EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, así como la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, y el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, son investigados por la Fiscalía General por el presunto delito de prevaricato.
La información fue divulgada este miércoles 2 de noviembre por CRHoy y Telenoticias. Ambos medios detallaron que la causa tiene relación con la resolución mediante la cual se cerró Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, en julio pasado.
“Con datos aportados por la Fiscalía General el pasado 24 de octubre, le informo que dentro de la causa 22–000049–0033–PE, existe una investigación en contra de los señores Chaves, Amador y Chacón, por el presunto delito de prevaricato. La causa tiene relación alguna con el tema de Parque Viva. Por ahora, no es posible dar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, precisó el ente acusador del Estado ante consultas de La Nación.
Paralelamente, la institución dijo que también se investiga a otras dos personas que no forman parte de los Supremos Poderes y que fueron identificadas como M.A.E. y U.Ch.L., debido a una disposición del ahora exfiscal general interino, Warner Molina Ruiz.
Este medio consultó a la Fiscalía si la pesquisa se abrió de oficio o a raíz de una denuncia. Sin embargo, la entidad dijo que “no contamos con ese detalle, ya que estos son los únicos datos que se observan en el sistema informático”.
Según el Código Penal, el prevaricato ocurre cuando un funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos.
El cierre de Parque Viva
Mediante una orden sanitaria del Ministerio de Salud, el gobierno cerró el Parque Viva el 8 de julio de este año, con base en una “denuncia anónima” que alegaba que el centro de actividades producía “enormes presas” en La Guácima, Alajuela.
El cierre se concretó en menos de tres días después de que ingresara la supuesta denuncia, pese a que los mismos inspectores de Salud no encontraron incumplimiento alguno en las instalaciones del espacio. Asimismo, los permisos de funcionamiento estaban al día y en regla.
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Sin embargo, el 21 de octubre anterior, los magistrados de la Sala Constitucional anularon la orden de cerrar el Parque Viva, por considerar que la medida se trató de una violación indirecta a la libertad de prensa luego de que, en campaña electoral, el entonces candidato Rodrigo Chaves prometiera “destruir”, como si fuera “un sunami”, a Grupo Nación y Canal 7.
Esa resolución se dio a partir de un recurso amparo presentado ante los altos jueces y redactado por el director de La Nación, Armando González Rodicio, y respaldado por un grupo de periodistas de este medio. En el recurso se alegó que Parque Viva es motor de ingresos de Grupo Nación, dueño de La Nación y que el cierre era una represalia por informaciones publicadas por reporteros de este diario. Se citaron dos: el caso de acoso sexual que enfrentó Chaves en el Banco Mundial y el revelar el presunto financiamiento paralelo a la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático, que lo llevó al poder.
Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional, explicó que para la mayoría de los magistrados las acciones de cierre del Parque Viva constituyeron “una violación indirecta de la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático”.
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