EscucharUna mujer de nacionalidad estadounidense tendrá que hacer frente a un cuarto juicio, acusada por el Ministerio Público de matar de un balazo a su esposo en enero del 2010, mientras permanecían en su casa en Florida de Barú, en el cantón de Pérez Zeledón, San José.
El anuncio lo hizo este lunes la oficina de prensa de la Fiscalía General de la República, luego de que el viernes anterior, el Tribunal de Apelación de Sentencia anuló la segunda absolutoria dictada a favor de la imputada, Anne Maxin Patton, de 46 años, y ordenó un nuevo debate.
En el comunicado, el ente acusador del Estado señaló que los jueces de apelación admitieron que la última sentencia, en la cual se exoneró a la estadounidense, no estaba bien fundamentada, pues hubo un inadecuado análisis de la prueba aportada durante el juicio.
La fecha para el nuevo debate tendrá que ser fijada por el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón.
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Antecedentes.
Anne Maxin Patton es acusada por la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón de la muerte de John Felix Bender, que ocurrió la noche del 8 de enero del 2010. El cuerpo apareció en la cama del dormitorio que compartían, ubicado en el cuarto piso de la lujosa residencia, construida en una finca de 1.000 hectáreas en Florida de Barú.
Bender murió al recibir un balazo en la cabeza. Al momento del disparo, solo se encontraba en la habitación su esposa.
Para el Ministerio Público, la mujer aprovechó que el hombre estaba dormido para dispararle. Empero, Patton en reiteradas ocasiones ha sostenido que su marido se suicidó.
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En un primer juicio, que terminó en enero del 2013, Patton fue absuelta por duda. La Fiscalía impugnó y el asunto generó un nuevo debate que concluyó el 25 de mayo del 2014 con una condena a 22 años de prisión para Patton. En esta ocasión la defensa apeló y hubo un tercer juicio, que concluyó el 7 de setiembre del 2015, de nuevo con una resolución que exoneró a la mujer del asesinato.
"Esta es una clara evidencia de persecución fiscal"
Fabio Oconitrillo Tenorio, abogado defensor de Patton, manifestó: "No me toma por sorpresa esta decisión, después de haber estado con ella en los juicios en los últimos siete años, en donde ha pasado absolutamente de todo, pero podría resumirlo: esta es una clara evidencia de una persecución fiscal (...). En el fondo no hay un fundamento comprensible y lógico por el cual (el Tribunal de Apelación) anula la absolutoria".
Agregó que la única conclusión razonable es que quieren seguir con la misma discusión "no sé cuántas veces. Costa Rica sale galardonado como uno de los países que lleva a una persona cuatro veces a juicio por el mismo hecho", comentó.
Y es que, precisamente, desde el 2010 quedó un vacío legal que le permite al Ministerio Público impugnar las veces que quiera las sentencias absolutorias.
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Eso fue cuestionado por la jefatura de la Defensa Pública y otros abogados particulares, lo que obligó a los Tribunales de Apelación de Sentencia a pedir aclaraciones a la Sala Tercera.
Además, en abril del año anterior, la jefa de los defensores públicos, Marta Iris Muñoz, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma del Código Procesal Penal (CPP) que le permite al Ministerio Público apelar los fallos absolutorios las veces que quiera. Hasta este lunes se desconocía si los magistrados habían resuelto esa gestión.
