso de asegurar un desempeño ético y objetivo de su personal.
“En el Ministerio Público, no vamos a tolerar actos de corrupción, y actuaremos con toda la fuerza que la ley nos lo permita para evitarlo” expresó el fiscal adjunto de la Fiscalía General, Mauricio Boraschi.
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Hace dos meses, el 19 de junio, otro fiscal auxiliar fue detenido bajo sospecha de alterar la escena de un homicidio en Matina, Limón. Según el Ministerio Público, el vehículo del funcionario estaba próximo al lugar donde se hallaba el cuerpo de la víctima, conteniendo evidencia de sangre y elementos balísticos cruciales para la indagación del homicidio.
Sin embargo, el fiscal, de apellido Torres, trasladó el vehículo a otra ubicación, lo cual constituye una violación de custodia de cosas, incumplimiento de deberes y favorecimiento real.
