Escuchar
La Fiscalía Adjunta de Género confirmó a La Nación que, en la actualidad, dirige una investigación por los presuntos delitos de tenencia de material pornográfico y difusión de pornografía en un grupo del servicio de mensajería Telegram.
Este caso saltó a la luz pública a finales de noviembre del 2020, luego de diversas denuncias hechas por diferentes personas en redes sociales, especialmente Twitter.
Al parecer, en el chat, denominado Nudes CR, había más de 3.000 participantes, donde se compartían fotos y videos privados de mujeres y menores de edad sin su consentimiento.
Pese a la existencia de la pesquisa, de momento no hay ninguna persona imputada.
“Este despacho indicó que, recientemente, recibió un informe policial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro de dicha causa, el cual será sometido a análisis. En este caso, por el momento, no existe ninguna persona individualizada como imputada.
“Debido a que la causa es de carácter privado por encontrarse en la etapa preparatoria, resulta imposible brindar mayores detalles, ya que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal.
“En razón de lo anterior, tampoco es posible ofrecer una entrevista o declaraciones en torno al tema, pues se busca garantizar el correcto avance de la investigación”, explicó el Ministerio Público este lunes ante consulta de este medio.
De manera paralela, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen indicó que, en conjunto con la Sección contra el Cibercrimen del OIJ, asumió la instrucción de una causa que se sigue por los presuntos delitos de suplantación de identidad y violación de datos personales.
Sin embargo, la institución manifestó que, al igual que en el caso anterior, no es posible ampliar detalles, debido a que la etapa actual de la investigación es privada.
Llamado del Inamu
Meses atrás, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) hizo un llamado a las autoridades judiciales para investigar e intervenir el grupo de Telegram.
En aquel momento, la institución aseguró que los hechos constituían un delito, sancionado en los artículos 196 y 196 bis del Código Penal, en los cuales se estipula una pena de entre uno y cuatro años de cárcel por la violación de correspondencia o comunicaciones, así como violación de datos personales.
Amanda Segura Salazar, abogada del Inamu, dijo que la situación es una forma más de violencia sexual.
“Repudiamos la existencia de estos grupos que violentan la dignidad de las mujeres y nos cosifican, nos tratan como objetos sin importar nuestro consentimiento. Además, hacemos llamado a denunciar este tipo de conductas en OIJ, tanto si la víctima es mayor de edad como menor, tomando en cuenta que estas situaciones están penalizadas”, aseveró Segura.
Del archivo:
En su momento, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) explicó que si bien ellos recibían denuncias, ante una investigación judicial abierta no podían intervenir.
Destacaron que, constantemente, la entidad publica recomendaciones para tener en cuenta a la hora de utilizar la tecnología.
“La rapidez y facilidad con que circula la información en Internet y aplicaciones es vertiginosa y puede salirse de nuestro ámbito de control en un abrir y cerrar de ojos”, informó la Agencia.
